Aluvión de reacciones y críticas contra el impuesto a la banca y las energéticas: de Cepsa a Ana Botín

El Gobierno parece que tiene cada vez más complicado hacer permanente el gravamen

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Bolsamania | 25 oct, 2024

Actualizado : 08:21

Uno de los grandes temas de esta semana que finaliza hoy viernes en las bolsas ha sido el impuesto del Gobierno a los bancos y las energéticas. Parece que se aleja la posibilidad de que se apruebe hacerlo permanente a corto plazo a medida que el Ejecutivo no logra los apoyos políticos necesarios.

Además, también han arreciado las críticas a este impuesto desde múltiples ámbitos. El Instituto Español de Analistas ha publicado un informe en el que advierte de las repercusiones "negativas" de hacerlo permanente. Así, considera que esta medida podría restringir el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Por su parte, la presidenta de Santander, Ana Botín, ha hablado desde Washington y ha criticado el impuesto. En el marco de su participación en la edición de 2024 del Encuentro Anual del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), Botín dijo este jueves que “debe permitirse a las compañías ganar dinero”.

"Por qué nos van a imponer un impuesto bancario sobre los ingresos de un banco, como tenemos en España. Eso va directamente en contra del crecimiento y no va a contribuir a nuestro objetivo común de ayudar a que a la gente le vaya mejor. Así que creo que esta es la diferencia es esa: en Estados Unidos está permitido hacer dinero", afirmó.

La patronal bancaria AEB, junto con la de las antiguas cajas CECA, ha expresado su rechazo a la posibilidad de que el Gobierno convierta en permanente el impuesto extraordinario.

"Es un impuesto que no solo le resta competitividad al sector, sobre todo le resta competitividad y capacidad de crecimiento al conjunto de la economía española. Le resta capacidad de progreso a nuestras familias y nuestras empresas", ha indicado la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, este jueves.

La CEO de Bankinter, Gloria Ortiz, también se manifestó ayer, en la presentación de resultados, en contra del impuesto.

"El impuesto no nos gusta y es discriminatorio, incluso aunque cumpla la normativa. Si consideramos que no se ajusta a la Ley, lo recurriremos porque es nuestra obligación defender los intereses de nuestros accionistas".

'Expansión' publica este viernes que el Consejo de Administración de Cepsa, la segunda petrolera española tras Repsol, ha ordenado a la dirección de la compañía que frene las inversiones en nuevos proyectos de hidrógeno en España y priorice los internacionales hasta que el Gobierno aclare qué ocurre con el impuesto. Así, ha acordado paralizar el emblemático proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno, que Pedro Sánchez presentó personalmente por ser clave para nuestro país.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en la presentación de resultados esta semana, habló del "ruido" y la incertidumbre que todo este proceso está generando y recordó que aún no hay aprobado nada y que, en función de lo que ocurra, cambiarán o no las previsiones que presentarán en el 'Capital Markets Day' que tienen previsto celebrar en otoño de 2025.

La próxima semana presentarán resultados Santander, Unicaja, BBVA, CaixaBank y Sabadell y, a buen seguro, en las ruedas de prensa para desgranar sus cuentas, volverán a referirse a este asunto.

Las críticas contra el impuesto extraordinario del Gobierno a la banca y las energéticas siempre han estado muy presentes, pero la reacción conjunto en contra del mismo que se ha visto esta semana, motivada por la posibilidad de que este se haga permanente que baraja el Gobierno, ha sido especialmente llamativa, sobre todo porque se ha producido desde todos los ámbitos.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lamentaba este jueves que si el Gobierno “no cuenta con la mayoría suficiente no podrá cumplir con la vocación de que los impuestos a las energéticas y a la banca permanezcan a lo largo del tiempo”.

Este gravamen temporal caduca a finales de este año. Su renovación es parte de las negociaciones para aprobar las Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.

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