Los sindicatos docentes ANPE y CSIF cuestionan la legalidad de los criterios para evaluar este curso
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Los sindicatos docentes ANPE y CSIF cuestionan la legalidad de medida que permite este curso promocionar y titular, de forma excepcional, sin tener en cuenta el número de asignaturas suspensas, como establece una orden del Ministerio de Educación y Formación Profesional publicada este viernes. Según estos sindicatos, esta medida contraviene la vigente ley orgánica de educación.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de ANPE, Nicolás Fernández, califica como un "despropósito" esta medida incluida en la orden ministerial, que contiene lo pactado por Celaá con la mayoría de los gobiernos autonómicos para adaptar el final de curso a la situación de docencia a distancia que ha provocado el cierre de centros educativos por la pandemia del coronavirus.
El presidente de ANPE cree que la orden contiene medidas que "ni están consensuadas ni respetan el marco jurídico vigente". "Atenta también contra la autonomía organizativa de los centros, contra la libertad de cátedra del profesorado y de los equipos docentes, y por supuesto, afecta el principio de igualdad oportunidades de todo el alumnado", apostilla Fernández.
En ese sentido, desde ANPE recuerdan que comunidades como Madrid pretenden seguir aplicando la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que impide titular Bachillerato con suspensos. "Esta orden va a crear aún más inseguridad jurídica y confusión en la comunidad educativa", asegura este sindicato.
CSIF ha anunciado que estudiará "acciones jurídicas" para evitar "agravios comparativos entre el alumnado de las distintas comunidades autónomas", porque considera que la orden ministerial publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado "puede dar lugar a una grave situación de desigualdad".
En un comunicado, CSIF afirma que la orden firmada por Celaá "contraviene la Ley Orgánica, que marca un número máximo de materias suspensas para poder promocionar y titular", y recuerda que es el Estado, y no las comunidades, quien "ostenta competencias exclusivas en la promoción y titulación del alumnado".
"Es prioritario que los criterios sean iguales para toda España y se fijen de una manera objetiva para todo el profesorado", añaden desde CSIF, que critica el Ministerio de Celaá por dejar "toda la responsabilidad al profesorado, aumentando la presión social hacia ellos", a la hora de decidir qué alumnos pasarán de curso.
Este sindicato considera que las desigualdades entre comunidades se pueden acentuar en la titulación de Bachillerato. "Puede darse la situación de que algunas comunidades otorguen el título de Bachillerato y por tanto se permita el acceso a la Universidad con materias suspensas, mientras que en otras no será posible por tener criterios de titulación diferentes", argumenta CSIF.
CONTRA EL "APROBADO GENERAL"
Por su parte, la Federación de Enseñanza del sindicato USO, reclama "dar mayor protagonismo al profesorado y proporcionar más autonomía a los centros educativos" a la hora de evaluar en una situación "atípica y novedosa".
"Ellos son los más capacitados para adaptar el currículo y los criterios de evaluación y promoción de la manera más justa y razonable para aplicar con carácter personalizado la flexibilidad que todo el mundo invoca, indispensable en las condiciones actuales", argumenta en un comunicado este sindicato, que apoya la decisión de evaluar solo los contenidos de los dos primeros trimestres del curso, aunque discrepa en otorgar una "aprobado general".
"La promoción de curso generalizada supone en la práctica también un aprobado general, algo que rechaza una parte significativa del profesorado", aseguran desde USO, donde advierte que la medida afecta de forma especial a los estudiantes que titulen Bachillerato "pues las calificaciones cuentan significativamente para la nota de acceso a la universidad y determinará en muchos casos la elección de los estudios superiores".