Las centrales nucleares quieren 'jubilarse' a los 60 años

Donald Trump propuso hace unas semanas “fortalecer y expandir” la capacidad nuclear de Estados Unidos. En España ningún político ha propuesto medidas similares en los últimos meses de elecciones y agitada investidura. Sin embargo, en nuestro país sí se han tomado decisiones respecto a la primera fuente de generación eléctrica durante los últimos seis años, la energía nuclear.

El pasado viernes 16 de diciembre, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio a conocer un borrador que pretende terminar con una práctica que hasta ahora se llevaba a cabo en las centrales nucleares españolas: la renovación de la licencia de funcionamiento de una planta durante diez años estaba supeditada a una revisión integral de seguridad, conocidas en el sector como RPS.

Si este borrador sale adelante se mantendrán las revisiones, pero no serán necesarias para alargar el uso de los reactores. El Gobierno, que tiene las competencias para permitir el uso de las centrales, podría conceder licencias a las compañías eléctricas por períodos más largos que los actuales diez años que rigen en esta industria.

De hecho, esta decisión se toma casi al mismo tiempo en el que el CSN se tiene que pronunciar sobre la petición de Endesa e Iberdrola para explotar la central de Santa María de Garoña (Burgos) los próximos 17 años, pese a que desde 2012 se encuentra cerrada por motivos empresariales. El período que pide Nuclenor –la compañía que controlan a partes iguales Endesa e Iberdrola- supondría alargar la vida útil de la planta hasta los 60 años. La cacereña Almaraz y las tarraconenses Ascó y Vandellós ya han anunciado que también pedirán operar hasta los 60 años, señalan fuentes del CSN.

Esta posible ampliación del período de funcionamiento de las nucleares españolas supone, de facto, extender 20 años la vida útil de las plantas desde los 40 años que siempre han manejado los distintos responsables de la cartera de Energía. Este período de 40 años es la vida de diseño que tienen las centrales españolas, “un término de ingeniería que consiste en establecer, para los análisis de seguridad, un límite temporal de funcionamiento de los componentes que, por razones técnicas o económicas, no se consideran reemplazables, como la vasija del reactor y el edificio de contención”, señala la Sociedad Nuclear Española, que defiende que no habría ningún tipo de problema en prolongar la vida útil de los ocho reactores de agua ligera que operan en España.

La organización que agrupa a un millar de profesionales del sector nuclear pone, además, el ejemplo de muchos de los países del entorno de España que ya han dado permisos de operación a sus centrales hasta los 60 años, como Francia, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Suecia, Finlandia o Suiza. En Estados Unidos ya se ha convertido en una tendencia habitual e incluso varios operadores estudian ampliar hasta 80 años la explotación de las plantas. 80, también, son los reactores que llevan 40 o más años en funcionamiento en todo el planeta.

Esta posible ampliación del período de funcionamiento de las nucleares supone extender 20 años la vida útil de las plantas que siempre ha manejado el sector

Sin embargo, esta revisión al alza de las centrales supone redoblar la apuesta por una energía no exenta de polémicas y muchas veces cuestionada por el impacto ambiental que generan sus residuos y la inseguridad de su reacción. “Una prolongación del funcionamiento del parque nuclear hasta los 60 años es una decisión trascendente, por ejemplo, en cuanto a la gestión de los residuos radioactivos. Estos incrementarían del orden de un 50% respecto a las previsiones del Plan General de Residuos Radioactivos vigente”, explica la consejera del CSN y exministra socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

Una visión que también comparte Francisco Castejón, físico nuclear en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y portavoz del Área de Energía de Ecologistas en Acción, que defiende el cierre paulatino de las centrales nucleares en España. “En 2024, las plantas estarán amortizadas y en 2028 terminarán todos los permisos vigentes en la actualidad, una fecha que debería poner punto y final a las nucleares y no en 2048 como pretende el sector, algo que nos parece insensato”, señala.

Castejón apunta además que España vive un momento clave del debate nuclear, pues, salvo el PP, el resto de los cuatros grandes partidos nacionales está en contra de ampliar la vida de las plantas hasta los 60 años. “La clave de la legislatura es que postura tomará Ciudadanos, en 2015 manifestó que deberían terminar a los 40 años, pero ya no se ha vuelto a pronunciar”, subraya.

Para Antonio Cornadó, presidente de la patronal Foro Nuclear, “la continuidad de las centrales nucleares es una estrategia energética acertada, ya que garantiza la independencia y la diversificación del abastecimiento energético a largo plazo y ayuda a mitigar el cambio climático”. Cornadó basa su opinión en los datos de generación eléctrica que presenta el sector líder en España durante los seis últimos años, con un 21,7% de la electricidad consumida en el país durante 2016.

Lo que todos los expertos consultados comparten es que no existen planes para construir nuevas centrales

El también director de comunicación de Nuclenor comenta que prescindir de forma prematura y precipitada de la energía nuclear “supondría tener que adoptar un plan improvisado de transición energética, incumplir los objetivos de seguridad de suministro y de reducción de emisiones e incrementar los precios de la electricidad para el consumidor final, perjudicando la competitividad de las empresas y el presupuesto de las familias”.

BRONCA EN EL CSN

Lo que todos los expertos consultados comparten es que no existen planes para construir nuevas centrales en una industria que genera 27.500 empleos, la mayoría de forma estable y cualificada, para un país con exceso de potencia instalada. “Construir hoy una planta nueva supone una elevadísima inversión tras la catástrofe de Fukushima, sólo asumible con una importante implicación del sector público, como en China o en Francia, o con condiciones de garantía de precios muy altos durante 35 años para el kilowatio nuclear, como en el caso del Reino Unido”, asegura Narbona.

La puerta abierta que ha dejado el CSN comporta una transición energética más lenta de lo que pretenden los ecologistas y la mayoría del arco parlamentario, además de armar de argumentos legales a las compañías eléctricas de cara a un cambio de Gobierno futuro en forma de fuertes indemnizaciones.

Las actas del CSN recogen que la propia Narbona dejó entrever en la reunión donde se aprobó el borrador de la nueva guía de seguridad que hasta ahora nadie había planteado una cuestión similar, excepto la patronal eléctrica UNESA. Algo que encontró respuesta en las palabras del consejero Fernando Castelló, que dijo que la guía de seguridad se está actualizando desde 2001, mientras que el también miembro del consejo Javier Dies replicó con que la última palabra sobre la duración del parque nuclear la tiene el Gobierno de Mariano Rajoy y no el regulador nuclear.

"Si la Administración decide que las plantas puedan operar más allá de su vida de diseño debe tener el informe preceptivo y vinculante del CSN para que desde el punto de vista de la seguridad nuclear y la protección radiológica, dicha operación sea segura, como ya ocurrió en el año 2009, cuando el CSN emitió su informe con las condiciones de seguridad para que una central nuclear española operara más allá de los 40 años", añade Castelló a preguntas de Bolsamanía.

El debate está vivo. Las nucleares quieren jubilarse a los 60. Pero son los políticos los que decidirán.