El Gobierno dejará la hucha de las pensiones en 7.000 millones de euros al acabar 2017

La falta de medidas a tiempo sobre pensiones ha extendido -y adelantado- los problemas de la Seguridad Social. El Gobierno ha aprobado un crédito de 10.192 millones de euros sin intereses para la Seguridad Social que, aun así, no será suficiente para cubrir el déficit del sistema en 2017. Un agujero que alcanza los 18.000 millones de euros, y que al final de 2017 dejará el Fondo de Reserva con su cifra más baja desde 2002.

“Se pagan más pensiones hoy que nunca. Por primera vez, hemos pasado de 9,5 millones de pensionistas”, ha señalado Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros en el que se ha aprobado la disposición especial de 9.500 millones de euros para hacer frente a la nómina de las pensiones de julio y a la paga extra.

En total, las necesidades de julio de la Seguridad Social alcanzan los 17.218 millones de euros. Y más de la mitad se afrontarán con recursos que no provienen de los ingresos recurrentes del organismo -cotizaciones sociales-. Parte de ellos provienen del crédito sin intereses del Tesoro que el Ejecutivo de Mariano Rajoy incluyó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2017 que pasaron por el Senado sin cambios y que este jueves han entrado en vigor.

Báñez dice que las necesidades extraordinarias de la Seguridad Social para acometer el pago de las pensiones ascienden a 18.000 millones de euros

Del préstamo, que tendrá que devolver la Seguridad Social en 10 años desde 2018, utilizará en julio un total de 5.986 millones de euros. Par completar los 9.500 millones que precisa para la extra de julio, toma del Fondo de Reserva otros 3.514 millones, con lo que deja la ‘hucha de las pensiones’ en 11.506 millones de euros. O, lo que es lo mismo, su menor capacidad desde 2002, cuando acabó en 6.169 millones de euros.

Pero la sangría continuará. Báñez ha señalado este jueves que las necesidades extraordinarias de la Seguridad Social para acometer el pago de las pensiones ascienden a 18.000 millones de euros. Es decir, tras disponer ahora de 9.500 millones de euros, quedan otros 8.500 millones, que necesitará en diciembre para pagar la nómina correspondiente y la extra.

EL CRÉDITO NO ES SUFICIENTE

Del dinero que el Tesoro pone encima de la mesa, el Ministerio aún puede tomar otros 4.206 millones. Una cantidad que apenas llega para cubrir la mitad de los recursos que la Seguridad Social necesitará en diciembre, más allá de los ingresos recurrentes -cotizaciones sociales-. Así, tendrá que tirar de la hucha de las pensiones para los 4.292 millones de euros restantes, con lo que en diciembre dejará el fondo en 7.200 millones de euros en el conjunto de 2017. Según estos cálculos, nuevamente hay que remontarse a 2002 para encontrar un año en el que el patrimonio del vehículo fuera tan reducido.

Mientras que en julio el desembolso de la Seguridad Social para pagar las pensiones contributivas ascenderá a 17.218 millones de euros, en diciembre alcanzará los 17.700 millones, siempre y cuando se mantenga la dinámica de crecimiento anual del 3%. Un aumento que se ha prolongado durante los últimos 15 meses. Sin embargo, el Ejecutivo estima que necesitará 1.000 millones menos en diciembre por el mayor aumento de los ingresos que de los gastos respecto a 2016. En esta línea, la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social alcanzó un saldo positivo de 2.759 millones de euros entre enero y mayo. Las cotizaciones sociales aumentaron un 4,61% anual mientras que las prestaciones lo hicieron en un 3,22%.

Las extras sacan a relucir los problemas que tiene el sistema público de las pensiones para autofinanciarse. Con la excepción de los complementos de mínimos, que sí se sostienen a través de presupuestos, el modelo rompe con la caja única al pagar la nómina de los pensionistas con deuda pública mediante el préstamo del Tesoro. El organismo adscrito al Ministerio de Economía financiará parte de las pensiones. Y recuperará sólo el principal, con lo que los intereses de la deuda emitida serán recursos que soportarán los presupuestos -con la partida del coste del servicio de la deuda-.

El modelo rompe con la caja única al pagar parte de la nómina de los pensionistas con deuda pública mediante el préstamo del Tesoro

Pero la retirada de fondos de la hucha de las pensiones no se acaba con ello. Desde el pico alcanzado en 2011 con 66.815 millones de euros, el patrimonio gestionado se ha reducido un 83%. Una caída que se extenderá hasta el 90% en diciembre. El aumento del paro y la caída de la población activa provocaron un cambio de tendencia en el peor momento de la crisis. Desde hace seis años, la hucha de las pensiones ha ido reduciéndose continuamente.

El Fondo de Reserva surgió para cubrir el déficit de la Seguridad Social cuando sus ingresos no alcancen los gastos comprometidos por la nómina de las pensiones, que cada vez es más alta. Sin embargo, estaba diseñado para la jubilación de la generación del ‘baby boom’. La crisis ha adelantado una década su uso.

También tiende a disminuir su rentabilidad, que el año pasado se quedó en el 0,9% mientras que la anualizada desde su creación es del 4,55%. El fondo soberano invierte en deuda pública -principalmente española-, lo que le llevó a figurar entre los principales acreedores del Estado en la crisis de deuda de 2011 y 2012. Y a tener unos retornos elevados que ha ido borrando al enajenar títulos para las disposiciones del Gobierno. Algo que ha realizado mientras que el Tesoro se financia a tipos más bajos que la mayor parte de los bonos que la hucha de las pensiones tenía en cartera. Es decir, el Ejecutivo ha sacrificado rentabilidad a costa de retrasar la emisión de deuda para pagar las pensiones.

EL PROBLEMA NO SE DISIPA

El Gobierno tendrá que volver a plantearse como financiar las pensiones el año que viene, mientras que la Comisión del Pacto de Toledo aún no ha tomado ninguna decisión. Y todo parece indicar que habrá que esperar a después del verano para conocer sus decisiones, mientras que con el trámite posterior en el Congreso no se avecina ninguna reforma hasta 2018. Además, con la fragmentación del Parlamento, los expertos creen que será de mínimos. Entre las propuestas figura la de aliviar la carga del sistema a través del pago con impuestos de las pensiones de viudedad y orfandad.

Por ahora, seguirán vigentes las reformas de 2011 y 2013. La primera retrasará paulatinamente la edad de jubilación hasta los 67 años. La segunda rompió con la revalorización clásica indexada a la inflación y, al vincularla a la salud del sistema, provoca un crecimiento anual del 0,25% de las pensiones. El mínimo exigido por la ley.

A largo plazo, los expertos coinciden en que habrá una caída abrupta del poder adquisitivo de los pensionistas, que ya ha empezado este año, durante las próximas décadas. Sin embargo, hay una división entre los economistas sobre si el hecho de hacer peligrar la suficiencia de las pensiones garantizará su sostenibilidad.