Alargar la vida de las nucleares no basta para pagar su cierre y provocará un agujero millonario

El escollo nuclear ha dado pasos importantes este mes, pero todavía queda trabajo por delante. Con el cierre ordenado de las cinco centrales en activo (Almaraz, Ascó, Cofrentes, Vandellós y Trillo), el Gobierno se ha hecho cargo de un tema olvidado por los Ejecutivos anteriores, pero el precio final de la factura y cómo se pagará sigue en terreno gris.

El problema está en que la prórroga se queda corta aunque se suba la tasa que pagan las eléctricas y el Estado corre el riesgo de tener que asumir parte del entuerto sobre todo si las previsiones son ciertas y cuesta más de 25.000 millones de euros.

Eléctricas y Ejecutivo han dado una nueva ‘patada hacia delante’ al tema dejando, al menos, la base pactada: el apagón nuclear empezará en 2027 y acabará en 2035 y esos años de vida extra permitirán a Enresa -la encargada de la gestión de los residuos y el desmantelamiento de las centrales- seguir recaudando el dinero necesario para realizar el posterior desmantelamiento y evitar sustos.

La gestión de la basura nuclear es cara. El Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), aprobado en 2006 y todavía vigente a falta de que Enresa presente después de verano la actualización en la que ya está trabajando, estimaba el coste de la gestión de residuos y desmantelamiento entre 1985 y 2070 en alrededor de 13.000 millones.

De esa cifra, el plan marca que casi la mitad se destine al tratamiento de los residuos más peligrosos y del combustible gastado; un 28% al desmantelamiento de instalaciones; y un 12% a los residuos de baja y media intensidad.

Al cierre de 2017, la factura nuclear estimada ya se elevaba a casi 17.400 millones, según los últimos datos oficiales de Enresa. Pero el importe sería aún mayor: superaría los 25.000 millones, según las estimaciones internas que realizó Enresa cuando abordó la actualización del Plan de Residuos en 2015, según ha podido saber este medio.

El dinero tiene que cubrir, además, la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) para el almacenamiento de los residuos. El proyecto iba a construirse en Villar de Cañas (Cuenca) y, tras varios años atascada en tribunales, el Gobierno lo paralizó el verano pasado.

UNA SUBIDA DE LA TASA MAYOR DEL 20%

En febrero, la ministra Teresa Ribera abrió la puerta a elevar la tasa nuclear para que los recursos para el apagón sean “suficientes”. La pelota está aún en el tejado de Enresa. La empresa pública -controlada a través de SEPI (20%) y Ciemat (80%)-, trabaja en la actualización del Plan de Residuos desde el año pasado, siendo una de las primeras medidas que Ribera les encargó y dejando en sus manos que encuentren el modo más factible de hacer la desconexión del parque nuclear.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) marca un cierre ordenado apoyado en la necesidad de garantizar el suministro eléctrico y en la imposibilidad técnica de desmantelar los siete reactores al tiempo. Pero, además, el espíritu que subyace en este calendario ordenado es dar algo de margen a Enresa para que siga engordando el fondo del que depende el pago de la factura nuclear.

Enresa recauda este fondo a través de una tasa que cobra a las eléctricas, desde 2005, por la producción nuclear. Actualmente, la tasa se sitúa en 6,69 euros por megavatio de energía producido. Teniendo en cuenta que en 2018 las centrales produjeron 53.200 GWh -un 20% del total generado en España-, la recaudación habría ascendido a unos 350 millones. En total, el fondo atesora unos 5.400 millones y, según las estimaciones de la empresa pública, ya van cortos en unos 1.500 millones para asumir las tareas del cierre nuclear. El sector eléctrico es menos optimista y calcula que el agujero es de unos 3.000 millones.

Para tapar ese agujero había dos opciones: prolongar la vida de las nucleares más allá de los 40 años o subir la tasa que se cobra a las eléctricas. Hasta el momento, se ha tomado una tangente. Las nucleares cerrarán con una edad media de 45 años y, en algunos casos, rozarán los 50 años. Sin embargo, la mera extensión de su vida útil no cuadra todavía las cuentas. Tal y como está planteada la desconexión de las centrales, para 2035 se habrían recaudado en total unos 10.500 millones, lejos aún tanto del Plan de Residuos de 2006, “que infravalora manifiestamente los costes”, apuntan fuentes del sector, pero también de las previsiones más elevadas.

En el acuerdo alcanzado entre las eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) y Enresa, la empresa pública se compromete a no elevar la tasa más de un 20%, es decir, a unos 8 euros por megavatio generado. Esto elevaría la recaudación total en alrededor de 1.100 millones, hasta los 11.600 millones, y las cuentas siguen sin salir dejando al Estado demasiado margen que cubrir.

Casas de análisis como S&P dan por segura la subida hasta 8 euros pero, dependiendo del escenario, ven posible que se eleve a 19 euros. Antes del acuerdo con Enresa, el sector eléctrico ya se manifestó en contra de un posible ‘tasazo’, alegando que no era necesario si se extendía la vida de las nucleares ya que eso lograría tapar el agujero del fondo.

De cara al nuevo Plan de Gestión de Residuos, la empresa pública tendrá que determinar si la extensión de la vida de las centrales sirve para tapar el agujero y afrontar la factura del cierre nuclear o si, como indican fuentes consultadas por este medio, la medida será insuficiente y será necesario elevar algo más de lo previsto la tasa a las eléctricas si el Gobierno no quiere tener que asumir en el futuro el coste del apagón. O, peor, repetir la dinámica y cobrárselo al ciudadano a través del recibo de la luz.