El Gobierno veta la ley de alquileres del PSOE porque Hacienda dejaría de ingresar 2.121 millones

Hace dos semanas, el Gobierno vetó la tramitación en el Congreso de la de ley del PSOE para fomentar el alquiler porque su aplicación supondría una merma de ingresos para Hacienda, que ha cuantificado este jueves en 2.121,6 millones de euros.

Así lo detalla el Ejecutivo en el escrito de disconformidad con la tramitación de esta iniciativa que ha remitido al Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press. Una vez más el Gobierno vuelve a utilizar la potestad que le otorga el artículo 134.6 de la Constitución para frenar el debate de las normas que aumenten el gasto o suponga una reducción de ingresos.

A partir de ahora, la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, deberá decidir si avala este veto o, por el contrario, vota en contra del mismo y autoriza la tramitación de la iniciativa. De momento todo está a la espera de las decisiones que se adopten a raíz del informe jurídico sobre los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional que dio la razón a la Cámara Baja en su determinación de desoír el veto del Ejecutivo a una iniciativa del PSOE sobre la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

NO TRIBUTAR GANANCIAS PATRIMONIALES COSTARÍA 1.100 MILLONES

En su escrito de veto, el Gobierno señala que la exclusión del gravamen de las ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de un inmueble (siempre que el importe se reinvierta en adquirir un inmueble destinado al alquiler durante un plazo mínimo de diez años) produciría una disminución de ingresos de 1.100 millones, pues alcanzaría a 232.000 declaraciones.

El PSOE plantea que puedan acogerse a esta medida propietarios que alquilan en el marco de una actividad económica y los que generan rendimientos del capital mobiliario.

Asimismo, la exención de los rendimientos inmobiliarios por viviendas sujetas a alquileres cuando el arrendatario tenga entre 18 y 30 años y rendimientos de trabajo o actividades económicas superiores al indicador público de renta alcanzaría a 1.237.000 contribuyentes y supondría un descenso de 571,6 millones en la recaudación, según los cálculos del Gobierno.

Por último, el Ejecutivo sostiene que reimplantar la deducción por alquiler habitual a contribuyentes con base imponible inferior a 30.000 euros beneficiaría a 1.215.000 personas, afectando a los ingresos en 450 millones de euros.

Ya el pasado día 4 de mayo, el Gobierno informaba a la secretaria de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda del PSOE, Beatriz Corredor, del rechazo de la propuesta socialista porque “supondría una disminución de los ingresos presupuestarios”. Tras conocer la decisión, Corredor afirma que las cifras de caídas de ingresos públicos que contempla el Gobierno para ejercer el veto “se han tomado como un mero corta y pega, a la ligera y no corresponden con la propuesta del PSOE”. En su opinión, se trata de un veto “sin fundamento” y cree que el Gobierno ni siquiera ha querido considerar la proposición socialista.