Las subidas de impuestos de Montoro redujeron el PIB en 25.000 millones

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ha presumido esta semana de que desde 2019 reducirá la presión fiscal sobre el bolsillo de los trabajadores. El crecimiento de la economía le da este margen. Hace cinco años la historia era opuesta. España estaba en recesión y Bruselas apretaba por el agujero de las cuentas públicas. En aquel momento, cada incremento de impuestos del 1% del PIB destruyó riqueza por valor de 12.000 millones de euros.

Así lo muestra un estudio divulgado por el Banco de España sobre el impacto en la economía de los cambios de la presión fiscal. “Un aumento de los impuestos equivalente al 1% del Producto Interior Bruto (PIB) reduce el producto un 1,3% después de un año”, concluye el informe ‘Los efectos en el producto de los cambios de impuestos: evidencia narrativa desde España’ de los economistas del BdE Francisco Martí, Javier J. Pérez y Roberto Ramos; el economista del Banco Central Europeo (BCE) Richard Morris; y Paula Gil, profesora de la Universidad Complutense.

Los cálculos econométricos de estos expertos vinculan las alzas de impuestos de los diferentes gobiernos durante las últimas tres décadas con la actividad económica. Se produce un efecto multiplicador, en este caso negativo. Lo que se conoce en la jerga como efecto keynesiano, que muchos economistas niegan. Dado que por cada 1% adicional del PIB en impuestos se reduce este indicador en un 1,3%, hay un 0,3% que no se trasvasa desde el bolsillo de los trabajadores y los empresarios a las arcas públicas, sino que se evapora. Un coste neto de más de 3.000 millones de euros para la economía si se compara con el PIB de la última década, por encima del billón de euros anuales.

En las últimas tres décadas, por cada 1% adicional del PIB en impuestos se reduce este indicador en un 1,3%

Estos mismos cálculos rebajan la factura hasta el 1,2% de la producción anual en el periodo entre 2008 y 2013, periodo en el que los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, con Elena Salgado y Cristóbal Montoro como ejecutores, fueron proclives a subir los impuestos ante el desajuste de las cuentas de las administraciones públicas y las exigencias desde el Ejecutivo comunitario para cumplir -o acercarse- a las metas de déficit consensuadas.

Es decir, por cada subida de impuestos de Salgado o Montoro se golpeó a la economía en más de 12.000 millones de euros. Un total de 2.000 millones de euros se perdieron como efecto multiplicativo del aumento de la presión fiscal, en un momento en el que además el ciclo económico era recesivo.

El cambio de signo en la evolución de la presión fiscal se produjo en 2010, tras dos años de intentos por parte de Zapatero para estimular la economía con gasto público. Fruto de ello, y de la recesión, el déficit se disparó hasta el 10% del PIB. La respuesta fue un paquete de incrementos de tributos que alcanzó el 1,3% de la riqueza generada ese año por la economía. En 2011, último año del PSOE en Moncloa, hubo otro incremento del 0,4% del PIB, señalan los economistas autores del estudio.

Tras las elecciones de noviembre de 2011, Rajoy tomó posesión del Gobierno con mayoría absoluta en el Congreso. Montoro fue el responsable desde el Ministerio de Hacienda -que Rajoy separó de Economía- de diseñar los recortes para cumplir con Bruselas. Además del tijeretazo a los presupuestos, “el tamaño del aumento -subida de IRPF, principalmente- ascendió al 0,75% del PIB en la primera mitad de 2012”, estiman los autores del estudio publicado por el BdE.

LA PRESIÓN FISCAL SE RECRUDECE

La presión sobre las cuentas públicas continuó mientras que el Eurogrupo aceptó un crédito especial de 100.000 millones de euros para recapitalizar el sistema financiero. El foco siguió sobre la recaudación. “En general, los compromisos tributarios se incrementaron un 1,1% del PIB en la segunda mitad de 2012. Estas subidas de impuestos fueron complementadas con algunas reducciones en el gasto público, entre ellos una disminución del salario de los funcionarios y una reducción de las prestaciones por desempleo”, añaden los economistas del BdE, del BCE y de la Complutense. Un año después, el aumento de las cotizaciones sociales para los asalariados de mayores ingresos y la reducción en las deducciones de las empresas supusieron un “pequeño incremento en la base de impuestos para las empresas” que representó el 0,2% del PIB.

En total, las estimaciones de la investigación apuntan a un incremento de la presión fiscal del 2% del PIB entre 2012 y 2013, los dos primeros años del Gobierno de Rajoy con Montoro como titular de Hacienda. En este periodo, el coste para la economía se multiplicaba en 1,2 veces, con lo que el daño al PIB se elevaría según estos cálculos al 2,4%, cerca de 25.000 millones de euros. Y de este montante, 5.000 millones de euros se perdieron sin que pasaran de las personas físicas o jurídicas a la recaudación pública.

El impacto se produce a lo largo de los siguientes trimestres -los cálculos son en base a un año después del incremento impositivo- y se evapora a largo plazo, explican estos investigadores. “El grado de caída del producto está sujeto a incertidumbre, ya que las bandas de confianza -precisión del cálculo- son amplias”, admiten estos expertos, aunque “este resultado está en línea con la literatura narrativa para otros países”.

MÁS PRESIÓN SOBRE LOS TRABAJADORES

El efecto de la imposición indirecta es mayor y, después de un aumento impositivo, la inversión reacciona más que el consumo

Los autores del estudio divulgado por el BdE explican que el impacto de la presión fiscal difiere en función del contribuyente y del tipo de tributo. “Los resultados también muestran que el efecto de la imposición indirecta es mayor y que, después de un aumento impositivo, la inversión reacciona más que el consumo”, sostienen.

Este puede ser un argumento de Montoro para defender el esfuerzo al que ha sometido a unos u otros agentes económicos. El ministro, envuelto ahora en la presión de la oposición por la amnistía fiscal tras la sentencia del Tribunal Constitucional en contra, anticipó esta semana bajadas del IRPF a partir de 2019. Un impuesto sobre el que ha recaído gran parte del ajuste para tratar de alcanzar los objetivos de déficit, que este año está en el 3,1% del PIB.

Las cifras de recaudación durante la última década apuntan en esta dirección. El Ejecutivo estimó que recaudará 78.027 millones de euros en 2017 por IRPF, según se recoge en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017. Un registro que será máximo histórico y que supera con holgura los 72.614 millones de euros de 2007. Por su parte, los ingresos por Sociedades, si se cumplen estas estimaciones, ascenderán a 24.399 millones de euros, apenas el 54% de los 44.823 millones de hace una década (ver cuadro).

El aumento de los ingresos públicos puede deberse a una mayor presión fiscal o al crecimiento de la variable. Cuanto más elevado sea el nivel de empleo y más salarios cobren los trabajadores, mayor será la recaudación por IRPF. Pero esto último no es lo que ha sucedido, a tenor de la evolución del PIB. Una de las tres vías para calcular el indicador de referencia sobre la riqueza que genera un país es la suma de rentas. Las variables más importantes son la remuneración de los asalariados y el excedente bruto de explotación (EBE). Aunque incluyen otros componentes, están compuestos principalmente de los salarios y de los beneficios empresariales respectivamente.

En el primer trimestre, el PIB -secuencia de 12 meses- alcanzó por primera vez los niveles de 2008. Pero en este trayecto, el componente de remuneración de los asalariados apenas ha crecido al pasar de los 135.422 millones de euros de los tres primeros meses de 2008 hasta los 138.613 millones del primer trimestre de 2017, según las estadísticas del INE. El porcentaje sobre el PIB ha disminuido del 50,1% hasta el 47,6%. Al mismo tiempo, el excedente bruto de explotación se ha elevado un 26% hasta alcanzar los 131.417 millones, el 45% del total.