El Gobierno frena las ejecuciones hipotecarias elevando a nueve cuotas el límite de impagos

El Gobierno ha aprobado este viernes el Proyecto de Ley (PL) de Crédito Inmobiliario que incluye una ampliación a nueve cuotas mensuales el límite de impagos o a una cuantía que supere el 2% del capital concedido, 2.000 euros de cada 100.000, el requisito para que la entidad financiera pueda iniciar la ejecución del préstamo durante la primera mitad de su vigencia.

Durante la segunda mitad, el porcentaje es del 4% o de 12 cuotas mensuales impagadas. En este Proyecto de Ley también se recoge el abaratamiento de las comisiones de amortización anticipada de los préstamos a tipo variable, hasta anularse a partir de cinco años.

En esta medida del Gobierno también se registra que las comisiones por conversión de tipo variable a fijo se suprimen a partir del tercer año y se rebajan los gastos de notaría y registro. "En el caso de la comisión de cancelación, los nuevos porcentajes se aplican a las hipotecas firmadas con posterioridad a la entrada en vigor la nueva ley, mientras que las relativas a la conversión de variables a fijos afectan a los contratos hipotecarios vivos", informa el comunicado emitido por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Durante los siete días previos a la firma del contrato, el hipotecado deberá ser informado de su contenido y de la existencia de cláusulas potencialmente abusivas u opacas. También se prohíben, por otra parte, con carácter general, las denominadas ventas vinculadas, es decir, aquellas que obligan al consumidor a aceptar una serie de productos financieros como condición para obtener la hipoteca. "Con la nueva norma, las entidades financieras deberán plantear al consumidor ofertas alternativas; es decir, con o sin productos asociados", indica el comunicado. En estas ventas combinadas, la entidad financiera informará de los distintos presupuestos, como una medida de transparencia obligatoria.

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Esta ley se envía ahora al Congreso para iniciar la tramitación parlamentaria y cuenta con un amplio consenso político. "Es el resultado de la trasposición de la Directiva europea sobre Contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, aunque en algunos aspectos va más allá con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y el equilibrio contractual entre prestamista y prestatario", apuestan desde el organismo que dirige Luis de Guindos.

En concreto, la norma incluye incentivos para la transformación de créditos hipotecarios que pasen de variables a fijos y es más ambicioso en cuanto al reforzamiento de los requisitos de transparencia. Además, la Directiva circunscribe el ámbito de aplicación a los consumidores, mientras que la norma ha aprobada lo amplía a los autónomos.