Bankia, Popular y Ausbanc: temporada de otoño en tribunales para los banqueros

Los bancos van a estar muy entretenidos este otoño con sus causas judiciales. A partir de septiembre se solaparán varios procesos de mucha relevancia para el sector, como son el final del juicio oral del caso Bankia, la causa penal de Popular y el pleito por la presunta extorsión de los dirigentes de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc). Todo mientras se desarrolla la instrucción del caso BBVA-Villarejo y se van conociendo algunas resoluciones relacionadas con estos procesos, como la relativa a la batalla judicial entre Santander y el expresidente de Popular Ángel Ron por su bonus.

Al juicio oral por la salida a bolsa de Bankia le quedan pocas sesiones. Una vez terminadas las defensas de los acusados y la ronda de testificales, es turno de los peritos (los judiciales y los propuestos por las partes), que deberán declarar durante las seis jornadas que se celebrarán en junio, las seis de julio y las nueve de septiembre. Una vez concluidas, el caso quedará visto para sentencia.

En este caso hay más de una treintena de enjuiciados, entre los que se encuentran el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, el exvicepresidente de la entidad y expresidente de Bancaja José Luis Olivas, el exconsejero delegado Francisco Verdú y el exconsejero José Manuel Fernández Norniella. Todos los encausados son o fueron directivos o consejeros de Bankia, BFA y Deloitte, la auditora de la entidad en 2011 y 2012, pero nadie perteneciente a las autoridades está sentado en el banquillo.

Este juicio debía haber finalizado en junio, pero varias cuestiones, entre ellas una enfermedad de la fiscal Carmen Launa, han obligado a alargar el proceso.

Y, precisamente, esta demora en el juicio de Bankia ha obligado al juez instructor de la causa penal que investiga la ampliación de capital de Popular de 2016 lanzada por el equipo de Ángel Ron y la publicación de informaciones supuestamente falsas para minar el precio de la acción bajo la presidencia de Emilio Saracho a dejar las declaraciones de los investigados para octubre.

ALGUNOS ABOGADOS COMPARTEN CAUSAS

La razón es que algunos de los abogados de las defensas del caso Bankia también están presentes en la causa penal de Popular, por lo que les resulta incompatible trabajar en ambos casos si las declaraciones se solapan. José Luis Calama Teixeira, el juez instructor del caso Popular, ha accedido a su petición.

También llegará tras el verano, previsiblemente, la sentencia sobre la demanda que Santander interpuso contra Ángel Ron (y, subordinadamente, contra Mapfre) por el bonus que pactó a su salida de Popular, que se encuentra congelado y que asciende a 12,8 millones de euros. Ya se ha celebrado la vista oral del caso, que se encuentra visto para sentencia.

En todo caso, la tercera causa penal que sufrirá el sector financiero en el otoño será la que investiga la presunta extorsión en medios de comunicación llevada a cabo por Luis Pineda y Miguel Bernad, dirigentes de Ausbanc y Manos Limpias, respectivamente, contra empresas, bancos y asociaciones. El juicio comenzará el 23 de septiembre y se prolongará, en principio, hasta el 11 de octubre.

Entretanto, el caso del presunto espionaje de BBVA a empresarios, autoridades y periodistas a través de Grupo Cenyt, la empresa del excomisario de Policía José Manuel Villarejo, sigue su curso en fase de instrucción a la espera del resultado de la investigación judicial sobre los acontecimientos.

EL IRPH, TAMBIÉN DESPUÉS DEL VERANO

A estos procesos judiciales hay que sumarles otro que trasciende el ámbito nacional, pero que puede derivar en un aumento de litigios para las entidades. Se trata del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la conveniencia de anular o no el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).

Hace algunas semanas, el Banco de España ya advertía a las entidades de que deben ir sopesando en qué medida les afectará esta resolución, que si es desfavorable para ellas puede derivar en un impacto de entre 3.400 millones y 44.000 millones. El pronunciamiento del TJUE vendrá después del emitido por el Abogado General de este tribunal, previsto para el 10 de septiembre.