La CNMV pide a Sánchez que no endurezca el gobierno corporativo
El presidente del organismo considera "excesivo" ampliar al 10% el límite para ser consejero independiente
Actualizado : 12:19
Sebastián Albella, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), rechaza que el nuevo Ejecutivo endurezca más la norma del gobierno corporativo. Albella ha señalado que no es momento de grandes reformas estructurales en el ámbito corporativo, porque las últimas están recientes.
El presidente del regulador considera que la Ley de Sociedades de Capital, que se introdujo en 2014 y que está centrada en temas de gobierno corporativo, es "demasiado reciente". También se ha referido al código de buen gobierno que se hizo en 2015. "Creo que la estabilidad normativa es un valor relevante y que es preciso dejar que las normas estén vigentes un mínimo de tiempo para extraer enseñanzas y que se produzca el efecto que se quiere con ellas", ha argumentado Albella.
Así ha insistido en que "hay que dejar que las normas estén puestas un mínimo de tiempo para que consigan por lo que están hechas". Sebastián Albella ha participado en el VI Foro del Consejero, organizado por KPMG, en el que se ha debatido la figura de los consejeros en el gobierno corporativo.
Por otro lado, durante su intervención, el presidente del supervisor ha apuntado que aumentar del 3% al 10% el límite de participación accionarial a partir del cual los consejeros dominicales pierden la condición de independientes, como sucede en otros países, es "excesivo". Por lo que ha apuntado que deberían manejarse porcentajes inferiores y diferentes en función del tamaño de las compañías.
Albella: "Hay que dejar que las normas estén puestas un mínimo de tiempo para que consigan por lo que están hechas"
Ante ello, Albella ha explicado que la CNMV está analizando la equiparación de la condición de los consejeros microdominicales a la de los independientes. En España, los consejeros dominicales pierden la consideración de independientes al poseer más del 3% del capital de la compañía, frente al 10% que establece la mayoría de inversores institucionales en otros países.
En concreto, Albella cree que la figura del consejero microdominical no debería "equipararse sin más a la del consejero independiente", sino que podría "abrirse la puerta" a que pudiesen actuar como consejeros coordinadores o permitirles optar a la presidencia del comité de nombramientos y de retribuciones.
Al hilo de los consejeros independientes, Sebastián Albella ha apuntado que los consejeros independientes que se sientan "inquietados o perturbados" a acudir al supervisor en busca de amparo. Según ha explicado Albella, la CNMV tiene potestad para aclarar situaciones y puede ejercer una función de 'naming and shaming' que considera que puede ser "muy útil" como mecanismo de amparo de la independencia de estos consejeros. "Animamos a los consejeros independientes que se sientan inquietados o perturbados en su función a acudir a la CNMV", ha señalado.
GUÍA TÉCNICA SOBRE COMISIONES Y RETRIBUCIONES
Albella también ha anunciado que la CNMV está trabajando en la realización de una guía técnica sobre comisiones y retribuciones. Tal y como ha señalado el pasado 12 de junio, la Comisión aprobó una circular -que está pendiente de publicar en el BOE- que modifica los modelos de informe anual de gobierno corporativo de empresas cotizadas y otros emisores y el de remuneraciones sólo de cotizadas, que entre otros aspectos, les permite escoger el formato que prefieran.
Con ello, flexibiliza el modo en el que las empresas organizan y estructuran la información que están obligadas a proporcionar a accionistas, inversores institucionales, asesores de voto y otros grupos de interés. Las sociedades que lo deseen podrán presentar los informes en formato libre, cuyo contenido deberá respetar el contenido mínimo que establezca la legislación, acompañados de apéndices estadísticos.
Además, la norma obliga a informar detalladamente de los motivos y circunstancias de las bajas de consejeros, y de las propuestas sometidas a la junta general de accionistas que no hayan sido aprobadas y, cuando se aborden los riesgos que afecten al negocio, se deben especificar los relacionados con la corrupción.