Quim Torra, condenado a prorrogar los presupuestos de la Generalitat

Cinco meses se ha dado el nuevo president de la Generalitat, Quim Torra, para acabar de desplegar la república catalana que trató de imponer el exlíder catalán, Carles Puigdemont, ahora prófugo de la justicia. Un tiempo que se revela más que escaso para poner en práctica una batería de medidas que son una mera “declaración de intenciones con escaso contenido”, según fuentes parlamentarias. Y que van a topar, además, con tres obstáculos formidables: la intervención de las cuentas de la Generalitat, que no se retirará una vez levantado el 155, la CUP, con quien deberá acordar los presupuestos, y la deuda de 76.000 millones de la Generalitat con sus acreedores.

Completar el proyecto de la Hacienda catalana, la creación de un registro de inversión extranjera en Cataluña y de inversión catalana en el extranjero, recuperar el corredor del Mediterráneo o incrementar el presupuesto en cultura y rebajar el IVA cultural. Iniciativas, en definitiva, que repercutirán directamente en el déficit catalán, el mayor del Estado. Según datos del Ministerio de Hacienda de diciembre de 2017, esta cifra ascendía a 16.570 millones en 2014, un 8,4 % del PIB catalán, mientras el de 2013 es 15.493 millones, equivalente al 8 % del PIB.

La exconsellera de Trabajo, Dolors Bassa, ya prometió incrementar la nómina interprofesional hasta 1.000 euros hace dos años

Los partidos de la oposición achacan a Torra la falta de concreción de la mayoría de sus medidas y cargan contra la posibilidad de que las lleve a cabo antes de noviembre. Especialmente crítico se muestra el diputado del PCS, Raúl Moreno, con la propuesta de elevar el salario mínimo hasta los 1.100 euros mensuales, en la que el flamante líder del Govern catalán hizo especial hincapié en su debate de investidura y la califica de “brindis al sol”. Recuerda que la exconsellera de Trabajo, Dolors Bassa, ya prometió incrementar la nómina interprofesional hasta 1.000 euros hace dos años, propuesta que “cayó en saco roto, como lo hará la de Torra”, sentencia.

Subraya también el socialista que la Generalitat no tiene competencias para alcanzar el acuerdo necesario entre sindicatos y patronal para que se eleve la prestación mínima y que, a nivel autonómico, “sólo puede incrementar el salario de los funcionarios de la administración pública”. De ser así, la mayoría de trabajadores públicos ya perciben sueldos cercanos a 1.000 euros, por lo que el impacto en las cuentas de la Generalitat sería mínimo, aunque podría comprometer otras partidas como la de la renta mínima garantizada.

Hacen falta 200 millones de euros para que Torra cumpla con su compromiso de culminar el proyecto de la prestación social “configurada como una verdadera política activa de ocupación”. Que se suman a los 2.000 millones de euros que se reclaman en sanidad o a los 3.000 millones que hacen falta en educación, para acabar con la situación de muchos alumnos que siguen en barracones. Y, si bien la Generalitat ha incrementado sus ingresos en un 7,8% en 2017, por lo que tiene mayor colchón para hacerles frente fuentes parlamentarias creen imposible que el nuevo Govern pueda aprobar unos presupuestos con el apoyo de la CUP.

LOS ‘CUPAIRES’, LA ETERNA PIEDRA EN EL ZAPATO

Lo máximo a lo que puede aspirar el futuro Ejecutivo de Torra es a repetir la jugada de su investidura y a lograr una abstención de los cuatro diputados del subgrupo liderado por Carles Riera. Pero no se lo van a poner fácil y el resto de diputados apuestan por un voto en contra de los anticapitalistas.

Fuentes parlamentarias creen imposible que el nuevo Govern pueda aprobar unos presupuestos con el apoyo de la CUP

En la anterior legislatura, acabaron por ceder los dos votos necesarios para superar el trámite parlamentario con mayoría simple. Pero sacrificaron demasiado por el camino, como una reforma fiscal en la que se contemplaba un incremento del IRPF a las rentas más altas, y aparcaron las demandas sociales a favor del referéndum de autodeterminación. Pero en esta ocasión, no hay ‘caramelito’, ya que sólo la república contentará a los ‘cupaires’

Lo más probable es que acaben por prorrogarse las últimas cuentas catalanas que dejan fuera de la ecuación cuestiones sociales fundamentales, según cuentan a 'Bolsamanía' desde el Parlament. “Nos buscarán a nosotros o a los Comunes”, ratifica Moreno.

CUENTAS INTERVENIDAS Y 75.000 MILLONES DE DEUDA

Pero en el supuesto de que se tramitaran unas nuevas cuentas catalanas, está la cuestión de la intervención financiera de la Generalitat, que no se finiquitará con el 155. El acuerdo alcanzado en La Moncloa entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez lo deja bien claro. El Ejecutivo central supervisará que los fondos del FLA “se destinen al cumplimiento de los fines de interés general para el que están previstos”. Sánchez ha sido aún mas claro: debe mantenerse la "supervisión de las cuentas públicas de la Generalitat" para evitar que se "financien estructuras paralelas".

Así, la supervisión del Ministerio de Cristóbal Montoro a las finanzas catalanas, aprobada en septiembre del año pasado, se mantendrá “hasta que se tenga la certeza de que el dinero no se gasta en financiar la república”, aseguran fuentes conocedoras de la situación.

Y en cuanto se sortee todo lo anterior, queda la cuestión de los 76.831 millones de euros que la Generalitat arrastra en concepto de deuda, lo que equivale al 35% del PIB catalán y que mantiene a la región en la calificación crediticia de bono basura. Una herencia que condicionará completamente el nuevo Govern, dure cinco meses o se prolongue más allá del otoño, si lo permiten desde Berlín.