El dato que el Gobierno 'esconde': 9 de cada 10 españoles quieren saber cuánto cobrarán de pensión pública

El Gobierno sigue sin aplicar una ley de 2011. Y sobre un tema tan sensible como las pensiones. Cada vez más expertos e instituciones se suman a la demanda de una mayor transparencia sobre el sistema. Esto es, informar a los ciudadanos sobre su futura pensión.

Con este cometido, la patronal de gestoras de fondos de inversión y de pensiones, Inverco, ha elaborado una encuesta con una conclusión clara: el 90% de los españoles cree que planificaría su jubilación si conociese la pensión pública estimada que cobrará durante este periodo de retiro. “Hay una obligación a través de una ley que salió del Parlamento y contra la que no ha habido proposiciones”, recuerda Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco.

La asociación ha encargado un sondeo a Fron Query, que ha realizado 1.100 encuestas a lo largo de todas las comunidades autónomas, teniendo en cuenta su población. El 96% de las personas preguntadas dice además que el Estado “debería informar” sobre la futura pensión de forma anticipada, mientras que el 95% opina que es un derecho del trabajador.

Hay una obligación a través de una ley que salió del Parlamento y contra la que no ha habido proposiciones

Donde hay más disparidad es en la periodicidad que debería tener la acción de informar por parte del Estado, ya que el 61,6% opta por responder que de forma anual y el 22% quiere que fuese bianual. Asimismo, el 78% de los encuestados no conoce la ley aprobada en el Parlamento en 2011 que exige que la Seguridad Social “informe”, mientras que el 80% no conoce el simulador web de la institución. Y dentro de los que lo conocen, la mitad lo usa. Es decir, apenas uno de cada diez trabajadores.

Por otro lado, el 92% de los encuestados no ha utilizado ningún otro simulador, como los que suelen tener servicios de estudios o entidades financieras. En este punto hay que tener en cuenta que “el ciudadano desconoce la base de cotización. La Seguridad Social es la institución que tiene toda la información de la vida laboral”, explica Martínez-Aldama.

La encuesta también desvela que hay preocupación entre los españoles. El 96% asegura estar “preocupado” porque el sistema público de pensiones no sea sostenible a largo plazo mientras que el 76% teme que la pensión pública sea más baja cuando se jubilen que la actual, y dos de cada tres consideran que la cuantía que reciba del Estado será como máximo un 75% de su pensión. “Estas preocupaciones son una muestra de la importancia de informar a los trabajadores, ya que las pensiones se van a pagar, otra cosa es que la cuantía pueda disminuir en términos reales -descontando la inflación-”, sostiene el presidente de Inverco. “Sería bueno para la Seguridad Social que informe para que no haya alarma”, agrega.

Aunque Inverco es parte interesada, por ser la patronal de las gestoras que presumiblemente venderán más productos si cae la pensión pública en términos reales, lo cierto es que hay un consenso entre los expertos sobre la necesidad de más transparencia. De hecho, hace menos de un mes los diputados se llevaron un tirón de orejas en este sentido del Banco de España (BdE) y de la OCDE. “Los ciudadanos deben saber cuánto cobrarán de pensión”, señaló Pablo Hernández de Cos, director de economía y estadística del BdE.

La Seguridad Social lanzó un portal para que los trabajadores que lo deseen simulen la pensión que cobrarán teniendo en cuenta las cotizaciones aportadas a la caja única. La herramienta se lanzó en 2015, con caída en su primer día. Pero el problema no es la velocidad o usabilidad, sino que “más que informar, desinforma”, denuncia siempre Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco. La calculadora no tiene en cuenta la inflación, con lo que al hacer una estimación futura, crea “una ilusión monetaria”. Tampoco restringe el cálculo con el máximo legal de la pensión, de 2.573,7 euros mensuales en 2017, con resultados incluso de 4.000 euros.

Además de las deficiencias de este simulador, la Seguridad Social evita realizar el acto de “informar” como especifica la ley. Una acción que ya realizan diez países de la Unión Europea: Alemania, Austria, Croacia, Finlandia, Francia, Irlanda, Portugal, Reino Unido y Suecia.

¿CÓMO AHORRAN LOS ESPAÑOLES?

La encuesta refleja que el 76% de los ciudadanos preguntados tiene algún tipo de ahorro para la jubilación, aunque sólo el 21% realiza aportaciones mensuales. El 50% de los ahorradores opta por los depósitos y el 46% por los planes de pensiones, una opción que destaca en las encuestas pero cuyo patrimonio crece en los últimos años casi en exclusiva por las revalorizaciones de los productos, ya que las aportaciones apenas cubren las prestaciones.

La ventana de liquidez afectará a los gestores, que tendrán que rotar desde activos ilíquidos a otros más líquidos

El Gobierno ha movido ficha para elevar el atractivo, aunque no con una revisión de la fiscalidad como llevaba el PP en su último programa electoral. En vez de Hacienda, ha sido el Ministerio de Economía, con una reducción de las comisiones máximas de los planes de pensiones de renta fija (0,85%) y mixtos conservadores (1,3%), y una ventana de liquidez de diez años. La primera será en 2025 para las aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2015 en los individuales.

Ante ello, Martínez-Aldama pide algún tipo de límite para evitar salidas masivas de dinero. “Afectará a los gestores, que tendrán que rotar desde activos ilíquidos a otros más líquidos antes de la ventana de liquidez, lo que tendrá un coste de rentabilidad para todos los partícipes, quieran o no sacar el dinero”, arguye. Asimismo, insiste en la necesidad de una revisión fiscal, para que al menos las rentabilidades generadas tributen por los tipos del ahorro, del 19% al 23%, en vez de por los del IRPF, que son más altos. No obstante, “en los últimos diez años ha habido siete reformas fiscales y todas para peor”, lamenta.