Fedea propone garantizar las pensiones con un sistema como el de Suecia e Italia

La sostenibilidad de las pensiones en España pasa, ahora mismo, por una “cuasi-congelación” de las mismas. Es decir, por una continuada pérdida de poder adquisitivo de los actuales y, sobre todo, de los futuros jubilados para compensar el envejecimiento de la población. Y aun así, podría no ser suficiente. Por ello, en Fedea proponen que el sistema evolucione a uno de cuentas nocionales, en el que la pensión depende de lo aportado durante toda la vida laboral.

En concreto, un informe de José Ignacio Conde-Ruiz publicado por Fedea con el título de 'Medidas para restaurar (o no) la sostenibilidad financiera de las pensiones' defiende la evolución del sistema de pensiones hacia uno de reparto de cuentas nocionales. Es decir, uno en el que se registra todo lo que el trabajador cotiza a lo largo de su vida laboral en lo que se llama “una cuenta nocional, porque se trata realmente de un mero apunte contable”. Las aportaciones quedan registradas y con ellas se calcula la futura pensión, de forma similar a lo que ocurriría con un sistema de capitalización, en el que lo aportado se invierte y el montante final se recibe en la jubilación en forma de pensión. Sin embargo, en este caso no hay inversión, pero hay una mayor claridad sobre la futura tasa de sustitución o de reemplazo -pensión recibida frente al último salario-, ya que se utilizan reglas actuariales para la estimación en base a lo acumulado con las aportaciones en los “apuntes contables”. Esto permite una mayor transparencia sobre la pensión que se percibirá, y por lo tanto que los cotizantes traten de aumentar la cantidad aportada para la pensión -con una vida laboral más larga o mayores salarios- o, si no es posible, lo compensen con ahorro privado.

Esta fórmula, utilizada en Suecia o Italia entre otros países, permite que la pensión a la que tendrá derecho el trabajador se calcule “en función de lo aportado durante toda su vida, que está registrado en dicha cuenta nocional, y de ciertas reglas que tienen en cuenta la esperanza de vida en el momento de jubilación e incluso de algunas variables económicas relevantes para la sostenibilidad de la jubilación e incluso de algunas variables económicas relevantes para la sostenibilidad del sistema como la ratio entre cotizantes y jubilados o el crecimiento del PIB”.

Actualmente, se consideran para la estimación de la pensión los años trabajados, las bases de cotización de los últimos 25 años, la edad de jubilación, los umbrales (máximos y mínimos), y las bases de cotización, lo que para el economista de Fedea y profesor de la Universidad Complutense es un cálculo “complejo e injusto”. En su lugar, su propuesta defiende que es en base a “un rendimiento hipotético que podrían haber tenido las aportaciones realizadas por el trabajador a lo largo de su vida”. Este rendimiento depende de una tasa de rentabilidad estimada para que el sistema sea financieramente sostenible dadas unas prestaciones calculadas actuarialmente en función de las aportaciones acumuladas y las expectativas de jubilación.

La pensión que percibirá el trabajador deberá respetar algún tipo de equivalencia actuarial entre lo aportado y los años esperados que va a percibir la pensión a lo largo de toda su vida

De esta forma, en el momento de la jubilación este “fondo” se convierte en una renta vitalicia o pensión que dependerá de la rentabilidad virtual estimada y de la esperanza de vida. “La pensión que percibirá el trabajador deberá respetar algún tipo de equivalencia actuarial o factor de proporcionalidad entre lo aportado y los años esperados que va a percibir la pensión a lo largo de toda su vida”, arguye el experto.

El sistema cambia el sentimiento de los trabajadores sobre sus cotizaciones de un impuesto a un salario en diferido, que recuperarán en el momento del retiro, e incentiva que las personas en edad de trabajar quieran estar siempre empleadas y con el mayor salario posible. El modelo, que simula en parte ser uno de capitalización sin serlo -las cotizaciones no se invierten para recuperarse después, sino que son como apuntes contables-, introduce instrumentos de ajuste automático del gasto en pensiones frente a cambios demográficos y económicos, proporciona incentivos para aumentar la oferta de trabajo, permite una jubilación “flexible plenamente compatible con el pleno empleo”, y “reestablece el equilibrio actuarial entre contribuciones realizadas y pensiones recibidas”, argumenta Conde-Ruiz. “Es decir, un sistema como este, permite de una forma más justa y transparente que si un trabajador quiere cotizar más en su cuenta nacional puede alargar su etapa laboral, y así aumentar su pensión y evitar la caída en su tasa de sustitución”, agrega en el informe publicado por Fedea. “Al mismo tiempo, el sistema facilita la compatibilización entre pensión y salario en la llamada jubilación activa”, insiste.

Este sistema ha sido siempre una de las opciones que han puesto los expertos encima de la mesa. Especialmente parte de los economistas que defiende seguir con un sistema de reparto y no evolucionar a uno de capitalización. Aunque en caso de que se decidiera esto, con uno de cuentas nocionales sería menos complejo. Entre las desventajas están que las previsiones demográficas y las macroeconómicas se estiman cuando se establece la actualización o rentabilidad hipotética para calcular la pensión a partir de las cotizaciones, pero no está claro cuándo debe modificarse cuando haya cambios con estas proyecciones.

PENSIONES CONGELADAS

Con la reforma de 2013 el Gobierno introdujo los índices de revalorización y de sostenibilidad y desvinculó la actualización de las pensiones del IPC, como había ocurrido tradicionalmente hasta ahora. En la práctica, esto implicará "una 'cuasi-congelación' de las pensiones durante un largo periodo de tiempo", señala Conde-Ruiz, mientras que los aumentos salariales producirán disminuciones de la tasa de sustitución mayores pues las pensiones en vigor "perderán valor en términos reales".

El economista llama a un cambio en el sistema de pensiones para evitar que el envejecimiento de la población tenga como única respuesta una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados. O que incluso ni con esto sea suficiente. Además, sostiene que el pleno empleo, eliminar la precariedad laboral para aumentar las tasas de fecundidad, mejorar la educación para incrementar la productividad y elevar los ingresos de la Seguridad Social son elementos necesarios para garantizar las pensiones, pero no suficientes.