Calma tensa en BBVA a la espera de que el banco declare por el caso Villarejo

El caso BBVA-Villarejo va a reactivarse esta semana con la esperada declaración de la entidad como persona jurídica imputada, que se producirá el próximo jueves. Mientras llega el momento, una calma tensa reina en el entorno del banco, que por el momento no ha registrado ningún impacto negativo en su negocio por su vinculación con Grupo Cenyt, la empresa del excomisario de Policía José Manuel Villarejo, ahora bajo investigación judicial. Desde la entidad guardan silencio sobre lo que pueda pasar el jueves.

Lo hacen hasta el más alto nivel, el que ocupa su presidente, Carlos Torres. El pasado viernes, cuando participó en una de las ponencias del South Summit, encuentro celebrado en Madrid, respondía a los periodistas que le preguntaron por esta cuestión que prefería guardar silencio en relación con este tema. Lo hacía con una actitud tranquila.

Los trabajadores, por su parte, también se mantienen calmados en relación con las posibles derivadas que traiga el interrogatorio al que se someterá el jueves la entidad. Si bien los empleados son conscientes de que cualquier acontecimiento que implique al banco les afecta a ellos, fuentes de la plantilla explican que mientras el tema no derive en un conflicto laboral no existirá un gran inquietud.

De hecho, en estos momentos centra más la atención de los trabajadores la puesta en marcha del registro de jornada, sobre el que los sindicatos CCOO, ACB y UGT y la dirección llegaron a un acuerdo hace diez días. Es la primera entidad que llega a un acuerdo de este tipo sobre el registro de jornada, un tema que es objeto de debate en la negociación de los convenios de banca que deben ser renovados este año.

“La plantilla está tranquila”, confirman otras fuentes, que añaden que la percepción de los empleados es que este tema “a día de hoy, no está afectando al negocio”. Así, los trabajadores del banco, que son los que viven, ajenos a la cuestión judicial, el día a día de la entidad, coinciden con el banco al constatar que el estallido del caso no está implicando una salida de clientes. Su consejero delegado, Onur Genç, reconocía hace un par de meses que el tema impacta a BBVA, pero solo en cuanto a su reputación, al menos de momento.

No obstante, el número dos de Carlos Torres abría la puerta ante los medios a que la plantilla y los clientes del banco se inquieten en algún momento. "No nos gusta aparecer en los medios por algo así y claro que va a impactar en los empleados y clientes, pero no hemos identificado un impacto directo en el negocio", destacó entonces.

REPRESENTADO POR EL SERVICIO JURÍDICO

No será hasta el jueves cuando el juez conozca de primera mano la versión del banco sobre todos estos acontecimientos. Manuel García Castellón, el juez instructor, decidió imputar al banco como persona jurídica tras pedirlo la Fiscalía, que había detectado, entre otras cosas, algunas prácticas cuestionables por parte de algunos empleados. Concretamente, sospechaba que algunos directivos de BBVA cobraron "dádivas" por parte de Grupo Cenyt para mediar en su contratación, que se extendió entre los años 2004 y 2017.

BBVA deberá dar explicaciones después de haber remitido al juez los hallazgos “relevantes” derivados de la auditoría forensic que el banco encargó hace meses a PwC, Uría Menéndez y Garrigues. Lo hará a través de Adolfo Fraguas, el director de los Servicios Jurídicos de BBVA España, según adelantó El Confidencial y ha podido confirmar Bolsamanía. Será él quien tenga que someterse a las preguntas del magistrado y de los fiscales, si es que el banco decide declarar y no guardar silencio, como han hecho los directivos de BBVA que han desfilado ante el juez. Esta práctica tiene sentido, dado que la causa penal se encuentra aún bajo secreto de sumario, como explican fuentes jurídicas.

BÉJAR, EL DÍSCOLO

Solamente un directivo de BBVA decidió salirse de esta línea y hablar delante del juez: Antonio Béjar. En su primera declaración lo hizo contestando solamente a las preguntas de su abogado, aunque se vio obligado a someterse a un interrogatorio de nuevo cuando García Castellón lo cito en dos ocasiones más. Lo hizo después de que el diario El País publicara que en Distrito Castellana Norte (DCN), la empresa encargada de ejecutar la Operación Chamartín, había, presuntamente, destruido el pasado mes de junio varios discos duros relacionados con el caso.

Béjar, que en ese momento era presidente de esta compañía, participada por BBVA y la constructora San José, acudió a la llamada del juez el pasado 26 de julio y tras declarar la Fiscalía solicitó al magistrado que le impusiera libertad bajo fianza de 500.000 euros. Fue entonces cuando BBVA decidió relevarle de la presidencia de DCN, de forma que volvió a incorporarse a las filas de la entidad.

Sin embargo, tan solo dos días después (el lunes siguiente), después de que Béjar declarara de nuevo ante el juez, el entonces empleado de BBVA manifestó su intención de colaborar con la Justicia y la Fiscalía retiró la petición de prisión para él. Un par de meses más tarde, BBVA, al que se había incorporado Béjar tras su cese en la presidencia de DCN, decidió despedir al directivo después de conocer los resultados de la auditoría forensic.