Diez años después de la quiebra de CCM, el Estado solo ha recuperado 7.000 de los 100.000 millones del rescate a la banca

Hace justo 10 años, el domingo 29 de marzo de 2009, la ficción de que España tenía el sistema financiero más sólido del mundo saltaba por los aires con la intervención por sorpresa de Caja Castilla-La Mancha (CCM) ante la negativa de Unicaja a absorberla. Fue la primera caja que necesitó ser rescatada y el inicio de un derrumbe en el que 13 entidades necesitaron ayudas públicas, otra más fue resuelta, se creó un banco malo ruinoso (Sareb) y nos costó unos 100.000 millones (2.175 euros por español), de los que solo se han recuperado 7.000.

Aquel domingo de hace 10 años, el pánico se apoderó del Gobierno de Zapatero, del sector financiero y de los inversores internacionales. El Banco de España tenía que que intervenir la primera entidad víctima de la crisis. El Consejo de Ministros se tuvo que reunir de urgencia ese día, porque las anquilosadas leyes de resolución bancaria de aquel entonces así lo exigían.

El gran temor era una fuga masiva de depósitos en CCM, como la que había llevado a la tumba al británico Northern Rock y, años después, acabaría con el Banco Popular. Se consiguió evitar, pero el castillo de naipes construido por el Gobierno y el gobernador del Banco de España (BdE), Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se vino abajo definitivamente.

La entidad que presidía el político socialista Juan Pedro Hernández-Moltó tuvo que ser vendida a toda prisa a Cajastur (hoy Liberbank), en un proceso absolutamente opaco en el que se concedieron grandes ayudas... que a la postre han resultado insuficientes para la entidad que preside Manuel Menéndez la magnitud del agujero.

Esta crisis -que fue la gota que colmó el vaso de Pedro Solbes, que dimitió poco después- provenía de la enorme burbuja inmobiliaria y de crédito de la década anterior, agravada por el control político de las cajas, la relajación del control de riesgos y la inacción del BdE. E hizo patente la necesidad de crear un sistema ordenado para rescatar entidades insolventes. Porque CCM no era un caso aislado, en contra de lo que dijo entonces la nueva ministra de Economía, Elena Salgado. Nació así en junio el FROB (Fondo de Resolución Ordenada Bancaria), el fondo de rescate público español.

CAJASUR, LAS FUSIONE, LA CATÁSTROFE Y EL RESCATE

La confirmación de la magnitud del desastre fue la caída de CajaSur en mayo de 2010, primera entidad que subastó el FROB y que fue a parar a BBK (hoy Kutxabank). Para tratar de evitar el tsunami, Salgado y MAFO proponen como fórmula mágica las fusiones de cajas con ayudas del FROB, primero frías (los famosos SIP, Sistemas Institucionales de Protección) y luego calientes.

Algunos presidentes autonómicos se negaron a fusionar "sus" cajas con otras comunidades para no perder poder y crearon engendros como NovaCaixaGalicia (hoy Abanca), Caja España-Duero (Ceiss), Unnim y CatalunyaCaixa. También hubo matrimonios interregionales: BMN, Banca Cívica (donde se metió a la fuerza a Cajasol), Liberbank y, sobre todo, BFA-Bankia, con Caja Madrid y cinco pequeñas cajas regionales, y donde se obligó a incluir a Bancaja

Hubo otro proyecto más, Banco Base entre Liberbank y la alicantina CAM, pero Menéndez se dio cuenta de que era "lo peor de lo peor" (como dijo MAFO) y se echó atrás. La CAM tuvo que ser intervenida en julio de 2011 y vendida por un euro y grandes garantías contra pérdidas futuras al Sabadell. Entre las soluciones privadas hay que incluir la compra de Pastor por Popular y la de Ceiss por Unicaja, que por fin se compró algo después de cinco años de negociaciones con el FROB.

La incapacidad de NCG, CatalunyaCaixa y Unnim para encontrar capital privado hizo que tuvieran que ser nacionalizadas completamente en septiembre de 2011. Fueron vendidas tras el rescate al venezolano Banesco -la primera- y al BBVA -las otras dos-. El siguiente en caer, en noviembre, fue Banco de Valencia, al que su matriz, Bankia, se negó a rescatar. Se la quedó en una subasta exprés también con las mayores ayudas en relación al tamaño CaixaBank, que había adquirido 'a pulmón' Banca Cívica.

Pero Bankia no pudo ser salvada pese a su salida a bolsa, y fue nacionalizada en mayo de 2012. Ante la magnitud del desastre y ante la segunda recesión de la economía, al mes siguiente el FMI obligó al Gobierno de Mariano Rajoy a pedir el rescate para sanear el sistema financiero, que finalmente fue de 41.000 millones.

¿CUÁNTO HA COSTADO DE VERDAD EL RESCATE?

Pero este no es el coste real del rescate. Según el Banco de España, las ayudas públicas en forma de capital (los diferentes programas del FROB) a cada entidad para cubrir sus pérdidas y sanear su balance, incluyendo las concedidas antes y después del rescate de España, ascendieron a 64.098 millones. Este dinero se repartió de la siguiente manera: 24.069 millones para Bankia (incluyendo a BMN, absorbida en 2017), 13.053 para Catalunya Banc, 9.854 para NovaCaixaGalicia (Abanca), 5.498 para Banco de Valencia, 5.249 para la CAM, 1.864 para Liberbank (incluyendo CCM), 1.129 para Ceiss, 977 para Banca Cívica (recibidos antes de su venta), 953 para Unnim, 800 para CajaSur, 407 para Caja3 (hoy en Ibercaja) y 245 para Banco Gallego (hoy en Sabadell).

A esto hay que sumar los EPA (Esquemas de Protección de Activos), garantías contra pérdidas que se concedieron a las entidades sanas para que se quedaran con las quebradas. Es difícil cuantificarlos porque cubren una cantidad máxima en caso de que las carteras (básicamente crédito promotor e inmuebles) llegaran a valer cero. La pérdida esperada por el Banco de España asciende a 11.125 millones. La palma se la lleva el Sabadell con los 6.480 de la CAM, seguido por los 2.475 de CCM y los 1.742 de Unnim. También se concedieron garantías a Ceiss, Catalunya Banc, NovaCaixaGalicia, Banco de Valencia y Banco Gallego.

Pero aquí no acaba la cosa. A cambio del rescate, Bruselas exigió a España crear un banco malo al que se traspasaran los activos tóxicos de las entidades que habían recibido ayudas públicas, Sareb. Y esos activos se traspasaron con un enorme sobreprecio sobre su valor real, algo que esta misma semana ha admitido su presidente, Jaime Echegoyen. Eso ha provocado fuertes pérdidas en los siete primeros años de vida del vehículo y un agujero latente enorme. No se sabe cómo acabará la aventura, pero la Comisión Europea sí cuantificó el sobreprecio pagado en 20.189 millones -más de la mitad de los cuales corresponden a Bankia- y lo consideró ayuda de Estado, es decir, rescate.

Por último, hay que contabilizar una serie de garantías como créditos fiscales a CAM, Banco Gallego y Banco de Valencia, así como garantías contra litigios (sobre todo por las preferentes) a Abanca y a Unicaja, por un importe total de 4.024. Si sumamos todos los conceptos, llegamos a un total de 99.436 millones, y eso siempre que las pérdidas reales de los EPA no superen las expectativas actuales y que Sareb logre frenar su sangría.

¿Y CUÁNTO SE VA A RECUPERAR?

Frente a ese dineral, el Estado solo ha recuperado hasta ahora 7.272 millones: el grueso, 2.122, proviene de las colocaciones en bolsa de Bankia (1.304 por el 7,5% en 2014 y 818 por otro 7% en 2017), seguido por 977 de banca Cívica devueltos por CaixaBank y cerca de 800 en los casos de Catalunya Banc y Abanca. El Banco de España estima que es posible recuperar otros 7.735 en Bankia, lo que arrojaría un máximo posible de 15.007 millones, apenas el 15% del total del rescate.