Piden 18 años de cárcel y una multa de 10,2 millones para el presidente de Gowex

La Fiscalía Anticorrupción solicita 18 años de prisión y una multa de 10,2 millones de euros para el que fuera presidente del consejo de administración y consejero delegado de 'Let's Gowex' y 'Gowex Wireless', Jenaro García Martín por falsedad en documento mercantil, fraude de inversores, apropiación indebida, fraude a los presupuestos de la Unión Europea y uso de información relevante que afecta a una generalidad de inversores.

El Ministerio Público también acusa a los consejeros de la empresa de WiFi María Florencia Maté y Francisco Manuel Martínez Marugán, para quienes pide 18 y 17 años y medio de cárcel, respectivamente, y al titular de sociedades utilizadas para prácticas presuntamente fraudulentas Ignacio Navarro Alventosa, para quien solicita un año y 10 meses de prisión; y a las dos empresas matrices, Gowex Rireless y Let's Gowex. Con todo, Anticorrupción ha aplicado atenuantes en los tres casos. A García Martín le ha rebajado la solicitud de pena por confesión y reparación del daño, igual que a Maté, que ha visto mermada la petición de condena por reparación parcial o disminución del daño causado. En el caso de Alventosa, solicita la pena inferior en grado para el delito de falsedad en documento mercantil con el concurso de un delito societario continuado.

Según explica la Fiscalía, los tres acusados "idearon y llevaron a efecto la creación de una estructura de negocio basada en aparentar la bondad y credibilidad del proyecto empresarial, sustentado en una cifra de negocio que no respondía a la realidad". Para ello, simularon la existencia de un flujo de operaciones comerciales inexistentes mediante la elaboración de contratos y contabilización de facturas ficticias que no obedecían a prestaciones de servicio o recepción y entrega de mercancías, ni a finalidad comercial alguna, añade.

ACCIONES SOBREVALORADAS, OPERACIONES DE "FICCIÓN"

De este modo, 'inflaron' las magnitudes económicas de la empresa para arrojar un incremento progresivo en cada ejercicio de la cifra de negocio y con esa "ficción creada sobre la realidad económica y solvencia" que se mostraba principalmente a través de sus cuentas, consiguió la confianza de hasta cinco entidades financieras de las que consiguieron crédito.

De hecho, recabaron también la confianza de la Administración Pública. Por resolución de 18 de noviembre de 2011, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de Ministerio de Industria Turismo y Comercio, concedió a Gowex Wireless la financiación de un préstamo de 1,2 millones de euros para un proyecto que habría de reducir la brecha digital en la provincia de Cádiz, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Para lograr la ayuda, unos 132.836 euros de intereses que se ahorraban, presentaron un informe positivo de calificación basado, según el escrito de acusación, "en el análisis de una información contable cuyos datos no se correspondían con la realidad económico y financiera de la sociedad" así como certificaciones de entidades bancarias. En febrero de 2015, la Secretaría de Estado acordó el reintegro total del préstamo e intereses y ante el impago, en octubre procedió a la incautación de las garantías, cinco avales del Banco Español de Crédito.

Ya en 2014 y poco antes de que la analista Gotham City Research destapase que el valor real de los títulos de la empresa era cero euros y que el 90% de sus ventas no existían, los cuatro acusados vendieron acciones obteniendo "cuantiosos beneficios" a sabiendas de que "el precio de la acción estaba sobrevalorado fruto de la información falaz que sus cuentas trasmitían al mercado".

INDEMNIZACIONES MILLONARIAS

En cuanto a las mercantiles, Anticorrupción acusa a Let's Gowex de un delito continuado de fraude de inversores por el que pide una multa de 730.000 euros, mientras para Gowex Wireless pide que la sanción sea de 150.000 euros por un delito de fraude a los presupuestos de la Unión Europea dada la obtención indebida de subvenciones.

Además, los tres principales acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente con más de 22,5 millones de euros a sus damnificados: el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a quien deberán abonar 132.836 euros más intereses de demora; y las entidades Banco de Santander (9,4 millones), Bankinter (3,8 millones), Banca March (7 millones), y TTI Finance Sarl (2 millones), declarándose responsabilidad subsidiaria de las dos mercantiles de Gowex. A Let's Gowex, además, deberán indeminizarla con 3 millones de euros.

En la misma línea, el Ministerio Público pide García Martín, Martínez Marugán, Maté Garabito y Let's Gowex indemnicen conjunta y solidariamente a los titulares de las acciones procedentes de las ampliaciones de capital y a todos aquellos inversores que hayan adquirido acciones en cualquier mercado secundario, en el importe equivalente a la diferencia entre el valor nominal de los títulos y el de adquisición, incluidos los gastos.

La Fiscalía Anticorrupción solicita asimismo que se declare la responsabilidad civil subsidiaria de: Iber Wifi Vizcaya S.L. hasta 44.995 euros y de Gowex La Coruña S.L. hasta 57.799,78 euros a favor de Banco de Santander; de Ideup Desarrollos Tecnológicos S.L hasta 95.198,49 euros a favor de Bankinter; de Iber Wifi Córdoba SL hasta 43.225,72 euros, Iber Wifi Granada SL hasta 25.306,17 euros, y de Iber Wifi Exchange SL e Iber Wifi Meres SL ambas hasta 60.000 euros a favor de Caixabank.