¿Una 'ulsterización' de Cataluña devolvería inversiones y empresas?

El deterioro empresarial y económico que asola Cataluña persiste. Las inversiones no se recuperan, las empresas no regresan -excepto contados casos como Agbar- y se sigue a la expectativa ante los desarrollos políticos. La receta de una parte del empresariado catalán es una versión prolongada del 155 que el presidente del PP, Pablo Casado, ha elevado a suspensión total de la autonomía, “como en el Ulster”. Pero ni la Constitución lo permite ni paliaría la crisis catalana, según fuentes consultadas.

La idea no es nueva. El otoño político ha traído un acelerón independentista que se espera que tenga su cénit el 1 de octubre, coincidiendo con el primer aniversario del referéndum ilegal y de la violencia que se desató en las calles. Los políticos secesionistas persisten en su idea de implementar la república, mientras sectores del empresariado catalán exigen al Estado mano dura, ya que aseguran que el diálogo con Torra es estéril.

Defienden, tal como explica el presidente de Empresaris de Catalunya, Josep Bou, que sólo el 155 frenó el virulento declive económico en la comunidad. Y por ello reclaman una repetición ‘sine die’, es decir, “invocar el artículo constitucional “por completo y sin fecha de finalización”. El objetivo de esta versión extendida es la de contrarrestar los efectos de “tantos años de líderes soberanistas”. Y al igual que Casado, Bou cree que es la única forma para ”desmontar la propaganda, las estructuras de Estado, las embajadas y el adoctrinamiento educativo".

“Hasta agosto, el 73% de los indicadores se comportaron peor en Cataluña que en el conjunto de España, según la Cámara de España”

Opina el empresario catalán además, que sólo mediante una suspensión total de la autonomía “habrá la seguridad jurídica y la estabilidad necesaria para que vuelvan las empresas”. Los datos le avalan. Según un reciente informe de la cámara de España, tras la fuga de más efe 4.000 empresas y de 30.000 millones de euros en depósitos bancarios “la situación se corrigió parcialmente a partir del mes de noviembre de 2017, con el retorno a cierta normalidad política e institucional en la región” consecuencia de la aplicación del ya mencionado artículo de la Carta Magna.

“Sin embargo, en la primera parte de 2018 se detectó un leve empeoramiento de la evolución económica de Cataluña en comparación con la del conjunto de España, deterioro que ha ido a más en el segundo trimestre de 2018”, prosigue el documento. Recoge también el texto que la evolución hasta agosto ha seguido declinando al compararla con la del conjunto de España. Con los datos disponibles, hasta agosto, “el 73% de los indicadores se comportaron peor en Cataluña que en el conjunto de España, lo que representa un deterioro de 14 puntos porcentuales respecto a la situación de abril”.

¿PUNTO DE NO RETORNO?

La Cámara de España lanzaba también una dura advertencia en su estudio publicado a inicios de septiembre: existe un "riesgo de daño irreversible” que se ceba especialmente en el dinamismo empresarial en la comunidad. Además de en un descenso del 66% en la recaudación del impuesto de sociedades, comparado con el 29% que ha caído en España.

Empresarios y gestores consultados por Bolsamanía y que han preferido seguir en el anonimato corroboran que la situación sigue tan atascada en Cataluña como lo estaba hace un año. “No se incrementan las inversiones y se está completamente a la expectativa”, relatan. Los datos de capitales extranjeros en la comunidad reflejan que los flujos se han desplomado. En los tres primeros meses del año, el Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo recoge una disminución del 62%, respecto al 40% de 2017.

La inversión de los empresarios nacionales es un calco y un importante alto cargo de una empresa del sector de la alimentación confiesa que mantiene 'el grifo cerrado' en sus fábricas de Cataluña. Mientras tanto, ha incrementando el esfuerzo económico en las del resto de España en otros lugares como, por ejemplo, Valencia.

Un importante alto cargo de una empresa del sector de la alimentación confiesa que mantiene el grifo en sus fábricas de Cataluña cerrado

AMBIGÜEDAD DEL 155 SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA AUTONOMÍA

No obstante, se muestran escépticos ante una eventual suspensión de la autonomía como solución a la inestabilidad. Creen, en cambio, que en este contexto “aumentaría la conflictividad social y alimentará al independentismo que persistirá en sus demandas secesionistas”. Señalan también que una imposición de tales característica conduciría a un punto de no retorno que acabaría por perjudicar al resto de España en sectores económicos tan importantes como el turismo, que ha moderado su crecimiento este 2018 al 1,9% hasta junio.

Juristas consultados exponen asimismo, que la aplicación del artículo 155 para convertir Cataluña en una suerte de Ulster no se recoge en la Constitución. Por lo que podría desencadenar en otro interminable intercambio de acciones judiciales con el Tribunal Constitucional (TC), provocar nuevos actos de desobediencia política y encerrar el conflicto en un bucle sin solución alguna.

Explican que mediante la intervención de la Generalitat se pueden suspender funcionarios, actividades y servicios, pero no una comunidad autónoma. “El texto constitucional es lo suficientemente ambiguo como para permitir una aplicación gradual y proporcional, como la que desplegó el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy”, aclaran. Y matizan que “no se puede comparar a la ley británica o de otros países europeos que permiten suspender la autonomía de una región, como en Irlanda del Norte cuyas instituciones se han desactivado cuatro veces, en una ocasión durante cinco años”.