¿De verdad se han prohibido los despidos? Solo serán más caros al ser improcedentes

El Gobierno prohíbe desde este sábado (y hasta que acabe el estado de alarma) que las empresas ejecuten cualquier tipo de despido por el coronavirus, que ha paralizado la economía. Las empresas no podrán hacerlo alegando causas de fuerza mayor ni causas económicas, organizativas, técnicas y de producción, y se tendrán que acoger a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Sin embargo, el Ejecutivo en realidad no ha prohibido que los empresarios den por terminada la relación contractual con sus empleados, sino que solo ha encarecido el proceso.

Este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el Real Decreto-ley 9/2020, que ha promulgado el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz para poner coto a los despidos relacionados con el Covid-19 y evitar así la pérdida de empleo durante la alarma sanitaria. Sin embargo, los abogados laborales ya alertan de que en realidad los empresarios pueden seguir echando a sus trabajadores si lo ven necesario para mantener su actividad, solo que tendrán que pagar más por ello.

En realidad, Trabajo ha anulado como causa objetiva de despido todas las mencionadas anteriormente, pero no las ha fijado como nulas ni ha anulado ni modificado los despidos improcedentes, como se desprende de la norma publicada en el BOE, por lo que esta vía sigue abierta, aunque sea más cara para los empleadores. Muchos expertos recuerdan que prohibir los despidos es inconstitucional, por lo que el Gobierno ha optado por lo único que le queda: penalizarlos considerando todos ellos (los que tengan lugar en pleno estado de alerta) como improcedentes aunque se acrediten pérdidas, motivos organizativos, productivos o la merma de la actividad. Aunque en última instancia será un juez quien lo determine.

Ya lo avisaba Yolanda Díaz este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario que se celebró para dar luz verde a estas medidas y a la prórroga del estado de alarma 15 días más, una vez conseguido el visto bueno del Congreso de los Diputados. "No se puede despedir porque hemos arbitrado un mecanismo excepcional con muchos recursos públicos para facilitar nos ERTE", dijo, dejando claro que no había que "confundir las causas de los despidos con la calificación de los despidos (procedente, improcedente, nulo)", porque eso es tarea de los jueces. "Si hay impugnaciones por abuso o mal uso, los tribunales lo van a calificar a posteriori", señaló.

En lo que respecta al coste para la empresa, la diferencia entre un despido por causas objetivas y uno improcedente es la indemnización que hay que pagar al trabajador. En el primer caso, se pagan 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades, mientras que en el segundo caso debe abonar 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Los empresarios tendrán, por tanto, que pagar mucho más si al final despiden a sus empleados, ya que con la decisión adoptada por el Gobierno la única vía es la del despido improcedente.

LOS EMPRESARIOS DICEN QUE HABRÁ MÁS PARO

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ya han criticado en un comunicado estas medidas, porque "cuando un gran número de empresas, especialmente pymes y autónomos, están luchando para evitar el cierre en un contexto que ya se anuncia de recesión mundial, rechazamos de forma tajante que el Gobierno trate de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresariado".

Aseguran que su voluntad, por encima de todo, es la de sostener la economía y el empleo, y por eso intentan "evitar un parón aún mayor de la actividad empresarial". A su juicio, las medidas adoptadas "van a impedir poner las bases de la necesaria recuperación económica de España", y con ellas el Ejecutivo se arriesga a que haya un mayor nivel de desempleo.

Sin embargo, los sindicatos, que habían alertado de que podría haber hasta 1 millón de despidos en marzo, han valorado positivamente las decisiones del gabinete de Pedro Sánchez. En un comunicado conjunto, UGT y CCOO han recordado que tanto la prohibición de despedir durante la crisis sanitaria como que se ejerza un mayor control en los ERTE para garantizar la reincorporación al empleo una vez acabe esta situación son medidas que ya habían planteado ellos al Gobierno.

"Estas medidas suponen un paso adelante en la protección de las personas trabajadoras, en unos momentos muy complicados marcados por la pandemia y el estado de alarma que vive el país", han asegurado. Y sobre los despidos, han afirmado que "nadie podía aprovecharse de esta situación para despedir", puesto que ya se habían acordado medidas para que las empresas no utilicen esta fórmula durante esta crisis. "Los ERTE son la alternativa a los despidos y las empresas deben apostar por ellos".