La batalla por el 'statu quo' entre las CCAA pone en juego 3.000 millones del Estado

Las regiones se juegan mucho en la reforma del modelo de financiación autonómica. Sobre todo dinero, mucho dinero. Tanto, que los presidentes de las comunidades meten prisa al ministro Cristóbal Montoro para acometer ya la reforma del sistema actual, que data de 2009.

Los expertos coinciden en las prisas. El cambio se negociará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano en el que se reúnen los ejecutivos autonómicos con los ministros Cristóbal Montoro y Soraya Sáenz de Santamaría. El debate parte de un informe que entregó en julio un ‘comité de sabios’ tras seis meses de trabajo formado por seis miembros elegidos por el Gobierno y otros 15 por las comunidades autónomas. Es decir, todas salvo País Vasco y Navarra, que están fuera del régimen común por su foralidad, y Cataluña, que rehusó participar ante la deriva independentista de la ex cúpula de la Generalitat.

Los expertos hemos puesto líneas rojas para el proceso de negociación política con exigencias ​'técnicas​’

“Hemos allanado el terreno de juego para la fase política. Los expertos hemos puesto líneas rojas para el proceso de negociación política con exigencias ​'técnicas​’​”, resume Jorge Onrubia, profesor de la Universidad Complutense y el experto nombrado por Madrid, en una entrevista con ‘Bolsamanía’. “La reforma de 2009 fue muy diferente, condicionada​ ex ante​ a ​alcanzar resultados para ​algunos territorios”, añade. Elena Manzano, profesora de la Universidad de Extremadura y nombrada por esta región, opina de la misma forma: “El régimen de 2009 calca en todas las comunidades lo que quería Cataluña”, afirma.

Ambos expertos en financiación autonómica coinciden en la necesidad de reformar cuanto antes el modelo. Sin embargo, al igual que con otros académicos, chocan en uno de los puntos más controvertidos: el 'statu quo'. Este principio coincide en que ninguna región pierda con la reforma. Así, si en el nuevo reparto se decide que Extremadura tendrá 100 millones menos al año serán 100 millones que habrá que poner encima de la mesa.

La supervivencia del 'statu quo' es una de las premisas por la que lucharán en la negociación las regiones con menor renta per cápita. No en vano, el modelo salido del informe del ‘comité de sabios’ tiende a una menor solidaridad intraterritorial. Al menos, según cálculos de Ángel de la Fuente, investigador de Fedea y del CSIC, y uno de los expertos nombrados por el Gobierno. La recomendación de la Comisión de Expertos es la eliminación del 'statu quo' de forma gradual, “asegurando que ninguna comunidad pierda recursos en el año base del nuevo sistema, pero retirando gradualmente las compensaciones dentro de su periodo de vigencia", apunta De la Fuente.

GANADORES Y PERDEDORES

El investigador simuló el modelo propuesto por la Comisión de Expertos tomando como base el año 2015. En sus cálculos hay seis ganadores y nueve perdedores. Los dos mayores ganadores son Madrid y la Comunidad Valenciana. En el primer caso, con un aumento en sus recursos del 8,5% o 1.219 millones de euros, hasta los 15.588 millones. En el segundo, aumentan un 7,1% o 741 millones, hasta los 11.139 millones.

Entre las regiones para las que aumentan los ingresos también están Cataluña, Andalucía, Murcia y Canarias. En total, la mejoría de estas seis regiones es de 2.820 millones. Un montante de 156 millones saldrá desde el Estado como compensación de la supresión durante estos años del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE). Los 2.664 millones restantes suponen una merma de recursos desde el resto de comunidades del régimen común.

Es decir, con los datos de 2015, hay nueve regiones que pierden 2.664 millones en la financiación para sus competencias, entre las que están incluidas servicios públicos básicos como la educación o la sanidad. Entre las más perjudicadas destacan los descensos de más del 10% en ingresos, bajo la simulación de Ángel de la Fuente, para Cantabria, Extremadura y La Rioja. También pierden Castilla y León, Galicia, Baleares, Aragón, Castilla-La Mancha y Asturias.

Así, si persiste una cláusula de 'statu quo', el desembolso extra por parte del Estado en la financiación definitiva de 2015 sería de 2.664 millones de euros. Al aumentar la recaudación con la recuperación económica, es fácil que esta cifra se acerque a los 3.000 millones de euros anuales durante el tiempo que se decida mantener el 'statu quo', si es que finalmente se incluye. De hecho, el CPFF aprobó en julio entregas a cuenta para las regiones por valor de 105.040 millones de euros, con un aumento de 4.020 millones -un 4% más-, aunque esta cifra está en riesgo por la crisis catalana al haber afectado a la negociación de los presupuestos de 2018 y por la revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento.

La menor solidaridad se basa en el peso que se otorgan a las variables que se utilizan para calcular el reparto de recursos. El modelo de 2009 tenía en cuenta variables como la población protegida equivalente a efectos de gasto sanitario, la población en edad escolar (0 a 16 años), población mayor de 65 años y población total. A esto, el boceto del nuevo sistema amplía el rango de edad escolar de 0 a 18 años y la matrícula en ciclos formativos superiores, y añade universitarios matriculados en centros públicos y población en riesgo de pobreza.

BATALLA PERDIDA POR LA POBLACIÓN

Lo que no tiene en cuenta el sistema es la dispersión de la población, una batalla perdida en el ‘comité de sabios’ por parte de comunidades autónomas como Extremadura, Castilla-La Mancha o Castilla y León, que están entre las más perjudicadas con el cambio, y que históricamente han argumentado que la baja densidad de población incrementa el coste de la prestación de los recursos. El consenso fue el de evitar el debate de la población al considerar que en caso de realizarse debería ser en otra comisión con expertos en el cálculo del impacto de la densidad de la población en la prestación de los servicios públicos.

El 'statu quo' es la fórmula para garantizar la suficiencia financiera en comunidades autónomas que tienen mayor dispersión de población

Así, los gobiernos regionales de las comunidades más castigadas en la reforma negociada tienen como una de sus principales el 'statu quo'. “Académicamente es difícil sostener el 'statu quo', pero en una negociación no se le puede decir a alguien de partida que va a empeorar”, explica Elena Manzano. “Es la fórmula para garantizar la suficiencia financiera en comunidades autónomas que tienen mayor dispersión de población”, añade.

El informe de los expertos recogió un voto particular contra la eliminación de la cláusula de 'statu quo' por parte de Juan Manuel Rodríguez, propuesto por Cantabria; Alain Cuenca, desde Aragón; Natividad Fernández, propuesta por el Estado; Elena Manzano, desde Extremadura; Jaime Rabanal, experto propuesto por Castilla y León; y Juan José Rubio, desde La Rioja.

La cláusula de 'statu quo' cuenta con importantes críticas. “Aunque la Comisión de Expertos insiste en la necesidad de terminar con la cláusula de 'statu quo', es también consciente de la dificultad política de hacerlo de una forma inmediata”, arguye De la Fuente en su informe. El informe de los ‘sabios’ pide una reducción de los flujos niveladores -articulan la solidaridad- y asegura que “se deben respetar y asumir los resultados, sin caer en la tentación de corregir o compensar mediante fórmulas que complican y desnaturalizan sobremanera el modelo y producen resultados incomprensibles en términos económicos”.

Onrubia, uno de los mayores defensores de la eliminación del 'statu quo', resume: “No se justifica que estemos meses trabajando en una reforma para luego establecer compensaciones que la anulen. El problema es que desde 1986 en cada cambio se han hecho modificaciones sobre el mismo para mantener el 'statu quo'”, aunque admite que la propuesta de la supresión paulatina “es muy razonable”. El experto descarta hablar de ganadores o perdedores; su argumento es que “el modelo debe servir para financiar los servicios de forma eficiente”, y fuera del sistema podrá haber “fondos encargados de la convergencia regional”.