Economía.- CC.OO. recuerda que el paro de transportistas no es una huelga y no incluye a asalariados ni piquetes

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

CC.OO. ha recordado que el paro patronal indefinido de transportistas convocado a partir del próximo lunes no es una huelga y, por lo tanto, no tiene la cobertura legal para organizar piquetes informativos ni permite que los camioneros asalariados puedan parar.

Por ello, el sindicato, como ya han hecho las principales organizaciones empresariales de transportistas, ha pedido al Gobierno que el Ministerio del Interior, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, garantice que no se vayan a producir las agresiones ni las actuaciones violentas que se vieron en el paro del pasado mes de marzo contra los camioneros empleados.

CC.OO. ha lamentado que esta nueva convocatoria de paro ha vuelto a generar confusión, al entender que la "práctica totalidad de medios de comunicación" están denominando huelga a una iniciativa de cese de actividad o paro patronal.

"En esta ocasión, la tergiversación del lenguaje ya es a propósito, un mensaje malintencionado que confunde a las personas trabajadoras del sector y a la sociedad en general", ha denunciado el sindicato.

Respecto a los argumentos para convocar este paro, CC.OO. ha considerado que son "legítimos pero desproporcionados", puesto que la ley que prohíbe trabajar a pérdidas contó con el visto bueno de la plataforma convocante y que solo tiene dos meses de recorrido.

"No es razonable convertir un problema de incumplimiento de la legalidad por parte de los cargadores en un paro general contra la sociedad española. Además de tratar de arrastrar a todo un sector, incluidos los agricultores y ganaderos, en lugar de plantear medidas de acción contra los cargadores que no cumplen la ley", ha manifestado.

Para el sindicato, existen otros muchos problemas en el sector que se deben abordar a través de una mesa social como la atomización, la competencia desleal, los falsos autónomos, la carga y la descarga, el futuro de la profesión, la jubilación anticipada, las enfermedades profesionales, la seguridad vial, el 'dumping' social, el fraude salarial o la transición energética.