Trabajo baraja la prohibición de los despidos objetivos en el Plan de Respuesta a la Guerra

El Ministerio de Trabajo y Economía Social estudia medidas similares a las adoptadas durante la pandemia, entre ellas la prohibición de los despidos objetivos, como parte del Plan de Respuesta al Impacto de la Guerra que prepara el Gobierno, según han confirmado fuentes de la cartera de Yolanda Díaz a 'Europa Press'.

Trabajo reconoce que la prohibición de los despidos objetivos funcionó durante la pandemia y por eso ahora se está viendo de nuevo la posibilidad de recurrir a esta medida.

Díaz ha avanzado esta mañana que su Ministerio analiza "un bloque de medidas laborales" que ya se practicaron "en la crisis anterior", en alusión a los meses de coronavirus.

La ministra ha dejado claro en sus declaraciones a los medios que "no es el momento de despedir" y tampoco de "bajar salarios". También se ha referido a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), ahora activos y disponibles a través del Mecanismo RED, recogido en la nueva reforma laboral.

Díaz ha recalcado que se encuentra "volcada en la gestión del Ministerio" para hacer frente a una crisis que "causa una enorme incertidumbre y es posible que sea más larga" de lo que se prevé.

El Gobierno aprobará el 29 de marzo el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha querido esperar hasta esa fecha, a pesar de las reclamaciones de los agentes sociales, para conocer las conclusiones del Consejo Europeo de este jueves y viernes.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anunció este lunes los "ocho objetivos concretos a corto y medio plazo" del Plan, que buscará bajar el precio de la electricidad y de los carburantes y atender así a los colectivos más vulnerables como primer objetivo. También apoyará a los sectores y empresas más afectados, reforzará la estabilidad de los precios para evitar una espiral inflacionista y garantizará los suministros.

Los otros objetivos son la protección de la estabilidad financiera a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), la aceleración del despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el impulso de la eficiencia energética y el refuerzo de la ciberseguridad.