El dilema de Fomento con los estibadores: terminar con un monopolio o evitar la guerra en los puertos

“Estiba o muerte”, “desde hoy estamos en guerra contra el Estado español, a la guerra compañeros, o ellos o nosotros” y “si nos engañan, reventamos todo”. Con estas proclamas tan contundentes se autoreafirman los estibadores entre ellos, en asambleas o en las redes sociales, ante el Real Decreto ley que quiere aprobar el Gobierno para terminar con el monopolio de la estiba en los puertos españoles.

Los estibadores forman parte de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) y hasta ahora la Ley de Puertos obligaba a que las empresas operadoras se integrasen en el capital de la Sagep de cada dársena y contratasen a los estibadores integrados en ella. Es decir, es la única profesión no abierta a la libre competencia, de un alto riesgo y en la que la mayor parte de los 6.156 empleados forman parte del sindicato mayoritario del sector, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar.

Este contexto laboral ha disparado los costes laborales en unos 60.000 euros anuales de media por trabajador, según los cálculos que da el Ministerio de Fomento, mientras que la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE) eleva esa cantidad hasta los 70.000 euros. Los salarios más altos llegan a oscilar entre los 90.000 y los 150.000 euros según el tráfico marítimo de cada puerto, ya que el salario que cobran los estibadores se compone de un salario mínimo garantizado más incentivos que van según la carga de trabajo adicional.

Esta situación de monopolio hizo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2014 emitiese una sentencia en la que instaba a España a reformar el sector de la estiba, que permitiese su liberalización y, por tanto, el libre acceso al mercado de trabajadores y empresas. La sanción por la demora de la nueva ley asciende hasta 21,5 millones de euros y si el Gobierno mantiene el sistema actual podría enfrentarse a otra sentencia del TJUE con un coste de 134.100 euros diarios hasta que cambie la regulación de este mercado laboral, según apunta Fomento.

En todo caso, si la reforma acaba aprobándose en el Congreso de los Diputados, las Autoridades Portuarias deberán abonar también un máximo de 350 millones de euros en posibles indemnizaciones a los 6.156 estibadores actuales. La ley que plantea el departamento de Íñigo de la Serna permite que las empresas puedan sustituir libremente a un 25%, 50% y 75% de los actuales estibadores durante los tres próximos años.

PIPE indica que los salarios de la estiba deberían bajar un 60% y la carga de trabajo aumentar en un 21%

La propuesta de Fomento, que cuenta con la aprobación de la Comisión Europea, también plantea la creación de sociedades de trabajo temporal para hacer frente a la demanda variable de los barcos y también la apertura de centros portuarios de empleo, para intentar dar estabilidad a los estibadores.

Todas estas medidas han sido muy bien recibidas por la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) y por PIPE, el ‘lobby’ de las operadoras que explotan la estiba de los 33 puertos españoles más importantes. En concreto, PIPE en un informe elaborado por la consultora PwC, al que ha tenido acceso Bolsamanía, indica que los salarios de la estiba deberían bajar un 60% y la carga de trabajo aumentar en un 21%, de los 67.800 euros que cifra PIPE como salario medio del 2014 hasta los 26.934 euros y de las 1.542 horas de ahora hasta las 1.876 que pretende la Plataforma, tomando como referencia otros trabajos con alto riesgo como la minería o la construcción.

En España los costes de la estiba suponen un 51% de cada contenedor transportado en puerto, mientras que en las terminales europeas esta cifra supone de media un 38,8%. El informe titulado Propuestas para la mejora de la competitividad de los puertos españoles apunta que los costes en Reino Unido son del 25%, en Alemania del 37% y en Italia del 44%.

Pese a estos gastos España es uno de los líderes mundiales en tráfico de contenedores y otras mercancías por su privilegiada situación geoestratégica al estar situada entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. De hecho, la empresa pública Puertos del Estado cerró 2016 con unos beneficios de 217 millones de euros y un aumento del 8% respecto al año anterior. El tráfico marítimo en España representa el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones.

Sin embargo, en el medio plazo la competencia de los puertos del norte de África se atisba trascendental para seguir manteniendo estas cifras. “Al final el contenedor que va desde el este del Mediterráneo a la costa atlántica americana, deja el contenedor en el estrecho -ya sea Tánger o Algeciras, por ejemplo- para que otro buque lo recoja. El puerto más competitivo será el puerto que atraiga dichos tráficos”, apunta PIPE en declaraciones a Bolsamanía.

EL REGISTRO QUE DIVIDE A FOMENTO Y LOS ESTIBADORES

Ante la reforma los sindicatos portuarios, liderados por la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, han propuesto paros parciales los días 20, 22 y 24 de febrero. La patronal, sin embargo, cifra en un 70% la caída de la actividad desde que empezó el conflicto laboral con Fomento en las últimas semanas en lo que sería una huelga encubierta por parte de los trabajadores.

"No estamos avalando reivindicaciones que no se ajusten a la legalidad, ni mucho menos violentas", aseveró el viernes en rueda de prensa Antolín Goya, coordinador del sindicato. "Pero, evidentemente, hay un malestar muy importante en los puertos", añadió. Goya fue sorprendido el pasado martes en un vídeo en el puerto de Algeciras llamando a sus compañeros a “reventarlo todo”, que adelantó El Confidencial.

El Gobierno deberá contar con el apoyo parlamentario para aprobar la liberalización de la estiba; sólo le apoya Ciudadanos

Los estibadores, que saben que el Real Decreto ley tiene que ser aprobado por el Congreso, se han reunido esta semana con Susana Díaz, la presidenta andaluza y líder del PSOE andaluz, en busca del rechazo de la medida por el grupo socialista, que ha adelantado que están por el diálogo entre la patronal y los sindicatos y no por la senda emprendida por Fomento. Podemos ha adelantado su apoyo a los estibadores, que aseguran contar también con el respaldo del PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias, frente a la oposición de Ciudadanos, que votará junto al Gobierno la reforma.

Fomento mantiene como “línea roja” la aprobación de este registro y además apunta que la Comisión Europea es contraria a esta medida. La exministra Ana Pastor prometió que la negociación primaría por delante de todo en la reforma del sector portuario e incluso llegó a instar a sindicatos y patronales para que llegasen a un consenso, algo que según los estibadores ha dinamitado Íñigo de la Serna con el Real Decreto que pretende aprobar.

La Coordinadora, además, pone de manifiesto en su página web que ya ha firmado un acuerdo con 18 empresas estibadoras que da respuesta a “los requerimientos europeos, a la vez que contempla el mantenimiento de la plantilla” y cita entre las compañías a Grimaldi Lines, Baleària, APM, TTIA o Hutchinson.

En una primera toma de contacto, este viernes, entre el Secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, y los agentes sociales no ha sido posible un acuerdo entre las partes y las espadas seguirán en alto hasta el próximo martes, cuando se volverán a ver Gobierno, sindicatos y Anesco. La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar propone un registro de estibadores para que las empresas operadoras contraten en función de esa lista; pues según el colectivo es la única manera de garantizar el presente y el futuro de su profesión y además, según su versión, estaría amparada por la resolución del TJUE.

A De la Serna le toca salir de la encrucijada en la que vive el sector desde 1983 cuando los estibadores pasaron de ser trabajadores del Estado a empleados de las Sagep. La batalla contra el monopolio acaba de comenzar, una lucha de intereses encarnizada en la que nada está escrito.