Movilizaciones de los funcionarios para que el Gobierno les suba el sueldo

CSIF llevará a cabo una campaña de movilizaciones para que el Gobierno suba los salarios de los empleados públicos desde el 1 de enero, haya o no acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2019. Así lo ha anunciado este viernes el sindicato y ha informado de que el primer acto de esta campaña de movilizaciones tendrá lugar el próximo lunes, con la realización de una concentración a las puertas de la Dirección General de Función Pública.

En concreto, CSIF pide que se aplique por decreto la subida salarial del 2,25% acordada para 2019 ante la ausencia de las cuentas públicas. "Tenemos la impresión de que el Gobierno podría utilizar a los empleados públicos como última baza para recabar apoyo a los Presupuestos", aseguran desde el sindicato que preside Miguel Borra.

Ante la posibilidad de la prórroga presupuestaria o del retraso en la aprobación de unos nuevos Presupuestos, CSIF subraya que utilizando el decreto se aseguraría la actualización de los sueldos de los empleados públicos y se evitarían demoras como las sufridas en los últimos años.

CSIF pide que se aplique por decreto la subida salarial del 2,25% acordada para 2019 ante la ausencia de las cuentas públicas

CSIF también demanda que se repartan los fondos adicionales (0,20% ciento adicional a la masa salarial en 2018 y 0,25% en 2019) para avanzar hacia la equiparación salarial, que se concrete la oferta de empleo público (aún no ha salido la convocatoria de 2018 y hay que definir la de 2019) y que se agilicen los procesos de estabilización de plazas interinas, especialmente en ámbitos como la sanidad.

Al mismo tiempo, el sindicato insta al Gobierno a desbloquear el convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado, que afecta a más de 40.000 personas y que, tras tres años de negociación, "se encuentra empantanado por falta de una propuesta económica", según la organización sindical.

CSIF ha recordado que más de 25.000 trabajadores de la AGE (ordanzas, peones, personal de mantenimiento y limpieza, entre otros) apenas cobran 900 euros al mes, por lo que reclama el establecimiento de un salario mínimo de 1.200 euros mensuales.