Directivo de BBVA: FG se reunió con la Policía antes de la denuncia anónima a Ausbanc

Eduardo Ortega, director de los servicios jurídicos contenciosos del BBVA, situó al expresidente del banco Francisco González en una reunión en el complejo de la Policía Nacional de Canillas, en Madrid, tras la cual se decidió redactar la denuncia contra Ausbanc y su presidente, Luis Pineda.

Fue Ortega el que habría redactado la denuncia, se la habría entregado después al que fuera jefe de seguridad del banco Julio Corrochano, quien a su vez se la habría dado al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo para que la presentara en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Así lo refleja un informe de la Fiscalía Anticorrupción de noviembre de 2019 incorporado al sumario de la pieza 9 del caso Tándem, al que ha tenido acceso parcialmente Europa Press, y que investiga los encargos que habría hecho el BBVA al comisario jubilado y en prisión provisional Villarejo a lo largo de 13 años.

Sin embargo, González, a lo largo de su interrogatorio con el juez y los fiscales, explicó que acudió a una comida con la cúpula de la Policía en enero de 2015 "por invitación del director general de la Policía", en el momento Ignacio Cosidó, y que se trató de "un almuerzo institucional" en el que González ofreció "los servicios tecnológicos del banco", según informa El Confidencial. Hubo un segundo almuerzo al que González no tenía "ninguna gana de ir", según su declaración, pero lo hizo.

En este informe de Anticorrupción, además de otros proyectos del comisario para el citado banco, se resume el llamado 'proyecto Pin', encargado en septiembre de 2012 y cuyo objeto era la "defensa del banco frente a la campaña de desacreditación y presión judicial y extrajudicial" desarrollada Ausbanc frente a BBVA, tal y como lo define la propia entidad.

CONTRATO "EMINENTEMENTE ILÍCITO"

Según los fiscales del caso, el banco no hizo contrato por escrito de este proyecto específico y "dado su carácter eminentemente ilícito y especialmente confidencial, pudiera inferirse que los pagos relativos al desarrollo del mismo se habrían canalizado" a través de alguna de las facturas relacionadas con otros proyectos.

Así, los investigadores han constatado "múltiples documentos relacionados con la obtención de información con vulneración de derechos fundamentales de Luis Pineda y su familia y las actividades de Ausbanc, como tráficos de llamadas y análisis de cuentas corrientes,abarcando varios años".

GONZÁLEZ, SUPERVISOR DEL PROYECTO

Los directivos del BBVA que "supervisaban" el desarrollo del 'proyecto Pin' fueron los entonces jefe de seguridad Julio Corrochano, los servicios jurídicos a través de Eduardo Arbizu, José María García Crespo y Eduardo Ortega, así como el presidente del banco Francisco González.

En este contexto, Anticorrupción destaca en su informe que Ortega describió en un documento denominado 'Relatorio' su participación junto a González "en un almuerzo en el complejo policial de Canillas el día 7 de enero de 2015 junto a la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía, tras la cual se decidió la redacción de una denuncia que se interpondría de forma anónima contra Ausbanc ante UDEF para proceder a la investigación de dicha asociación".

El complejo de Canillas, que ocupa una vasta extensión en la que se concentran decenas de edificios protegidos por fuertes medidas de seguridad, aglutina departamentos de la Policía Nacional tan importantes como la Comisaría General de Información, la Científica o la propia UDEF, entre otros.

Esa denuncia, según el documento, sería redactada por el propio Ortega, que la habría entregado a Corrochano y éste a su vez a Villarejo, que sería quien la presentaría ante la UDEF. Esto dio lugar a la instrucción que llevó a cabo el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional y que se está juzgando estos días.

Por este caso, Luis Pineda se enfrenta a una petición fiscal de casi 119 años de prisión por presuntos delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo de capitales. Miguel Durán, abogado del acusado, ya ha solicitado la nulidad del procedimiento precisamente por esta pieza 9 del 'caso Tándem'.