Díaz Ferrán declara como imputado en la Audiencia Nacional por apropiarse 417 millones de Aerolíneas Argentinas

El juez Andreu interrogará al exjefe de la patronal por posibles delitos de malversación y falsedad documental

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Europa Press | 24 sep, 2015

Actualizado : 08:08

El expresidente de la CEOE Gerardo Diaz Ferrán declarará este jueves, en calidad de imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, en el marco de la causa en la que investiga la presunta apropiación indebida por parte de Air Comet de 417 millones de euros de Aerolíneas Argentinas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Andreu ha llamado a declarar al ex jefe de la patronal y al consejero delegado de Air Comet Antonio Mata tras imputarles por delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y falsedad documental a raíz de la querella interpuesta por la compañía de bandera contra ellos y contra Air Comet como persona jurídica.

"En total se realizaron tres pagos por la SEPI, el primero de ellos ya enjuiciado, siendo los otros dos pagos el objeto de la querella", recoge el auto

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El magistrado escuchará a los acusados tras haber señalado desde el lunes la comparecencia como testigos de los administradores concursales de Air Comet Luis Arqued Alsina, Luis López-Sierra y Mariano Hernández, del ex director financiero de la compañía Antonio Martínez Llerandi y de tres representantes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El juez, que admitió el pasado marzo la querella de la aerolínea estatal de Argentina, acordó entonces tomar declaración a Pablo Olivera, Juan Gurbindo y Juan Massó, que ocupaban, respectivamente, los cargos de vicepresidente, director general y director de Administración y Recursos de la SEPI, a la que solicitó el contrato de compra-venta de las acciones de Interinvest, participada mayoritariamente por Aerolíneas Argentinas, suscrito el 2 de octubre de 2011.

QUERELLA DE AEROLÍNEAS

Los querellantes acusaron a Díaz Ferrán y su exsocio Antonio Mata de apropiarse presuntamente de 453 millones de dólares (417,89 millones de euros) que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entregó en 2001 a su compañía, Air Comet, para que los destinara a la "implantación de un plan industrial" en la recién adquirida Aerolíneas Argentinas.

En su opinión, lejos de poner en marcha el plan industrial y de destinar el dinero de la SEPI en el pago de responsabilidades por contingencias, los querellados "hicieron suyas dichas cantidades mediante una operación de compensación de deudas con otras cantidades que Air Comet adeudaba a Aerolíneas Argentinas, a través de cuentas corrientes mercantiles que existían entre ambas empresas que formaban parte del denominado Grupo Marsans".

"A efectos contables y con el fin de justificar ante el Tribunal de Cuentas el destino" para el que les habían sido entregadas las ayudas, que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros, los querellados presentaron "varias certificaciones de auditor" elaboradas por la firma Price Waterhouse Coopers.

Aerolíneas Argentinas recordó que la Audiencia Nacional condenó en diciembre de 2013 a Díaz Ferrán a dos años y dos meses de cárcel por un delito fiscal cometido en esta operación aunque señaló que la causa únicamente se centró en una ayuda de la SEPI de 319 millones de dólares para el pago de pasivos.

"Es decir, en total se realizaron tres pagos por la SEPI, el primero de ellos ya enjuiciado, siendo los otros dos pagos el objeto de la querella", recoge el auto antes de apuntar que los querellantes disponen ahora de documentación de la que carecían en el anterior procedimiento seguido contra Díaz Ferrán, quien a principios de septiembre fue condenado por el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans tras aceptar una pena de cinco años y medio de cárcel.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 reclamó además a Price Waterhouse Coopers que facilite las certificaciones de auditoría que emitió para acreditar el destino de los 248 millones de dólares entregados a Air Comet para la ejecución del plan industrial, así como del destino de 205 millones de dólares para ajustes del balance de transferencia, prevista todas ellas en el citado contrato de compra-venta.

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