Revés a Nadal: Bruselas investiga a España por las ayudas millonarias al carbón en la producción eléctrica

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha encontrado este lunes con una noticia que no esperaba. La Comisión Europea ha decidido abrir una investigación "en profundidad" sobre el régimen de ayudas de España a centrales de carbón por reducir emisiones contaminantes. Se trata de ayudas que el Estado ha concedido desde 2007 a catorce plantas, y que suman un monto total de 440 millones de euros. Bruselas teme que estos incentivos se usaran para cumplir objetivos medioambientales que eran obligatorios de todas formas, y pretende aclarar la situación.

Las autoridades españolas introdujeron hace diez años un sistema de incentivos para apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre en centrales de carbón existentes. El objetivo era reducir las emisiones de este compuesto por debajo de determinados límites, algo que de conseguirse otorgaba a las centrales de carbón el derecho a recibir ayudas públicas durante una década, y cuya cuantía se fijaba en consonancia con el tamaño de la propia central.

Desde 2007 se han acogido a este esquema un total de catorce centrales de carbón, y el Gobierno prevé seguir realizando pagos hasta 2020

Desde 2007 se han acogido a este esquema un total de catorce centrales de carbón, que han recibido más de 440 millones de euros en concepto de ayudas públicas. Y el plan prevé que se sigan realizando pagos hasta 2020. Aunque la Comisión Europea no está contenta con estas medidas, y así de claro lo ha dejado en el comunicado en el que explica las razones que han llevado a iniciar la mencionada investigación, del que se hace eco Europa Press.

En concreto, el Ejecutivo comunitario sospecha que los límites de emisión impuestos a los beneficiarios del régimen simplemente dieron cumplimiento a las normas obligatorias de la Unión Europea en materia medioambiental aplicables entonces a las centrales de carbón. De ser así, remarca Bruselas, significaría que el régimen "no habría tenido, en realidad, ningún efecto incentivador", sino que únicamente habría servido para reducir las emisiones hasta los niveles exigidos y de obligado cumplimiento.

¿VULNERACIÓN DE LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA?

Y por si eso fuese poco, además España tendrá que responder también a las dudas de la Comisión Europea sobre una posible vulneración de la legislación comunitaria. En concreto, Bruselas sospecha que las ayudas concedidas por el Gobierno en los últimos años al carbón podrían haber violado el principio "fundamentado" de la legislación europea sobre ayudas de Estado, por el cual los Estados miembros "no pueden conceder ayudas estatales a las empresas para que cumplan con las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente".

El Ejecutivo comunitario ha remarcado que, de ser ciertas estas sospechas, el sistema de incentivos conferiría a las centrales de carbón una ventaja competitiva desleal con respecto a otras formas de producción de electricidad y a las centrales de carbón de otros países de la Unión Europea. Aunque este punto está por determinar, por lo que Bruselas se ha empeñado en dejar claro que el objetivo de esta investigación es determinar si sus dudas iniciales están justificadas, al tiempo que se "brinda a España y a terceros interesados la oportunidad de presentar sus observaciones, sin prejuicio del resultado de la investigación".

"Si contaminas, pagas: este es un principio largamente fundamentado en la legislación medioambiental de la UE. Creemos actualmente que este régimen español no incentivó a las centrales de carbón para que redujeran las perjudiciales emisiones de óxido de azufre. Por lo tanto, tememos que el apoyo dado a esas centrales de carbón les confirió una ventaja competitiva desleal. Ahora examinaremos esta cuestión con más detalle", ha apuntado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

La Comisión Europea ha anunciado esta investigación tres días después de confirmar que está analizando la compatibilidad del real decreto que el Gobierno quiere aprobar para evitar el cierre de centrales eléctricas con las normas europeas en materia energética. Aunque posteriormente el Ejecutivo comunitario ha negado en una rueda de prensa que la decisión esté relacionada con este hecho. "No, la decisión es sobre un esquema específico en España que hemos investigado en el curso de la investigación sobre mecanismos de capacidad", ha señalado el portavoz de Competencia, Ricardo Cardoso.

Precisamente este asunto ha llevado al Ejecutivo de Mariano Rajoy a protagonizar un tenso rifirrafe con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, quien está dispuesto a cerrar las dos centrales de carbón que aún tiene abiertas la compañía, y que no ha podido hacerlo por la negativa del Gobierno, que se escuda en que son rentables y que puede optar por otras soluciones, como venderlas.

Sin embargo, tras conocerse la investigación de Bruselas, Sánchez Galán ha reafirmado que la eléctrica que preside abandonará el carbón en 2020 para reducir sus emisiones en un 50% para 2030. Tras conocerse esta noticia, los títulos de Iberdrola han subido más de un 1,6% en Bolsa.

España se defiende: el sistema de ayudas es "respetuoso" con las regulaciones de la Unión Europea

ESPAÑA SE DEFIENDE

El Gobierno español no ha tardado en salir a defender su postura, asegurando que el sistema de ayudas no sólo es "respetuoso" con las regulaciones de la Unión Europea, sino que además no tenía la consideración de ayudas públicas cuando fue puesto en marcha, en 2007. Así lo han explicado fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital citadas por Europa Press, que han recordado que estas ayudas se financian a cargo del sistema y no con presupuestos, y subrayan que cuando se constituyeron "no entraban en la definición de ayuda pública".

Asimismo, desde el departamento que dirige Álvaro Nadal insisten en que el sistema de ayudas era "respetuoso" con las regulaciones de la UE y con las prácticas habituales en el momento en que se puso en marcha, y han subrayado también que la Comisión Europea conoce este esquema, que ya está cerrado y termina en 2020, desde hace años y "nunca ha dicho nada hasta ahora". Pese a ello, estas fuentes reconocen que España está dispuesta a colaborar con el procedimiento para que se preserve la confianza legítima con la que se activó en su día.