El mundo al revés: cuando el 'okupa' desaloja al propietario

Esta semana unos propietarios eran desalojados de su vivienda tras la denuncia de sus propios 'okupas'. Un hecho insólito que va en línea con una reciente encuesta elaborada por el Instituto Sondea para Securitas Direct que concluye que alrededor del 90% de los españoles considera que la legislación actual beneficia a los denominados 'okupas' frente a los propietarios. Realmente, ¿protege el sistema jurídico español la ocupación de viviendas?

El hecho en cuestión ocurría en Calafell (Tarragona). La vivienda, ocupada desde hace tres años, era propiedad de un banco y fue comprada recientemente por unos vecinos del municipio. Estos, aprovechando que los inquilinos ilegales se ausentaron del domicilio, entraron y cambiaron la cerradura, una decisión que les costó la denuncia de sus propios 'okupas' y su desalojo, debido a que también constaban denuncias por coacciones.

Más de 87.500 familias ocupan viviendas en España, lo que equivale a 262.500 personas

Posteriormente, el conflicto ha derivado en dos denuncias cruzadas ante los Mossos: por un lado, la de los okupas a los propietarios por allanamiento de morada; y por otro, la de éstos a sus inquilinos por ocupación ilegal. Será el juez el que decida ahora las condiciones y la fecha en que los dueños puedan entrar a vivir a su casa.

87.500 FAMILIAS OKUPAS

Lo cierto es que actualmente se estima que más de 87.500 familias ocupan viviendas en España, lo que equivale a 262.500 personas, según un estudio realizado por el Institut Cerdà, que sostiene que el “principal motivo de estas cifras de ocupación viene dado por el déficit de parque dedicado a vivienda social”. Ello, sumado a la precaria situación laboral, el encarecimiento de la vivienda y los alquileres en los últimos tiempos, así como a las dificultades para acceder a la financiación ha llevado a estas familias a optar por la ocupación como única salida.

Una salida que defiende el movimiento Okupatútambién, quien añade que en la actualidad existen más de tres millones de viviendas vacías en todo el país. No obstante, la legalidad no acoge a esta como una solución al problema habitacional de la ciudadanía y así lo refleja el Código Penal. Aunque la ley no inspira mucha confianza en este tercio, ya que alrededor del 90% de los españoles considera que la legislación actual beneficia a los okupas frente a los propietarios, tal y como recoge una reciente encuesta elaborada por el Instituto Sondea para Securitas Direct.

OCUPAR UNA VIVIENDA: DELITO LEVE EN ESPAÑA

La usurpación de un inmueble se castiga como delito leve con una multa cuya cuantía va en función de los ingresos que tiene la persona

Nuria López, abogada de Legálitas, se posiciona y explica que, aunque “nuestro ordenamiento jurídico no protege al 'okupa', sí es cierto que la usurpación de un inmueble se castiga como delito leve con una simple pena de multa cuya cuantía va en función de los ingresos que tiene la persona que ha de pagarla, y al final, como casi todos son insolventes el importe de multa es mínimo”, explica, ateniéndose al artículo 245 del Código Penal.

Además, los delitos leves prescriben al año y se puede pedir la cancelación de antecedentes penales a los seis meses después de acabar la responsabilidad penal.

Se entiende así que un 81,13% de los españoles encuestados por el Instituto Sondea diga sentirse desprotegido en el caso de que su vivienda fuera ocupada y que un 88,35% exija modificar la ley de manera inmediata. Pero, ¿qué pueden hacer exactamente los propietarios si su vivienda ha sido ocupada por estos inquilinos ilegales?

¿QUÉ HACER SI HAN OCUPADO TU VIVIENDA?

Nuria López indica que lo primero que hay que hacer es interponer una denuncia en el Juzgado de guardia. “Además, podremos solicitar que como medida cautelar se proceda al inmediato desalojo de la vivienda, de esta forma no tendremos que esperar a la finalización del procedimiento para que la desocupen”, detalla.

Asimismo, comenta que el proceso en vía penal por usurpación no se suele demorar mucho, aunque el problema es que la Sentencia que se dicta es susceptible de apelación y la Audiencia Provincial tarda algo más. “En total estamos hablando de un plazo de un año para el desalojo de la vivienda si no se adopta la medida cautelar”, asegura la abogada de Legalitas.

“En total estamos hablando de un plazo de un año para el desalojo de la vivienda si no se adopta la medida cautelar”

Un proceso que contrasta, por ejemplo, con el de Francia, donde estas acciones no constituyen un delito penal, pero la Policía puede desalojar a los 'okupas' durante las primeras 48 horas desde que se ha usurpado el inmueble. Lo mismo ocurre en Alemania. Allí las casas deben desalojarse 24 horas después de conocerse su ocupación ilegal. Y también en Holanda, donde basta con que el propietario denuncie ante la Policía, para que esta se persone en el edificio con una autorización judicial de desalojo.

EMPRESAS ANTIOKUPAS, ¿UNA OPCIÓN?

Según la encuesta de Securitas Direct, llamar a la Policía sería la principal reacción de los españoles ante una ocupación de su vivienda, según el 74,95% de los encuestados. El 37,09% asegura que seguiría los trámites legales, mientras que un 27,14% optaría por echarlos ellos mismos. Finalmente, un 24,05% contrataría los servicios de una empresa para que resolviera la situación y un 15,79% optaría por negociar directamente con los okupas.

Precisamente, al calor de esta problemática que se ha incrementado en los últimos años, ha surgido un nicho de mercado nuevo, lucrativo, con mucha demanda y amparado por una legalidad difusa: las empresas antiokupas, que resuelven el problema en cuestión de horas.

Según comentan, el proceso que siguen es sencillo: instalan un control de acceso en la misma puerta de la vivienda para incomodar a los inquilinos y, una vez que contactan con ellos, les ofrecen una compensación económica por abandonar el lugar. No obstante, varias entidades sociales han anunciado demandas por amenazas, coacciones, desalojos extrajudiciales y violación de derechos fundamentales en el desarrollo de estas prácticas, no exentas de polémica, pero que ya se extienden por todo el territorio nacional, impulsadas por la lentitud de los procesos judiciales.