Esto planea Londres para frenar las denuncias falsas de turistas británicos

La picaresca no sólo es cosa de españoles. Los británicos que visitan España parecen haberse contagiado de esta 'cualidad' que suele atribuirse a los españoles hasta el punto de que las denuncias que están interponiendo por supuestas intoxicaciones alimenticias durante su estancia en hoteles de 'todo incluido', con las que logran que les indemnicen y les paguen casi la totalidad del viaje en muchos casos, está provocando un auténtico agujero en el sector turístico. La situación es tal que Londres ha decidido atajar el problema de raíz poniendo en marcha diversas medidas.

Las reclamaciones falsas de los turistas británicos por intoxicaciones alimentarias en sus vacaciones en Canarias se han multiplicado un 1.400% en un año

En concreto, el Gobierno británico estudia poner límites a los costes legales que las compañías tendrían que afrontar si van a juicio ante las denuncias fraudulentas, mediante un proyecto de ley que modificaría la legislación existente, para poner freno al aluvión de denuncias falsas por intoxicación alimentaria por parte de turistas británicos en sus viajes a España, aprovechando la falta de requisitos a la hora de presentar estas denuncias.

A finales del mes de junio el Gobierno de España reclamó a Reino Unido un cambio legislativo que exigiera "pruebas más concluyentes" a la hora de realizar reclamaciones para acabar con las falsas denuncias por intoxicaciones alimentarias entre los turistas británicos que visitan España. Y es que según la legislación británica, los turistas de Reino Unido pueden realizar las reclamaciones fuera de su país hasta tres años después de haber abandonado la región donde pasaron sus vacaciones

Ahora el Ejecutivo de Theresa May prepara un proyecto de ley para limitar dichos costes con el objetivo de que las compañías no rechacen de antemano acudir a los tribunales y frenar así las faltas reclamaciones, según recoge el medio británico 'Daily Mail'. Así, como primera medida se quiere acabar con la laguna legal que permite a los turistas británicos reclamar tras tres años de haber visitado su destino. "La solución comienza con el cierre de esta laguna legal para que los operadores turísticos sepan que pueden defenderse contra los estafadores sin tener que pagar grandes costes", ha afirmado la primera ministra.

Las reclamaciones falsas de los turistas británicos por intoxicaciones alimentarias sufridas durante sus vacaciones en Canarias se han multiplicado un 1.400% en tan solo un año y han provocado que algunos hoteles hayan tenido que desembolsar hasta 500.000 euros para hacer frente a unas denuncias, lo que puede ser una lacra para el sector turístico no sólo de España, sino también de otros destinos europeos como Italia, Grecia o Portugal.

REPERCUSIÓN EN LOS PRECIOS

El fraude de las reclamaciones falsas ha empezado a repercutir en los precios de los paquetes turísticos a España en el mercado británico, aumentando los precios para que los hoteleros puedan así afrontar posibles demandas por intoxicación a posteriori que pueden resultar siendo falsas.

Presentar una demanda fraudulenta en el extranjero puede suponer una condena de hasta tres años de cárcel

La primera ministra británica, Theresa May, ha dicho que planea limitar la cantidad de costes legales que tienen que hacer frente las compañías, intentando así que los precios para los turistas británicos no aumenten. "Los turistas respetuosos con la ley no deberían tener que pagar más por sus ya duramente ganadas vacaciones de verano debido a las reclamaciones de enfermedad falsas que aumentan injustamente los precios", ha dicho May.

Además, May ha asegurado que "las sentencias de prisión duras ya están en vigor para cualquier persona declarada culpable de hacer una reclamación fraudulenta", pero la intención del Gobierno británico es "ir más allá". De esta forma, el Gobierno británico se compromete a ayudar a detener estos fraudes que "están forzando el coste de las vacaciones en familia y dando a Gran Bretaña un mal nombre en el extranjero".

La iniciativa del Gobierno llega después de que la Asociación Británica de Agencias de Viajes (ABTA) lanzara la campaña Stop Sickness Scams ('Stop a las estafas por enfermedad') entre los propios británicos, en la que se advierte de que presentar una demanda fraudulenta en el extranjero puede suponer una condena de hasta tres años de cárcel. La iniciativa, lanzada como apoyo a los miembros de la ABTA y sus socios de la industria turística, cuenta entre otros apoyos con Thomas Cook, TUI, Jet2holidays y Monarch.