ACS y Sacyr se suman a la 'cascada' de recursos por la quiebra de las autopistas

Las constructoras y los bancos que controlaban las nueve autopistas de peaje quebradas y 'rescatadas' por el Estado están presentando una 'cascada' de recursos ante el Tribunal Supremo, a la que se acaban de sumar ACS y Sacyr, como queja por la fórmula que el Gobierno ha fijado para calcular la factura que estas vías supondrán para las arcas públicas. Y es que este sistema de cálculo establece que el importe no podrá superar los 3.305 millones de euros.

Desde que se aprobase el sistema de cálculo en abril y se publicase en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en mayo, las exconcesionarias de estas vías han venido presentando ante el Alto Tribunal sus respectivos recursos contra el mismo. Sin embargo, las apelaciones no paralizarán el proceso de tasación y pago.

El último de estos recursos, todos ellos ya admitidos a trámite, es el planteado por ACS y Sacyr, que participaban en varias de las vías, tal como publica el BOE de este lunes. Este recurso se acumula a los ya presentados por la entidad austríaca especializada en financiación de infraestructuras Kommunalkredit, otro de Bankia y otro más de Autopista del Henares, exconcesionaria de la radial R-2 participada por ACS, Albertis, Acciona y Globalvía.

En el último mes también ha recurrido Aucosta, exconcesionaria del tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera participada por Ploder, Globalvía y varias de las extintas cajas de ahorros, así como Ciralsa, exconcesionaria de la circunvalación de Alicante y controlada por ACS, Abertis y también Globalvía. De igual forma, ha elevado su recurso al Supremo Accesos de Madrid, extitular de las radiales R-3 y R-5 y participada por ACS, Sacyr, Abertis y Bankia; y la Autopista Eje Aeropuerto, exconcesionaria de la M-12, que une Madrid y el aeródromo de Bajaras, participada por OHL.

Las exconcesionarias muestran así su desacuerdo con la fórmula ideada por el Gobierno para calcular la Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA) ante estas vías. Se trata del importe que, por contrato, el Estado debe pagar a estas empresas que construyeron y explotaban estas vías por las inversiones que realizaron en su construcción.

DESCUENTO DE 300 MILLONES POR OBRAS DE MEJORA

Este sistema de cálculo establece que el importe a pagar será el "valor patrimonial de las obras realizadas y que no hayan sido amortizadas y de las expropiaciones que se hayan abonado", si bien no podrá superar un máximo fijado para cada vía que, en conjunto, suma el referido monto de 3.305 millones de euros. Además, advierte de que restará los 300 millones que estima preciso invertir en las vías para que recuperen sus estándares mínimos de calidad.

Este importe máximo supera al de unos 2.000 millones de euros estimados por los dos últimos gobiernos, pero está lejos de los 5.000 millones calculados por las concesionarias y los fondos que se quedaron con la deuda de las vías, que es lo que reclaman en sus recursos al Supremo.

Tanto el Gobierno como el sector dan por hecho que la determinación última de la factura de la quiebra de estas vías para las arcas públicas derivará en un proceso judicial y la acabará fijando un juez. Por el momento, la presentación de estos recursos supondrá dejar en el aire los plazos establecidos por la ley para abonar la RPA, fijados para este mes de julio tras aplazarse seis meses la fecha inicial del pasado mes de enero.

No obstante, el Ministerio de Fomento, que dirige en funciones José Luis Ábalos, ha asegurado que su intención es calcular y pagar "lo antes posible" a las concesionarias, según han informado fuentes de este departamento. El importe de la misma se ajustaría, al alza o a la baja, en función de lo que, en su día, determinen los tribunales, han explicado.