La UE impone a España una multa de 18,93 millones por manipular déficit de la Comunidad Valenciana

Europa ha aprobado este lunes una multa a España que asciende a 18,93 millones de euros por la manipulación por "negligencia grave" de las estadísticas de déficit y de deuda pública de la Comunidad Valenciana.

El falseamiento de las cuentas se produjo entre 1988 y 2011 por la ocultación sistemática de una parte del gasto sanitario, publica Europa Press. Pero la multa sólo castiga al periodo entre 2011 y 2012 ya que la Comisión Europea sólo dispone de poderes para investigar las estadísticas de los estados miembros desde entonces, y en 2012 ya se corrigieron los problemas detectados.

El importe de la multa se sitúa muy por debajo del máximo previsto en la legislación de la UE, que ascendería a 2.000 millones de euros en el caso de España (el 0,2% del PIB).

Europa: la investigación ha concluido con que la comunidad autónoma de Valencia cometió una negligencia grave al no registrar gastos sanitarios

No obstante, se trata de la primera vez que la UE sanciona a un Estado miembro por manipulación de las estadísticas basándose en la nueva legislación que se aprobó en 2011 a raíz del falseamiento de las estadísticas en Grecia, cuyo descubrimiento marcó el origen de la crisis de deuda.

"Nuestra investigación ha concluido que la comunidad autónoma de Valencia cometió una negligencia grave al no registrar gastos sanitarios", dijo el pasado mayo la comisaria responsable de Eurostat, Marianne Thyssen, al anunciar que Bruselas pediría una multa para España.

"Valencia ha informado incorrectamente sobre el gasto sanitario y ha enviado datos incorrectos sobre el gasto público a las autoridades estadísticas españolas. Como resultado de esto, durante mucho tiempo, los datos enviados por España a Eurostat en el contexto del procedimiento por déficit excesivo no eran plenamente correctos", agregó.

El Ejecutivo comunitario hace responsable de la negligencia a la Intervención General de la Generalitat Valenciana, y considera que actuó en solitario. Además se ha tenido en cuenta que las autoridades españolas han cooperado plenamente con la investigación.

FACTORES ATENUANTES QUE REBAJAN LA MULTA

De hecho, esta cooperación es uno de los "factores atenuantes" que Bruselas tuvo en cuenta a la hora de calcular el importe de la multa. También consideró que "la tergiversación no fue intencional, sino que se debió a una negligencia grave de una entidad que actuó por su cuenta" y que la infracción ya se ha corregido.

La tergiversación no fue intencional, sino que se debió a una negligencia grave de una entidad que actuó por su cuenta

Teniendo en cuenta estas circunstancias específicas, la multa propuesta por la Comisión se ha reducido al 20 % del importe de referencia.

El posible falseamiento de las estadísticas en la Comunidad Valenciana salió a la luz en mayo de 2012, en plena crisis de deuda, cuando España informó a Eurostat de que el déficit de 2011 tendría que revisarse al alza en 0,4 puntos porcentuales, hasta el 8,9% del PIB, respecto a la cifra notificada unas semanas antes.

Ello se debía sobre todo a la detección de gastos no registrados en las comunidades autónomas de Valencia y Madrid. Eurostat envió de inmediato una misión de inspectores a España para determinar la naturaleza del problema.

Por lo que se refiere a Madrid, consideró que el ajuste podría considerarse un caso excepcional, pero en la Comunidad Valenciana decidió lanzar una investigación en profundidad por posible manipulación continuada en julio de 2014.

El Gobierno español trató de paralizar el expediente mediante un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE alegando que "no existen indicios serios de la existencia de hechos que sean constitutivos de tergiversación de los datos relativos al déficit y a la deuda".

También acusó al Ejecutivo comunitario de haber realizado "una investigación encubierta, al margen del procedimiento establecido, con menoscabo de los derechos de defensa de España". Sin embargo, el Tribunal de Justicia ni siquiera ha celebrado todavía la vista sobre el caso.

ESPAÑA RECURRIRÁ LA MULTA

El Gobierno español recurrirá ante la Comisión Europea la multa impuesta a la Comunidad Valenciana por "negligencia grave" al considerar que existió manipulación en las estadísticas de déficit, según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Hacienda.

Los Estados miembros han aprobado este lunes una multa a España de 18,93 millones de euros por la manipulación por "negligencia grave" de las estadísticas de déficit y deuda en la Comunitat Valenciana mediante la ocultación sistemática de una parte del gasto sanitario.

El supuesto falseamiento de las cuentas se produjo entre 1988 y 2011, pero la multa se refiere sólo al periodo 2011-2012, ya que la Comisión Europea --responsable de presentar la propuesta de sanción-- sólo dispone de poderes para investigar las estadísticas de los Estados miembros desde entonces. En 2012 se corrigieron los problemas detectados.

El importe de la multa es prácticamente simbólico, ya que se sitúa muy por debajo del máximo previsto en la legislación de la UE, que ascendería a 2.000 millones de euros en el caso de España (el 0,2% del PIB).

No obstante, se trata de la primera vez que la UE sanciona a un Estado miembro por manipulación de las estadísticas basándose en la nueva legislación que se aprobó en 2011 a raíz del falseamiento de las estadísticas en Grecia, cuyo descubrimiento marcó el origen de la crisis de deuda.

"Nuestra investigación ha concluido que la comunidad autónoma de Valencia cometió una negligencia grave al no registrar gastos sanitarios", dijo el pasado mayo la comisaria responsable de Eurostat, Marianne Thyssen, al anunciar que Bruselas pediría una multa para España.

"Valencia ha informado incorrectamente sobre el gasto sanitario y ha enviado datos incorrectos sobre el gasto público a las autoridades estadísticas españolas. Como resultado de esto, durante mucho tiempo, los datos enviados por España a Eurostat en el contexto del procedimiento por déficit excesivo no eran plenamente correctos", agregó.

El Ejecutivo comunitario hace responsable de la negligencia a la Intervención General de la Generalitat Valenciana, y considera que actuó en solitario. Además se ha tenido en cuenta que las autoridades españolas han cooperado plenamente con la investigación.

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