Las elecciones dejan en la cuerda floja a la nueva autoridad bancaria

La más que probable convocatoria de elecciones para el próximo mes de abril deja escaso margen al Gobierno para sacar adelante las leyes y los reales decretos que tiene pendientes de tramitar. Ocurre así con los que competen al sector financiero, especialmente la creación de una autoridad macroprudencial, la puesta en marcha de una autoridad de defensa del cliente financiero y el nacimiento de un campo de pruebas regulatorio (conocido como sandbox), que con toda probabilidad deberán volver al cajón del Ministerio de Economía. La ley hipotecaria podrá salvarse in extremis, pero por cuestión de días.

La creación de una autoridad macroprudencial es uno de los grandes proyectos del mandato de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía y Empresa. Se trata de un organismo que, pese a estar presidido por la ministra, será teóricamente independiente del departamento que dirige Calviño y que tendrá la misión de frenar los riesgos sistémicos para evitar futuras crisis financieras.

El Ministerio sometió el texto del real decreto a audiencia pública hace dos meses, pero aún no ha llegado al Consejo de Ministros para su aprobación. Está previsto que esto ocurra en las próximas semanas, según fuentes del departamento, pero la convocatoria de elecciones dará al traste con estas intenciones.

Si los comicios tienen lugar en abril, como se da por sentado, la disolución de las Cortes debe producirse entre la próxima semana y las dos siguientes, de acuerdo con el calendario constitucional, lo que da al Ejecutivo escaso margen para aprobar la creación de esta autoridad macroprudencial.

No obstante, el sistema de prevención de riesgos sistémicos funcionará aunque no se cuente con esta autoridad. El Gobierno aprobó por real decreto ley la ampliación de competencias de los supervisores financieros (el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) para que puedan poner en marcha medidas macroprudenciales, como la restricción al crédito. Esta norma ya está en el Boletín Oficial del Estado, por lo que no dará marcha atrás pase lo que pase con los comicios.

EL SANDBOX TENDRÁ QUE ESPERAR

Otra de las normas que se quedará en el cajón del Ministerio de Economía es la Ley de Medidas para la transformación digital del sistema financiero, cuya iniciativa más importante es la creación de un sandbox o laboratorio de pruebas regulatorio.

El periodo de audiencia pública de este anteproyecto de ley se cerró el pasado mes de septiembre, pero el gran número de comentarios recibidos por el Ministerio de Economía ha retrasado su puesta en marcha, como explicó en unas jornadas organizadas por la CNMC el pasado martes el director del Gabinete Técnico de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, Bernardo Hernández San Juan.

Aunque desde el Ministerio se muestran optimistas en que se apruebe en las próximas semanas (tanto Hernández como el secretario general del Tesoro lo han comentado públicamente durante la última semana), lo cierto es que la convocatoria de elecciones retrasará la puesta en marcha del sandbox que tanto reclama el sector financiero.

El proyecto para crear una autoridad de defensa del cliente financiero ni siquiera ha pasado por audiencia pública

De todas formas, el texto cuenta con consenso de los partidos políticos, según explicó Carlos San Basilio, el secretario general del Tesoro, el jueves durante una jornada sobre el sandbox organizada por las patronales de fintech e insurtech (AEFI), banca (AEB), antiguas cajas de ahorros (CECA), cooperativas de crédito (UNACC) y seguros (Unespa). Por eso, es posible que si el próximo gobierno tiene que coger el testigo de este proyecto de ley el texto se mantenga similar al actual.

Y si la tramitación de estas dos normas es imposible con una convocatoria de elecciones generales cerca, más difícil aún será la del proyecto de ley para la creación de una autoridad de defensa del cliente financiero, que ni siquiera está en audiencia pública. La creación de este organismo es obligada por una directiva europea, que debía haberse traspuesto antes del 4 de julio del año pasado, de acuerdo con los plazos que el mismo Ejecutivo se dio a sí mismo en una ley. Si ya va tarde el Gobierno, la convocatoria de unas elecciones en el medio plazo no hará más que alargar su tramitación.

LA LEY HIPOTECARIA PUEDE SALVARSE IN EXTREMIS

Durante su mandato como titular de la cartera económica, Calviño ha destacado en varias intervenciones públicas que su departamento ha dado prioridad a tramitar las trasposiciones de varias directivas europeas, entre las que se encuentra la Ley de Crédito inmobiliario, conocida en el sector como la ley hipotecaria.

Esta norma debió haberse traspuesto antes del 21 de marzo de 2016, con lo que acumula un retraso de casi tres años. En este plazo, la Comisión Europea solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que impusiera a España una multa millonaria, de unos 105.991 euros por cada día que se retrase su aprobación a contar desde el momento en que se sancione al país. Por el momento, España se ha librado.

La ley hipotecaria ha transitado un largo camino durante los últimos meses y está a punto de ver la luz. El próximo jueves, 21 de febrero, se votarán en el Pleno del Congreso las enmiendas que se han incorporado en su paso por el Senado, que corresponden, principalmente, al PP. Tanto si el Parlamento da su visto bueno como si no al texto con estas enmiendas, la ley saldrá adelante.

Por eso es crucial para esta norma la fecha de la convocatoria de elecciones. Si tienen lugar el 28 de abril, que por el momento es la fecha más probable, la disolución de las Cortes tendría que producirse 54 días antes. Es decir, que dentro de poco más de dos semanas se suspendería la actividad parlamentaria y el Gobierno tendría imposible tramitar cualquier proyecto legislativo.

Si Pedro Sánchez decide que la llamada a las urnas tenga lugar el 14 de abril, una fecha que se barajó en un inicio, sería imposible que la ley hipotecaria pasara su último trámite para entrar en vigor: las Cortes se disolverían el 19 de febrero, tan solo dos días antes de que el Pleno del Congreso pudiera aprobar el texto definitivo.