Ingreso mínimo: un potencial coladero para la economía sumergida y que elevará el paro

El ingreso mínimo vital que el lunes se aprobó en el BOE nace con graves deficiencias. Por un lado, no aflorará la economía sumergida, sino que hay un potencial coladero para que se beneficien de esta prestación aquellos que trabajan en 'negro'. Por otro, están sin definir los incentivos para buscar un trabajo cuando se cobra dicho ingreso, y eso va a ser crucial para que no se convierta en otro PER. En cualquier caso, va a disparar el paro registrado e incrementará aún más la deuda pública. Y sigue la línea del Gobierno de subvencionar a los que pierdan su trabajo en vez de dar incentivos para que lo mantengan.

Una de las explicaciones más extendidas de por qué en España no se podía hacer un confinamiento voluntario como en muchos otros países, sino que tenía que ser obligatorio, es que "somos como somos" y no íbamos a respetarlo (algo que comprobamos ahora con los incumplimientos masivos en la desescalada). Con el ingreso mínimo pasa lo mismo: en el país de Rinconete y Cortadillo, el diseño de esta prestación tendría que haber tenido en cuenta esa idiosincrasia en su diseño para evitar la picaresca generalizada.

Pero no lo ha hecho. Más allá de la cuestión ideológica de si debe o no haber una paga del Estado para quienes tienen menos recursos, su diseño deja mucho que desear, apela a un buenismo impropio de un país con entre el 20% y el 25% del PIB en la economía informal. Así el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, considera que este ingreso hará aflorar la economía sumergida... cuando no hay ningún impedimento para cobrarla prestación y seguir trabajando en negro.

Su argumento es que los solicitantes tendrán que hacer la declaración de la Renta. Sí, hay gente que está fuera del sistema que deberá entrar en él, pero la mayoría de los que cobran en B sí hacen la declaración (porque cobran una parte en A). Y además, presentarla no implica decir la verdad. De hecho, habrá muchos que declaren cero ingresos, ¿por qué no? El otro elemento clave son las sanciones, que solamente son perder la prestación durante tres o seis meses y, como mucho, tener que devolver lo cobrado ilegalmente. Ni multas ni embargos, ni ninguna otra medida disuasoria del fraude.

NO HACE FALTA BUSCAR TRABAJO PARA COBRAR

El otro gran problema del diseño de la medida es que el requisito para solicitar el ingreso mínimo no es buscar trabajo, sino simplemente apuntarse al paro. Lo cual va a tener como efecto inmediato la subida de la tasa de desempleo hasta en 5 puntos, según algunos expertos, porque esas personas ahora mismo no forman parte de la población activa (tanto las que no trabajan como las que lo hacen solo en B). Claro que en España las políticas activas de empleo autonómicas son un desastre, así que también es complicado ligar a ellas los requisitos para acceder a la prestación.

Aquí llegamos a un punto crucial para que funcione: cómo incentivar la búsqueda de empleo para evitar que se convierta en un nuevo PER (Plan de Empleo Rural) en el que a los receptores les interese más seguir en el paro que aceptar un trabajo. De momento, Escrivá y Pablo Iglesias solo han dicho que el salario no se restará completo del ingreso mínimo, pero el detalle lo dejan para un reglamento que tardará en aprobarse. Y el incentivo -es decir, la parte del ingreso mínimo que conservará tras aceptar un empleo- debería ser suficientemente elevado para que tenga sentido.

NO HAY INCENTIVOS FISCALES

Porque lo que no se contempla en ningún caso es dar incentivos fiscales, que sería lo más eficaz. Y no solo para los trabajadores, sino también -y sobre todo- para los empresarios, para que tengan un aliciente a contratarlos y a hacerlo en A. Pero aquí se trasluce de nuevo la ideología que inspira a este Gobierno, que le impulsa a subvencionar a quienes pierden el trabajo en vez de tomar medidas para intentar que lo conserven en la crisis actual.

Con este planteamiento, y a falta del famoso reglamento, de momento tenemos una medida que es un potencial coladero para la economía sumergida (no un efecto llamada como dicen, algunos, ya que exige un año de residencia legal en España) y que no incentiva la búsqueda de un empleo ni la contratación de trabajadores en 'blanco'. Y que va a suponer otro incremento de la deuda pública, mucho mayor del que sería necesario si no hubiera fraude. Como si no fuera ya a dispararse lo suficiente con la crisis que tenemos encima.