Los pensionistas pierden poder adquisitivo con la amenaza de que se hunda a largo plazo

La reforma de las pensiones aprobada en la pasada legislatura ha permitido a los pensionistas aumentar su poder adquisitivo en los años de ausencia de inflación o deflación, ya que la ley establece una subida mínima de la pensión del 0,25%. Sin embargo, en 2016 pierden poder adquisitivo y volverán a hacerlo en 2017, ya que el Gobierno aprobará este viernes una revalorización en este mismo porcentaje para un ejercicio en el que maneja una previsión de IPC del 1,2%.

El Ejecutivo ha decidido aprobar la actualización de las pensiones mediante un Real Decreto debido a que aún no hay Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, sino que se prorrogarán los de 2016. Así, está previsto que el Consejo de Ministros apruebe este viernes una medida que deberá ser convalidada por el Congreso, donde el Gobierno deberá contar con el apoyo de otros partidos.

El Ejecutivo ha decidido aprobar la actualización de las pensiones mediante un Real Decreto debido a que aún no hay Presupuestos Generales del Estado para el próximo año

Por ahora, los principales sindicatos, CC.OO. y UGT, han mostrado su oposición y piden que la subida sea del 1,2% en línea con la inflación esperada, según informa la agencia Europa Press. Una propuesta que coincide con la presentada por algunos de los partidos con más peso entre la oposición, recuerda Europa Press, como PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y PDC, que registraron en octubre en el Congreso una proposición no de ley en la que pedían una revalorización del 1,2% para 2017.

Una propuesta que incluso también podría quedarse corta. El IPC anual de diciembre se situó en el 1,5%, ocho décimas más que en noviembre, con el mayor incremento en un mes de la tasa anual desde 2007. Es decir, en comparación con el año anterior, los pensionistas han perdido 1,25 puntos porcentuales de poder adquisitivo en diciembre y la tendencia continuará, según la mayoría de las previsiones. De hecho, el panel de expertos de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) advierte de que las alzas del petróleo tras el acuerdo para recortar la producción por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) podría impulsar el indicador de inflación hasta acercarlo al 2% a finales del próximo ejercicio.

Esto supone un alivio para la sostenibilidad de las pensiones, que a corto plazo está en entredicho. Al menos que la Seguridad Social pueda seguir siendo autosuficiente. No en vano, el Fondo de Reserva o 'hucha de las pensiones' ha disminuido ya hasta 15.195 millones de euros, tras disponer hace una semana de otros 936 millones para hacer frente a la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Una cantidad que será incluso insuficiente el próximo año para compensar el déficit de la Seguridad Social si se mantiene el previsto para 2016 de 18.000 millones de euros.

PEROS AL AVANCE EN LA SOSTENIBILIDAD

Sin embargo, hay dos peros a este avance en la sostenibilidad. Uno es que a corto plazo aún no se disipa el problema a falta de que se aprueben medidas como las planteadas de financiar parte de las pensiones -viudedad y orfandad- vía impuestos. Aunque sí disipa el problema a largo plazo, como muestra el estudio 'Finanzas públicas e inflación: el caso de España' de los economistas del Banco de España Pablo Hernández de Cos, Samuel Hurtado, Francisco Martí y Javier J. Pérez. El informe, a partir de los datos actuales, prevé que mejore la sostenbilidad de las cuentas de la Seguridad Social a costa de un descenso del poder adquisitivo de los jubilados en escenarios de inflación superior al actual. La razón es sencilla: la última reforma, con la introducción del factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, desvinculó las actualizaciones de las pensiones de la inflación, e introdujo variables en la ecuación que presionan a la baja el resultado que se utilizará para las subidas, y que dependen de la esperanza de vida en el momento de la jubilación, el déficit de la Seguridad Social o las revalorizaciones de los 11 años anteriores.

El problema a corto y medio plazo es la sostenibilidad (por la tendencia de la hucha de las pensiones), pero a largo plazo más que esto el problema es la adecuación

Antes de la crisis, las pensiones se revalorizaban en función de la previsión. Se establecía una subida inicial, que entre 2004 y 2009 fue del 2%, y después, en caso de que el IPC superara este nivel, se dotaba de una compensación adicional. De esta forma, en todos los años la variación del poder adquisitivo de los pensionistas fue nula salvo en 2009, cuando ganaron un 1,7%. En 2010 el poder adquisitivo de los pensionistas volvió a permanecer constante, mientras que en 2011 perdieron un 2,9% por la congelación de las pensiones, y en 2012 otro 1,9%. En 2013 y en 2014 ganaron un 1,7% y un 0,7% respectivamente, mientras que desde 2014 se han revalorizado cada año. Esto ha supuesto en los dos primeros ejercicios una mejora del poder adquisitivo ante el escenario de deflación del 1% primero y de ausencia de inflación después, mientras que en 2016 parece que sufrirán una leve caída de su pensión en términos reales -descontando la inflación- que aumentará dramáticamente en 2017.

El segundo pero va en esta línea, y es de adecuación, como lo describe Diego Valero, presidente de la consultora Novaster y profesor de la Universidad de Barcelona: "El problema a corto y medio plazo es la sostenibilidad (por la tendencia de la hucha de las pensiones), pero a largo plazo más que esto el problema es la adecuación. Se va a pagar muy poco. El factor de sostenibilidad implica una caída del poder adquisitivo de las pensiones".

“La gran mentira que no se ha contado es que la última reforma provocará que los pensionistas pierdan de media cada año un 5% de su poder adquisitivo desde 2018. La gente necesita saberlo para que planifique su pensión. El sistema no va a desaparecer, pero las pensiones serán menores”, advierte Gregorio Gil de Rozas, experto en pensiones de la consultora Willis Towers Watson. En este sentido, hace referencia al interés compuesto y al escaso margen de maniobra que tendrán los futuros jubilados para mantener su nivel de vida en caso de que no hayan optado por fórmulas privadas de ahorro para complementar la pensión pública, ante la suposición de que ésta sea suficiente como ha ocurrido hasta ahora en la mayoría de los casos.

De hecho, un informe de la Unión Europea publicado el pasado año, y en el que participaron en su elaboración funcionarios españoles, pone el acento en este sentido: la tasa de reemplazo o sustitución, que mide el porcentaje que representa la pensión frente al último salario percibido, se situó en 2013 en el 79% en España. A partir de ahí, el estudio proyecta una clara tendencia a descender hasta el 48,6% en 2060, fecha en la que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, prevé que el gasto en pensiones se sitúe en el 11% del PIB. Entre medias, la tasa de sustitución se reducirá paulatinamente pasando por el 73,6% en 2020; 66,1% en 2025; 60,6% en 2030; 58,3% en 2035; 56,1% en 2040; 53,6% en 2045; 51,7% en 2050; y 49,9% en 2055.