Fomento levanta la barrera al rescate de las autopistas en quiebra sin saber cuánto le costará

Una decisión polémica que va a arrancar con el mismo nivel de controversia. El Gobierno aprobó el pasado viernes, en la reunión del Consejo de Ministros, el rescate a las autopistas en quiebra, que comienza este miércoles con la 'toma' de la R-4 Madrid-Ocaña (Toledo). El Ejecutivo de Mariano Rajoy aseguró a Bruselas que desembolsará algo más de 2.000 millones de euros en salvar a las autopistas de peaje con problemas, aunque algunos colectivos avisan de que la cifra podría ser mayor. Incluso Fomento dice ahora que no dispone de una previsión oficial de la cuantía.

Las autopistas pasarán directamente a manos de Fomento a través de la empresa pública SEITTSA, que se encargará de la gestión

El rescate se llevará a cabo mediante la rescisión de los contratos de concesión firmados en su día con las empresas que hasta ahora gestionaban estas autopistas deficitarias, pasando así directamente a manos de Fomento a través de la empresa pública SEITTSA. La medida, ha dicho el departamento que dirige Íñigo de la Serna, permitirá mantener el servicio y los actuales empleos (cerca de 700) con las mismas condiciones en todas y cada una de estas vías. El primero es el que tiene lugar este miércoles, el de la R-4, pero también hay fecha ya para otros dos: el 1 de abril el Estado tomará el control del tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y de la AP-7 Circunvalación de Alicante.

Las otras autopistas que pasarán a manos del Gobierno, aunque todavía no hay fecha para ello, son la R-2 Madrid-Guadalajara, la R-3 Madrid-Arganda, la R-5 Madrid-Navalcarnero, la M-12 Madrid-Aeropuerto de Barajas, y la AP-36 Ocaña-La Roda. Según ha explicado Fomento, el órgano de contratación de estas concesiones es el Consejo de Ministros, por lo que le corresponde a él resolverlos. No obstante, antes deben abordarse una serie de trámites administrativos. Una vez finalizados, el Consejo de Ministros aprobará la mencionada resolución.

Aunque en realidad las vías en quiebra son nueve. La que resta, la AP-41 Madrid-Toledo, no fue incluida en la orden del Ministerio de Fomento aprobada el pasado viernes porque el proceso de su concurso de acreedores acumula cierto retraso, y aún no ha llegado a la fase de liquidación, como sí ha ocurrido en los otros casos. En cuanto eso ocurra, el Gobierno anulará también el contrato de concesión y tomará el control de la misma.

¿CUÁNTO COSTARÁ EL RESCATE?

Aunque el coste de este rescate no está claro. El Ejecutivo lo estimaba en algo más de 2.000 millones de euros el pasado mes de octubre, cuando envió a Bruselas el Plan Presupuestario con las estimaciones para este año, tras la prórroga de los PGE de 2017. En él, el Estado incluyó un apartado especial sobre la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que es la indemnización acordada con las concesionarias de estas vías en caso de que resultasen deficitarias. Se trata del importe que el Gobierno tiene que pagarles por las inversiones que realizaron para construirlas, y que se acordó en los contratos.

Y es que La Ley de Contratos del Sector Público prevé que, en caso de que una concesión de obra pública inicie la fase de liquidación en un concurso de acreedores, existe la obligación legal de resolver el contrato de concesión y que la infraestructura revierta a la administración concedente, en este caso al Estado.

No obstante, en los contratos se hablaba de una horquilla de entre 2.000 y 4.500 millones de euros, por lo que la estimación del Gobierno era muy inferior al máximo previsto, e incluso a las previsiones del sector. De hecho, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha asegurado que la factura asciende a 4.032 millones de euros, en concepto de inversión pendiente de amortizar, a lo que hay que sumar otros 625 millones por instrumentos financieros que al extinguirse las sociedades no podrán recuperarse, y otros 1.000 millones en concepto de expropiaciones.

El importe que calculaba el Ejecutivo era inferior al estimado por el sector, aunque ahora Fomento asegura que no sabe a cuánto ascenderá la factura. En una nota, el departamento de De la Serna reconoce que el cálculo de la RPA asociada a estas autopistas se realizará en los seis meses siguientes a la resolución administrativa de los contratos de concesión de las mismas, por lo que aún no hay una “previsión oficial de la cuantía que podría alcanzarse”.

Sea como sea, habrá que ver si esto no supone otro nuevo quebradero de cabeza para el ministro, que parece haber asumido que la cifra final será determinada por un juez, tras un proceso judicial, dado que en Fomento se da por hecho que las concesionarias recurrirán el importe fijado por la Administración.

De momento, este miércoles, coincidiendo con la puesta en marcha del rescate, De la Serna tendrá que enfrentarse con otro problema: una protesta a las puertas de su Ministerio. La organización Ecologistas en Acción ha convocado una concentración a las 18:30 horas a las puertas de Fomento contra el 'rescate' a estas autopistas, que considera “innecesarias” y que, según dice, tienen un “alto impacto ambiental”.

Según Fomento, en lo que va de año el tráfico en estas autopistas ha experimentado una subida del 10,2%

“Ninguna de estas vías ha llegado a la mitad del tráfico previsto, y muchas de ellas están en niveles cercanos a la décima parte de las previsiones, lo que refleja de forma nítida el descomunal error que supuso su construcción”, defiende este colectivo. Y añade que no hay “justificación desde el lado del transporte ni de la racionalidad económica para todos estos proyectos”, y por ello ha decidido convocar una protesta frente al Ministerio de Fomento.

Pese a ello, la intención de Íñigo de la Serna es relicitar y adjudicar este mismo año la explotación de las ocho autopistas de peaje en quiebra en dos bloques. Según ha confirmado Fomento, la idea es separar, por un lado, las autopistas del entorno de Madrid en un contrato (R-2, R-3/R-5, R-4, Eje Aeropuerto (M-12), Madrid-Toledo (AP-41) y Ocaña-La Roda (AP-36), y licitar en otro contrato las dos de la AP-7 (Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera). Según Fomento, a dichos concursos se podrán presentar “todos aquellos actores interesados que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos, entre ellos, el de solvencia económica”.

Y para la relicitación Fomento se escuda en un aumento del tráfico en estas vías. Según el ministerio de De la Serna, a cierre de 2017 todas estas autopistas presentaron incrementos de tráfico con respecto a 2016. Según afirma, la Intensidad Media Diaria (IMD) total de estas carreteras registró un aumento del 8,6%. Y el Ministerio asegura que la buena marcha ha continuado en este inicio de 2018, ya que según los últimos datos disponibles, en lo que va de año el tráfico en estas autopistas ha experimentado una subida del 10,2%.