Otro reto para Sánchez: una ley de alquiler turístico que convenza a todos

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha dado septiembre como fecha límite para intentar mediar en uno de los conflictos más activos en España: el alquiler turístico. Mientras tanto, Competencia y los Ayuntamientos han elevado la disputa hasta los tribunales.

Este viernes, la secretaria de Estado de Turismo, Bel Oliver, confirmó que a primeros de septiembre se reunirá con representantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con las comunidades autónomas y con plataformas como Airbnb para tratar la regulación del alquiler vacacional. Espera que, junto con la reunión programada con las comunidades autónomas, el resultado sea una nueva ley para “clarificar las reglas del juego”, en palabras de Oliver.

Entre las medidas por las que aboga la ministra de Turismo, Reyes Maroto, se encuentran “un registro único” de pisos turísticos con los datos aportados por las comunidades y acotar la definición de alquiler vacacional en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Esta falta de homogeneidad a la hora de definir esta actividad en las normativas autonómicas, que son las que tienen competencia, ha complicado el problema en los últimos años.

En este contexto, y a la espera de la reunión, la CNMC anunció esta misma semana la impugnación de las recientes normativas turísticas municipales de Madrid, Bilbao y San Sebastián. Considera que son “contrarias a la competencia” y a los principios de regulación económica eficiente y que “perjudican a los consumidores y usuarios”. En su opinión, restringir la entrada de nuevos operadores en el mercado “provocará precios más elevados en el alojamiento turístico”.

En el otro lado del conflicto, los Ayuntamientos. Madrid ha sido la primera ciudad en defender sus normativas frente a los argumentos de la CNMC. “No limitar el alojamiento turístico supone renunciar a la ordenación de la ciudad y dejar a los ciudadanos en manos exclusivamente del mercado”, señaló el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, a través de Twitter. Desde el Gobierno de Carmena, según la agencia EFE, rechazan las críticas y sostienen que la normativa “favorece la competencia en un sector donde también están hostales y hoteles”.

Desde el Consistorio de la capital han reclamado competencias sobre la vivienda turística al entender que es un fenómeno urbano como el de las VTC y una mayor autonomía fiscal para implantar una tasa en la capital. De momento, la Comunidad de Madrid, que tiene la competencia, rechaza las propuestas.

LAS NORMATIVAS EN DISPUTA

El nuevo plan de hospedaje del Ayuntamiento de Madrid, enfocado a los barrios centrales de la capital, pretende “frenar la tendencia por el que las viviendas del centro de la ciudad se convierten en alojamientos temporales exclusivamente para turistas”. Para ello, exige una licencia para poder alquilar y establece un periodo de un año -ampliable otro más- hasta que se puedan otorgar de nuevo licencias en determinados distritos. Además, las viviendas para alquilar deben cumplir ciertos requisitos, como tener un acceso independiente.

En el caso de Bilbao, se establece que solo pueden ser viviendas de uso turístico las plantas bajas o primeras de los inmuebles, salvo que tengan acceso independiente a la calle, y se exige además autorización y registro para las viviendas de uso turístico y límites para las mismas.

Finalmente, en el caso de San Sebastián la normativa limita también las viviendas de uso turístico a las plantas bajas o primeras de los inmuebles salvo que tengan acceso independiente a la calle. Además, la normativa prohíbe nuevas viviendas turísticas en algunas zonas del centro de la ciudad.