Los portales inmobiliarios creen que la Ley de Vivienda da "incertidumbre al mercado"

Genera "incertidumbre en el mercado" y "es intervencionista, genera inseguridad jurídica y carece de incentivos suficientes". Son las principales consideraciones de los portales inmobiliarios sobre la recién aprobada Ley por el Derecho a la Vivienda. Sin embargo, también hay puntos sobre los que se muestran muy a favor y califican como "positivos".

"Volvemos a perder la oportunidad de crear medidas que realmente faciliten el acceso a la vivienda a los jóvenes y los más desfavorecidos y de crear un sector más sano y robusto", asegura el portavoz de idealista, Francisco Iñareta, que cree que la ley "genera, una vez más, incertidumbre en el mercado"

Según explica, "los tiempos fijados para el trámite parlamentario y los meses necesarios para poder ponerla en marcha sugieren que la nueva ley no entraría en vigor hasta la siguiente legislatura, en la que las fuerzas parlamentarias podrían variar y también el interés político sobre la misma. La medida no ha contado desde sus inicios con el consenso ni de los socios de gobierno, ni de los expertos del sector. Además, experiencias anteriores ya confirman que su utilidad para mejorar el acceso a la vivienda sería nula, cuando no contraproducente".

Por otra parte, Iñareta subraya que "el hecho de que su aplicación o no quede en manos de las comunidades autónomas provocará sin dudas divergencias en el conjunto de territorio, facilitando el desvío de las inversiones hacia aquellas comunidades más laxas o donde no se aplique la ley, por lo que las posibilidades de promover alquileres asequibles mediante la colaboración público-privada se vería también seriamente afectada en aquellas comunidades que la apliquen".

"La Ley de Vivienda es intervencionista, genera inseguridad jurídica y carece de incentivos suficientes", opinan, por su parte, desde Fotocasa. Reconocen que hacía tiempo que el sector demandaba una Ley de Vivienda que estuviera centrada en los dos ejes fundamentales que intervienen en el mercado del alquiler: ofrecer seguridad a los propietarios y proteger a los colectivos vulnerables, dos componentes elementales para la estabilidad del mercado.

"Somos conscientes de la sensibilidad en la que se envuelve una política como la de vivienda, y por ello calificamos como positivas las medidas que tienen el objetivo de establecer el derecho social a un hogar digno, al mismo tiempo que equilibrar el mercado del alquiler, aumentar la oferta de viviendas y ayudar a que los jóvenes puedan emanciparse mucho antes", pero creen que en esta ley "se aprecian carencias en cuanto a la seguridad jurídica y a los incentivos fiscales, factores que obstaculizan la generación de un clima de confianza".

En referencia a los puntos más destacados de la ley, sobre la definición de zona de mercado tensionado, creen que el cumplimiento de los criterios que permiten declarar un área tensionada "no es del todo riguroso debido a la escasez de datos oficiales que existen respecto a los precios de los alquileres. Además, la inclusión de los gastos de suministros en la fórmula es muy relativo e impreciso, ya que depende del consumo particular que haga cada inquilino. Sin embargo, es muy positivo que la administración pública se comprometa en el desarrollo de un programa de medidas específico, buscando fórmulas de colaboración con el sector privado para estimular la oferta, lanzando ayudas públicas adicionales o impulsando la oferta de vivienda social. Sería muy eficaz que esta implicación por parte de las autoridades se realizase antes de declarar una zona como tensionada".

Sobre la congelación de las rentas durante máximo tres años, afirman que esta prórroga extraordinaria en el mantenimiento del precio del alquiler para el inquilino "supondrá la garantía de que no le subirá el precio de su contrato en los próximos ejercicios. No obstante, esta congelación de los precios de las rentas es una medida intervencionista para los pequeños propietarios que no cuenta con la aprobación de los arrendadores, lo que podría verse reflejado en la contracción de la oferta de viviendas en renta, ya que para ellos supone una medida desincentivadora. Una acción que dificultará aún más el acceso a la vivienda y que puede hacer que el parque de viviendas en alquiler escasee todavía más".

En cuanto a los límites a las rentas de los grandes propietarios, "consideramos más eficaz haber optado por instrumentos incentivadores, en vez de penalizadores a la hora de establecer un control de los alquileres. Esta es una medida que podrá generar inseguridad jurídica no solo de cara a los grandes propietarios, sino también a los inversores extranjeros. La imposición de la bajada de los precios de las rentas, hará que nuestro país deje de ser atractivo para muchos inversores extranjeros que llevarán su negocio fuera de España".

No obstante, recuerdan que "esta medida afectaría a un porcentaje muy pequeño de las viviendas en alquiler en nuestro país, ya que la gran mayoría del parque de viviendas en alquiler está en manos de pequeños propietarios. Así, esta limitación de precios no conseguiría una bajada de precios generalizada ya que el impacto sobre el parque de viviendas en alquiler actual es muy bajo, pero, en cambio, sí que puede hacer que inversores extranjeros decidan no invertir en nuestro país".

En relación a los incentivos fiscales, destacan que los alicientes al arrendamiento con desgravaciones fiscales para los particulares "son muy positivos y servirán para controlar los precios y mantenerlos a un nivel estable, sobre todo en las grandes capitales. Estos estímulos conseguirán el objetivo de evitar subidas de precios desorbitadas para los arrendadores e inquilinos actuales, pero no solucionarán el gran problema de la falta de vivienda en alquiler que nos encontramos en las ciudades más pobladas. Aun así, se hace necesario que esta Ley de Vivienda incluya más medidas incentivadoras que doten de seguridad y estabilidad a ambas partes del mercado del alquiler".

Respecto al recargo del IBI a la vivienda vacía, dicen que es una medida "sancionadora, por lo que contribuye a la generación de un clima inestable para los propietarios. Además, nos muestra un nuevo problema: ¿cómo sabrán los Ayuntamientos qué viviendas están vacías? ¿encargando su propio censo? España necesita actualizar el censo de vivienda vacía, cuanto antes. Aunque de igual manera, no es una medida cooperativa en la creación de un clima inversor atractivo".

Sobre la vivienda asequible incentivada, consideran que es una fórmula "muy adecuada que otorgará beneficios de carácter urbanístico, fiscal, o de cualquier otro tipo, a cambio de que las entidades del tercer sector, las destinen a alquiler con precios reducidos a personas con ingresos bajos. Esta fórmula servirá para incrementar la oferta social a corto plazo. Una medida que podría ser extrapolable a los propietarios particulares".

"Siempre preferimos medidas estimulantes y motivadoras, en vez de medidas punitivas y sancionadoras", en referencia a la reserva del 30% de las nuevas promociones a vivienda pública. "El hecho de introducir por ley esta nueva obligación genera inseguridad jurídica en el sector, lo que muy probablemente alejará a la inversión".

Con la creación de un fondo social de vivienda aseguran que es "muy adecuada la apuesta por un parque público de alquiler y una medida que hace muchos años que viene reclamando el sector inmobiliario". Mientras que sobre la protección frente a los desahucios, consideran que la administración es la responsable de garantizarles su derecho a la vivienda. "Pero no creemos que la obligación deba recaer en los propietarios particulares, que dicen encontrarse en situación de desamparo jurídico. Esta circunstancia podría provocar que se contrajese la oferta por parte de los propietarios y la inversión de cara al exterior", dicen.

Finalmente, en cuanto a la imposibilidad de cambiar la calificación de vivienda pública, afirman que es una medida "muy positiva que permite salvaguardar el parque de vivienda pública a través del tiempo. De esta forma, se garantiza que la administración mantenga una cuantía de oferta que le permita tomar decisiones durante los próximos 30 años y seguir trabajando para que el parque de vivienda pública en nuestro país cada vez sea más abundante".