La Audiencia Nacional obliga a la CNMV a subir la opa de FCC a Portland

La Audiencia Nacional ha dado un tirón de orejas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a la que obliga a subir el precio de la opa de exclusión que FCC lanzó en 2016 sobre Cementos Portland. Era de 6 euros, pero el tribunal considera que no es equitativo e insta al supervisor bursátil a recalcularlo a 10,29 euros.

En una sentencia, de la que se hace eco el diario Expansión, la Audiencia critica el trabajo realizado por los supervisores de la CNMV en esta operación. El regulador autorizó en diciembre de 2016 la mencionada opa de exclusión de las acciones de Portland, operación que se había presentado el mes de julio de ese año y que fue admitida a trámite en agosto. FCC era entonces titular, de forma directa e indirecta, de 40.357.460 acciones de Cementos Portland Valderrivas, representativas del 77,93% de su capital social.

Aunque la operación no convenció a todos, sobre todo por su precio, por lo que poco después algunos accionistas minoritarios presentaron ante la Audiencia Nacional un recurso en el que pedían que se revisase el caso a fondo. Ese recurso es el que ahora ha estimado la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo, y que anula el precio equitativo de 6 euros por acción aprobado por la CNMV, forzando al organismo que presiden Sebastián Albella a recalcular el valor. En la práctica, eso supondrá elevar la oferta a 10,29 euros por título, cuatro euros más que lo pagado por FCC hace tres años.

El precio de 6 euros es, según la sentencia de la Audiencia Nacional, fechada el pasado 5 de abril, "no es equitativo". Y eso que fue Banco Santander el que, en su informe de valoración, determinó el precio equitativo de la opa situándolo entre 4,95 y 5,50 euros por acción, con lo que los 6 euros fijados eran entonces equitativos. No obstante, los jueces creen que "no se justifica por qué no se exigió por la CNMV la utilización del método de valoración del precio equitativo mediante el valor teórico contable, utilizado otras veces y siempre considerado adecuado por la CNMV", recoge Efe.

Fue Banco Santander el que determinó el precio equitativo de la opa, pero la Audiencia Nacional cree que había un conflicto de intereses

Los minoristas que presentaron la demanda tuvieron en cuenta el valor teórico contable, que había sido el empleado por el auditor en las cuentas anuales, y que era de 10,29 euros. Por eso presentaron el recurso, que la Audiencia ha estimado tras detectar un conflicto de intereses al ser Banco Santander el encargado de la valoración, ya que esta entidad era el agente global de la financiación de FCC, avalista de la opa e intermediario y liquidador, por lo que "es razonable" que tuviera especial interés en que el periodo fuera lo más bajo posible, dice la sentencia.

Es más, los magistrados apuntan que negar ese conflicto de interés aduciendo la existencia de departamentos o divisiones distintas en la organización de la gran entidad y que funcionan de modo autónomo, lo que se conoce como "murallas chinas", es negar la evidencia". Y aunque el tribunal recuerda que la ley no prohíbe la prestación de servicios cuando exista conflicto de intereses, sí que remarca que "cuando ese conflicto existe y se demuestra que la actuación llevada a cabo por la entidad prestadora de servicios es discutida y discutible" es preciso invalidar, "por falta de objetividad y equidad", la actuación viciada. Tal y como apunta, eso es lo que debió haber hecho en su momento la CNMV.

La sentencia, que puede ser recurrida en casación en el Tribunal Supremo por FCC, podría suponer a la constructora un sobrecoste millonario. Hay que recordar que en la opa inicial de exclusión destinó unos 60 millones de euros a pagar al 18,07% del capital que aceptó las condiciones económicas de la oferta. Como consecuencia del resultado de la opa, FCC pasó del 80% al 98% de Portland y la excluyó de Bolsa. La sentencia obliga a recalcular el valor, lo que se traducirá para FCC en un sobrecoste de unos 52 millones de euros, según publica Expansión. Actualmente, la constructora controla el 98,5% de la cementera.