Economía.- El Congreso pide medidas para ampliar el parque público de vivienda en alquiler

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Europa Press | 25 mar, 2021

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Congreso de los Diputados ha reclamado este jueves medidas para ampliar el parque público de vivienda en alquiler con más inversión de las administraciones, un plan de rehabilitación, programas de cesión de viviendas y planes específicos para colectivos vulnerables.

Todo ello recogido en una proposición no de ley de Unidas Podemos pactada finalmente con Esquerra Republicana en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para exigir el respeto a las competencias exclusivas en materia de vivienda de aquellas comunidades que las ostenten.

La propuesta ha sido aprobada con votos del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y EH-Bildu, mientras que el PP, Ciudadanos y Foro Asturias han votado en contra. Vox, el PNV y el PDeCAT han optado por la abstención. Estas dos últimas formaciones han cuestionado que la iniciativa pudiera suponer una vulneración de competencias autonómicas.

LA INICIATIVA NO INCLUYE EL CONTROL DE PRECIOS

La propuesta de Unidas Podemos no incluía la intervención de los precios del alquiler, más allá de una mención en el punto dedicado al programa de rehabilitación de vivienda para su puesta en alquiler, pidiendo "incluir el análisis de controles públicos del precio de los alquileres de las viviendas movilizadas durante determinado plazo".

El socialista Vicent Manuel Sarrià ha reiterado en todo caso que la apuesta del Ministerio de Transportes pasa por incentivos fiscales como opción para contener los precios, si bien ha dicho que la nueva Ley de Vivienda será fruto del acuerdo en el Gobierno de coalición.

Garrido ha recordado que el Congreso ya aprobó una moción con el control de precios del alquiler, y en esta ocasión ha evitado incluirlo en su iniciativa. Y es que ERC había propuesto al grupo confederal en sendas enmiendas intervenir el mercado para fijar limitaciones máximas e impedir subidas abusivas y facultar a las comunidades para establecer limitaciones "más restrictivas" que las de la Administración General del Estado.

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