Sánchez saca la calculadora para ajustar 18.000 millones el gasto

Menos de dos meses. Ese es el tiempo que ha tardado Pedro Sánchez en darse de bruces con la dura realidad de su mandato. Su minoría de 84 diputados en el Congreso le obliga a buscar apoyos para cada medida que quiera sacar adelante, y la primera de ellas, la de la senda de déficit, ha sido tumbada a la primera de cambio. Ahora el presidente del Gobierno está obligado a hacer un ajuste de 18.000 millones de euros para el año que viene, y ya ha sacado la calculadora para recortar en las partidas que considere menos prioritarias. Eso sí, insiste en que no se plantea adelantar elecciones. Al menos por el momento.

Ya lo avisaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este viernes durante su intervención en el debate del acuerdo que recoge los objetivos de estabilidad presupuestaria y el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, conocido como techo de gasto. La titular de la cartera advertía a los partidos que si no se aprobaba la propuesta del Gobierno habría que hacer un recorte de 18.000 millones el año que viene, lo que a su juicio es un sinsentido porque Bruselas ha dado su visto bueno a relajar el ajuste.

Aunque ni con esas logró que el Congreso lo apoyase. La Cámara baja tumbó la senda de estabilidad presentada por el Ejecutivo socialista, que flexibilizaba en cinco décimas el margen de déficit público para 2019, que pasaba del 1,3% al 1,8%, permitiendo gastar a las administraciones públicas 6.000 millones más (sobre todo a comunidades autónomas y Seguridad Social, 2.400 millones cada uno). Sánchez debe ahora rehacer las cuentas para ajustarse a una senda más austera, la marcada por el anterior Gobierno, el de Mariano Rajoy.

El Gobierno recama a la oposición que "recapacite" y pide "suficiente inteligencia colectiva" para llegar a un acuerdo que evite el ajuste

Y es que, pese a que Montero ha anunciado que en 30 días el Gobierno volverá a enviar al Congreso la misma senda presupuestaria, ya nadie cree que vaya a salir adelante. No en el hemiciclo, donde el Ejecutivo aún puede lograr el visto bueno si los partidos de la oposición "recapacitan" o si, como dice la portavoz y ministra de Educación, Isabel Celaá, "hay suficiente inteligencia colectiva" como para llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta que los ciudadanos van a "auditar" lo que ocurra y van a "tomar nota" de cara a las próximas elecciones.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que si el Gobierno fracasa a la hora de aprobar la senda podrá enviar una nueva propuesta al Congreso un mes después, aunque no obliga a modificarla. Por eso el Ejecutivo insistirá en las cifras que ya ha aportado, que recogen un aumento del techo de gasto para 2019 del 4,4%, hasta los 125.064 millones. No obstante, la ley también dice que la aprobación de la senda no es condición indispensable para la elaboración de los Presupuestos, por lo que el Ejecutivo ha anunciado que pese al revés va a empezar a trabajar en las cuentas del año que viene, que con toda probabilidad serán más austeras de lo previsto.

Sobre todo teniendo en cuenta que aunque Sánchez consiga el 'sí' del Congreso, la senda de estabilidad tendrá que pasar otro examen en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y el nuevo líder de la formación, Pablo Casado, ya ha dicho que su partido no apoyará las cifras del Gobierno. Es decir, que el Ejecutivo socialista no tiene opciones. Pese a todo, se muestra convencido de poder hacer unos Presupuestos que profundicen en el gasto social. "Seremos capaces de reordenar nuestras prioridades para que redunden en beneficio de la ciudadanía", dijo Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes.

Es decir, que se va a organizar el gasto para poder acometer las promesas realizadas en las últimas semanas. "Con un mismo monto total, el Gobierno tiene que establecer sus prioridades, y las de este gobierno están alineadas con la agenda social", remarcó Celaá, que tampoco descartó poder llevar a cabo una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar el veto del Senado en última instancia. "No parece adecuado que si todas las normativas, todas las leyes, pasan por el Congreso, por el Senado y vuelven al Congreso, esta ley sea una excepción". Por eso, apuntó, el Ejecutivo está reflexionando sobre "la oportunidad o no de cambiar este campo de juego".

Si cambia la norma podría sortear el mencionado ajuste de 18.000 millones siempre y cuando logre el respaldo del Congreso, aunque lo ajustado de los plazos hacen que esta opción sea bastante complicada. Sobre todo porque el Gobierno socialista se ha comprometido a entregar los Presupuestos en tiempo y forma, lo que supone que deberían ser registrados en la Cámara baja antes del 30 de septiembre, para iniciar el trámite parlamentario.

NO HABRÁ ADELANTO ELECTORAL

Pase lo que pase, el Ejecutivo "confía en poder contar con la corresponsabilidad de otras fuerzas políticas", dijo también Celaá en la mencionada rueda de prensa, descartando así, de momento, el adelanto electoral. "No reconocemos ninguna situación de debilidad. El Gobierno tiene voluntad y vocación de agotar la legislatura", afirmó la portavoz, que dijo que el gabinete de Pedro Sánchez tiene la "obligación política de mantener el rumbo". El propio presidente había confirmado un día antes, tras su reunión con el presidente de la república francesa Emmanuel Macron, su intención de agotar la legislatura.

De hecho, nadie espera unas elecciones anticipadas, aunque la propia Celaá señaló esta semana que el Gobierno no aguantaría "más allá de lo razonable". Ni siquiera los analistas políticos. Emilio Serrano, politólogo y consultor de comunicación en Asesores de Comunicación Pública, afirma que esta situación ha puesto de manifiesto la minoría parlamentaria del PSOE, pero no por ello cree que vaya a haber elecciones. A su juicio, la "prueba de fuego" serán los PGE de 2019, ya que si no salen adelante Sánchez puede tomar la decisión de ir a las urnas. Hasta entonces, no cree que sea un escenario a tener en cuenta.

Y en la misma línea se expresa Ignacio Martín Granados, politólogo y miembro del consejo directivo de la Asociación de Comunicación Política (ACOP), que recuerda que a ningún partido le interesa ahora mismo que haya elecciones. El PP está rearmándose tras la victoria de Pablo Casado, y Ciudadanos ha caído mucho en los sondeos. Tampoco Podemos pasa por su mejor momento. "El único al que podría interesarle es al PSOE", que ha subido mucho en las encuestas, pero aún así es un escenario que ahora mismo "no es factible", concluye.