La nueva ley del alquiler inclina la balanza a favor del inquilino

Desde este mismo miércoles, todos los contratos de alquiler que se ejecuten tendrán unas nuevas condiciones. Comienza a funcionar oficialmente el decreto ley aprobado el pasado viernes por el Gobierno, después de que haya sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según los expertos, las medidas que incluyen favorecen sobre todo al inquilino y no se hace frente al principal problema, los precios.

El decreto sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos no tiene el beneplácito de todos los sectores. Algunos consideran que desequilibra la balanza penalizando a los propietarios y "en un contrato de alquiler siempre hay dos partes".

Así lo cree el jefe de estudios del portal inmobiliario Idealista, Fernando Encinar, que añade que estas medidas "acabarán provocando que la oferta sea menor y los precios suban". Echa en falta "más soluciones que animen a los propietarios de casas vacías a ponerlas en alquiler", a la vez que afirma que "con lo aprobado por el Gobierno se genera más incertidumbre legal y aumenta la desconfianza".

Entre estas polémicas medidas, las principales novedades que tendrán que incluir los contratos de alquiler que se firmen a partir de ahora son la ampliación del plazo de prórroga obligatoria legal de 3 a 5 años, con lo que se aumenta el tiempo mínimo en el que el inquilino puede permanecer en la vivienda arrendada, y la limitación hasta un máximo de dos mensualidades de fianza, salvo que se trate de contratos de larga duración.

No se incluyen medidas encaminadas a intervenir los precios del alquiler pese a ser uno de los compromisos del Gobierno en su pacto presupuestario con Podemos

No obstante, no incluye medidas encaminadas a intervenir los precios del alquiler a pesar de ser uno de los compromisos del Gobierno en su pacto presupuestario con Podemos, aunque el Ministerio de Fomento no ha descartado que esta medida se incluya más adelante. Algo que desde Fotocasa valoran.

Su directora de estudios, Beatriz Toribio, "el precio de los alquileres se está normalizando en buena parte del país" y "ya está dando claros signos de estabilización". "Algunas de las medidas que se habían planteado para controlar los precios no eran las más convenientes para mejorar la oferta de vivienda en alquiler, el principal problema que tiene este mercado".

En cuanto a las otras medidas, el portal inmobiliario cree que "no solo dan mayor estabilidad al arrendatario, sino también al arrendador que busca seguridad y tranquilidad, sobre todo en el caso de tener un buen inquilino". Además, pese a que la fianza es "la principal herramienta que tienen los propietarios en caso de impago o desperfecto, en los últimos tiempos se estaba convirtiendo en una importante barrera de entrada para acceder a una vivienda de alquiler debido a las fuertes subidas de precios".

Eso sí, en general, Fotocasa considera que el mercado del alquiler en España necesita "una mayor seguridad jurídica para inquilinos y propietarios" y "las medidas aprobadas están orientadas a proteger sobre todo a los primeros". "Necesitamos un mercado del alquiler más estable y profesionalizado y para ello éste tiene que ser atractivo y seguro. Los propietarios, ya sean profesionales o particulares, tienen que tener garantías de que su inversión o ahorro no corre riesgos, porque si no la oferta se contraerá", concluye el portal.

ALQUILER TURÍSTICO, DESAHUCIOS Y PRESIÓN FISCAL

Este decreto ley también incluye otros cambios a tener en cuenta en los nuevos contratos de arrendamiento. En cuanto a los desahucios, reforma el procedimiento mejorando la coordinación entre órganos judiciales y servicios sociales competentes y facilitando la adopción de medidas especiales.

Las comunidades de vecinos se adopten acuerdos que limiten o condicionen el alquiler turístico

Se establecen unos trámites y plazos que ofrecen mayor seguridad jurídica tanto a inquilinos como a propietarios. Así, desde la notificación del embargo, los servicios sociales tienen la obligación de emitir un informe al juzgado, momento en el que se interrumpe el plazo de desahucio durante un mes.

En lo relativo a los impuestos, se reducen las cargas fiscales que conlleva el mercado del alquiler de vivienda habitual. En concreto, se establece la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente. También, se elimina la obligación de repercutir el IBI al arrendatario en el alquiler social de vivienda y se habilita a los ayuntamientos la posibilidad de establecer una bonificación de hasta el 95% en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado.

Uno de los asuntos con más polémica es el relativo al auge que el alquiler turístico tiene en las grandes ciudades. Con las medidas dictadas por el Gobierno, se abre la posibilidad de que, por mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios, en las comunidades de vecinos se adopten acuerdos que limiten o condicionen el ejercicio de la actividad del alquiler turístico, con el fin de "favorecer" la convivencia.