Deloitte otorgó a Popular un valor negativo de 2.000 millones de euros

La consultora Deloitte otorgó a Banco Popular un valor negativo de 2.000 millones de euros al valorar la entidad española presidida por Emilio Saracho para su posible venta.

Es una de las principales conclusiones del polémico informe que precipitó la intervención del banco español y su posterior venta a Banco Santander por un euro, según ha publicado este viernes la Junta Única de Resolución bancaria europea (JUR).

No obstante, la JUR, conocida en inglés como SRB (Single Resolution Board), explica en primer lugar que se trata de la "versión no confidencial de los documentos relacionados con la resolución de Banco Popular".

En el informe de valoración realizado por Deloitte, se otorga un valor a Popular que oscila entre los 1.300 millones de euros positivos y los 8.200 millones de euros negativos, aunque "la mejor estimación" corresponde a los mencionados 2.000 millones de euros negativos. Este fue el valor que se utilizó como referencia para recabar ofertas por Popular, y que finalmente resultó en la adjudicación a Santander por un euro.

Para llegar a esta valoración, Deloitte valoró las pérdidas por préstamos de Popular entre 2.700 y 7.000 millones de euros; las pérdidas por activos inmobiliarios entre 2.600 y 3.400 millones y las pérdidas por activos intangibles entre 2.200 y 2.600 millones. En total, los ajustes calculados para la entidad oscilaron entre los 11.800 y 20.600 millones de euros.

Como contrapartida, el valor del patrimonio consolidado de Popular fue calculado en 10.800 millones de euros, a los que se sumaron un cálculo de ahorro de costes para el posible comprador que osciló entre 2.300 y 1.600 millones, lo que arroja el resultado final de la valoración de 1.300 millones de euros positivos hasta 8.200 millones negativos.

POCO TIEMPO PARA DELOITTE

Los documentos publicados por la JUR también muestran que Deloitte tuvo que elaborar el informe sobre la valoración de la entidad que desembocó en su resolución en un periodo de tiempo "extremadamente corto", según expresa la propia auditora en dicho documento.

Deloitte explica que el trabajo "principal" del mismo se desarrolló a lo largo de doce días desde la fecha en la que tuvo acceso a la "información relevante", al mismo tiempo que señala que el tiempo necesario para "un proyecto de esta naturaleza" lleva "al menos seis semanas".

En consecuencia, la auditora y la institución comunitaria presidida por Elke König acordaron, el 28 de mayo de 2017, priorizar la revisión de la información disponible poniendo el foco "únicamente en los activos y pasivos clave en los que existe una incertidumbre considerable en su valoración".

Por tanto, Deloitte señala que no tuvo acceso a "cierta información crítica" y advierte de que el informe cuenta con un "alto grado de incertidumbre" y es "provisional". La firma también explica que la mayoría de la información de la que disponía eran datos correspondientes al 31 de marzo de 2017.