Los 27 adoptan las nuevas normas para garantizar pagos instantáneos
Permitirá a las personas transferir dinero en diez segundos en cualquier momento del día
Los Veintisiete han adoptado las nuevas reglas para garantizar que las transferencias bancarias lleguen inmediatamente a las cuentas de los particulares y las empresas de la Unión Europea, así como a los países del Espacio Económico Europeo.
La regulación de pagos instantáneos permitirá a las personas transferir dinero en diez segundos en cualquier momento del día, incluso fuera del horario comercial, no sólo dentro del mismo país sino también a otro estado miembro de la UE.
Las nuevas normas, que ya fueron adoptadas también por el Parlamento Europeo, actualizan el reglamento de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA, por sus siglas en inglés) y entrará en vigor después de un período de transición que será más rápido en la eurozona y pero tendrá una entrada más paulatina en los países no pertenecientes a la zona del euro, ya que necesitarán más tiempo para adaptarse.
Los proveedores de servicios de pago, como los bancos, que ofrecen transferencias de crédito estándar en euros, deberán ofrecer el servicio de envío y recepción de pagos instantáneos en euros y, si se aplican cargos, estos no deberán ser superiores a las transferencias de crédito estándar.
El reglamento concede acceso a las entidades de pago y de dinero electrónico (PIEMI) a los sistemas de pago, modificando la directiva sobre la firmeza de la liquidación (SFD). En consecuencia, estas entidades quedarán cubiertas por la obligación de ofrecer el servicio de envío y recepción de transferencias de crédito instantáneas tras un período transitorio.
Según las nuevas reglas, los proveedores de pagos instantáneos deberán verificar que el IBAN y el nombre del beneficiario coincidan para alertar al pagador sobre posibles errores o fraude antes de realizar una transacción. Este requisito también se aplicará a las transferencias regulares.
El reglamento incluye, además, una cláusula de revisión que exige a la Comisión Europea presentar un informe que contenga una evaluación de la evolución de las cargas crediticias.