Impuestos especiales, ¿solución o "parche" para cumplir con los objetivos de déficit?

El pasado 19 de noviembre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que el nuevo Gobierno no subiría el IVA ni el IRPF para cumplir con el objetivo de déficit público del 3,1% comprometido con Bruselas para 2017. En su lugar, recurrirá de manera importante a los llamados impuestos especiales. La duda reside en si será suficiente.

La tarea, desde luego se las trae. El objetivo para 2017 consiste en rebajar el déficit al 3,1% frente al 4,6% establecido para 2016. Con esta meta en mente, Montoro ha abierto la puerta a atajar las bonificaciones fiscales a las grandes empresas y a subir los impuestos especiales. Es decir, aquellos productos que se entiende que son perjudiciales para la salud y por eso se desincentiva los ciudadanos a consumirlos. Además, se da la paradoja que tienen una doble imposición: a este tipo de tributo hay que sumarle el IVA que también se paga por ellos.

Con esta meta en mente, Montoro ha abierto la puerta a atajar las bonificaciones fiscales a las grandes empresas y a subir los impuestos especiales

Entre las novedades que presenta el Ministerio de Hacienda se incluye a las bebidas azucaradas en el carrito de la compra de los impuestos especiales. Una idea que no ha salido de la cabeza de Montoro ni de ninguno de sus colaboradores y que ya aplican países de nuestro entorno como el Reino Unido, Francia, Italia o Portugal. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya pidió un impuesto del 20% a los refrescos para “salvar vidas” en octubre. En España, la comunidad autónoma pionera en gravar este tipo de productos fue Cataluña, que lo incluyó en sus presupuestos, pero ahora tendrá que retirar este gravamen porque las decisiones fiscales del Gobierno central prevalecen.

Con el objetivo de mejorar la salud de los españoles o para recaudar más dinero, o para las dos cosas, el Ministerio de Hacienda también subirá los tributos de las bebidas alcohólicas destiladas (ginebra, whisky o ron, entre otras) y al tabaco. Quedarán fuera de este alza tributaria los hidrocarburos, la electricidad, la cerveza y el vino, que no está incluido en la lista de los impuestos especiales y sigue bonificado. La medida anunciada, además de la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros y la obligación de comunicar a Hacienda las facturas del IVA en cuatro días, pretende ingresar en las arcas del Estado unos 8.000 millones de euros en 2017.

Cabe recordar que este tipo de impuestos representaron el 10,5% de la recaudación de la Agencia Tributaria el pasado año, frente al 40% que supone el IRPF, el 33% del IVA o el 11% que aportan las empresas a través del Impuesto de Sociedades. Y es que en algunos productos que están incluidos entre los gravámenes especiales, la carga fiscal supone un 58% en el caso de la gasolina, mientras que el precio de lo que se paga por el gasóleo es un 55,5%.

UN 80% EN LA CAJA DE TABACO

En el caso de las cajetillas de tabaco, el margen que se lleva Hacienda llega hasta un 80%. Esto supone que si el precio medio de un paquete de cigarros industriales es de 4,5 euros, la tabacalera se lleva mucho menos de un euro, ya que el beneficio se ha de dividir también entre el estanquero o el establecimiento de venta al público. Esta situación ha favorecido que florezca un 'mercado negro' alrededor del negocio del tabaco. Desde la Asociación Empresarial del Tabaco (ADELTA) apuntan que desde 2008 a 2014 aumentó el contrabando de tabaco en un 165%. El comercio por Internet y la cercanía a países como Andorra y Gibraltar explican los datos.

Pero, ¿cómo pueden afectar estos incrementos fiscales al consumo de los productos? ¿Cómo se pueden ver afectados los ciudadanos? “Como no van a ser alzas que podríamos llamar confiscatorias, en principio no creo que los ciudadanos dejen de consumir de manera significativa el alcohol, el tabaco o los refrescos. Aun siendo artículos con una demanda inelástica, siempre se buscan sustitutivos y puede que estos aumenten”, comenta Jordi Porcel, abogado del Departamento Jurídico de la asesoría legal y tributaria FIDE. Los productos a los que hace referencia que se podrían ver beneficiados son otro tipo de bebidas como el vino o la cerveza, y en el caso de los fumadores, el tabaco de liar o los inhaladores de humo.

“En los últimos años es cada vez más habitual imponer tributos indirectos, que los consumidores no notan de una manera tan brusca los consumidores. Los Gobiernos también están impulsando los tributos medioambientales y en España no tardaremos en ver algo parecido”, explica Porcel. “Si todavía no se ha aplicado este impuesto 'verde' es porque las directivas de la Unión Europea se tienen que aprobar por unanimidad entre los países miembros. El futuro es imponer más carga fiscal a los combustibles por su valor calorífico y por lo que contaminan a la atmósfera. Ahora mismo pagan más impuestos los consumidores por la gasolina que por el gasóleo, pero esto es para favorecer el transporte de camiones y ahora se apuesta por el tren”, apunta.

“La reforma fiscal del nuevo Gobierno es un mal menor, respecto a otros impuestos más lesivos para el bolsillo del ciudadano”

Jesus Sanmartín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales, tiene claro que este tipo de impuestos es de los más efectivos, pero que la mejor solución pasa por un aumento del crecimiento económico que aminore el déficit en las cuentas públicas. “La reforma fiscal del nuevo Gobierno es un mal menor, respecto a otros impuestos más lesivos para el bolsillo del ciudadano”, señala el economista.

Desde la Unión de Contribuyentes, su directora Cristina Berechet, expone que la mejor solución para intentar cuadrar las cuentas es recortar el gasto de manera proporcional en todas las partidas de la Administración Pública y no hacer caer la mala gestión gubernamental sobre los ciudadanos. Montoro está dispuesto a recoger el guante de los que, como Berechet, le piden que reduzca el gasto público. Hacienda prepara un plan de impulso y transformación de la administración pública para acometer entre 2017 y 2019, que busca un ahorro de 900 millones de euros durante el próximo año. La reducción llegará, según explicó el ministro en la sesión de control del Pleno del Congreso del miércoles, por una mayor digitalización y coordinación entre las instituciones públicas además de una mayor racionalización.

El Gobierno debe cumplir un déficit del 4,6% este año, cumplir con Bruselas su compromiso de este verano y acometer un 'tijeretazo' de 5.500 millones de euros para los presupuestos de 2017. Al camino de las reformas iniciado en septiembre con el pago fraccionado del Impuesto de Sociedades, le sigue esta batería de medidas para intentar llegar a la senda de la Comisión Europea. El reto es que, de una vez por todas, España deje de cumplir los compromisos adquiridos con Bruselas.