El Gobierno decidió incrementar su control presupuestario sobre Cataluña tras detectar un desvío de 6.150 euros

El Gobierno ha decidido este viernes incrementar su control presupuestario sobre la Generalitat de Catalunya para evitar que se desvíen fondos públicos a la financiación del referéndum del 1 octubre que el Govern pretende llevar a cabo. Así lo anunció el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y, según ha informado este sábado la agencia EFE citando a fuentes del Gobierno, se tomó la decisión después de detectar un desvío de 6.150 euros que podrían estar destinados a la preparación de dicha consulta secesionista.

El desvío se da en la partida con cargo al programa 132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales

En concreto, el desvío se da en la partida con cargo al programa 132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales, sobre la que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha reclamado más explicaciones a la Intervención General de la Generalitat. Sin embargo, estas no han sido facilitadas por el momento.

Por tanto, el Gobierno decidió este viernes estrechar el cerco sobre la Generalitat para que no pueda dar ningún paso en la dirección de convocar el referéndum independentista previsto para el 1 de octubre, por lo que, a partir de ahora, el Ejecutivo autonómico deberá remitir semanalmente una garantía de que no destina fondos a la votación y, de no hacerlo, se contemplan castigos para Cataluña como la retirada del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) si destina un sólo euro a los preparativos de la votación secesionista. Esta medida incrementará el control sobre las finanzas del Govern de Carles Puigdemont y busca que se cumpla la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la disposición adicional de la Ley de Presupuestos catalanas, que incluía una partida para financiar el referéndum.

Desde finales de 2015 la Generalitat está obligada a presentar certificaciones mensuales de sus gastos y fue precisamente en la última de esas certificaciones, remitida el 13 de julio, cuando se detectó el desvío de 6.150 euros. Por ello el Gobierno remitió una carta a la comunidad en la que, tal y como informa EFE, se daba un plazo de 48 horas para la remisión de información y documentación adicional respecto el desvió de esos 6.150 euros. El plazo era tan escueto por la finalidad de las líneas de gasto aludidas.

Así, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha explicado este sábado que en el último informe remitido por el interventor general de la Comunidad Autónoma de Cataluña certificó que se habían realizado pagos con cargo a las partidas presupuestarias suspendidas por el Tribunal Constitucional, por estar destinadas a sufragar los gastos para el referéndum ilegal del 1 de octubre.

"La última certificación remitida, el pasado jueves 13 de julio, por la intervención general de la propia comunidad autónoma certificaba que a finales del mes pasado se habían reconocido obligaciones con cargo al programa 132, que corresponde al epígrafe organización, gestión y seguimiento de procesos electorales", ha especificado en declaraciones a COPE, recogidas por Europa Press.

De esta forma, el Gobierno central pedía un informe específico de la Intervención General pronunciándose sobre las actuaciones acometidas por ese órgano en relación a los expedientes de gasto tramitados con cargo al programa 132 de los presupuestos generales de la Comunidad de este año y sobre el eventual incumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional anulando la vigencia de las partidas presupuestarias impugnadas.

También se reclamaban los expedientes completos de gasto tramitados con cargo al citado programa y los que se vayan recibiendo para el ejercicio de la función interventora, y se solicitaba que se enviara información sobre el sentido de la fiscalización y evolución del expediente.

Igualmente, Hacienda exigía que se le remitiesen, en el caso de que los expedientes no estén sujetos a función interventora, los expedientes desde que se practique su anotación contable en cualquiera de las fases presupuestarias relativas a los mismos, así como en el caso de que se haya procedido a su registro no presupuestario. En este caso, el plazo dado era de tres días hábiles.

Además el Ministerio quería los expedientes completos de gasto relativos a cualquier otro programa del que se tenga conocimiento que haya podido emplearse de modo directo o indirecto con la finalidad de financiar la organización y/o celebración del proceso refrendario. Y toda la información de la que se tenga conocimiento en orden al planteamiento de consultas dirigidas a esa Intervención General con el fin de recibir asesoramiento para la definición de procedimientos que permitan la financiación del procedimiento refrendario, indicando la procedencia de la consulta y la respuesta que, en su caso, se haya comunicado.

"HACER CUMPLIR LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL"

Por todo ello, Fernández de Moya ha hecho hincapié, en sus declaraciones en la cadena radiofónica, en que la obligación del Gobierno es "hacer cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional", razón por la cual se han intensificado los controles presupuestarios sobre la comunidad autónoma para que "ni un solo euro de los catalanes quede destinado a un proceso que es ilegal e inconstitucional".

Por otra parte, se ha mostrado convencido de que durante los últimos años el Estado ha sido "el principal aliado de Cataluña" a través de los mecanismos extraordinarios de liquidez y de que "la Generalitat de Cataluña sabe perfectamente que al estar adherida al FLA tiene que cumplir la condicionalidad que se estableció".

Por eso, ha hecho hincapié en que en aquellos casos en que en aquellos casos en que los pagos de gasto "estén destinados a lo que significan los tramos que conciernen al Fondo de Liquidez Autonómica" como vencimientos de deudas y pagos a proveedores "no habrá ningún problema". "Los pagos seguirán con absoluta normalidad", ha manifestado.

El interventor general de la Comunidad Autónoma de Cataluña deberá remitir todos los miércoles el certificado final al Ministerio de Hacienda y Función Pública

SUPERVISIÓN DE LAS CUENTAS CATALANAS A PARTIR DEL MIÉRCOLES

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este sábado la medida aprobada por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos para supervisar las cuentas de la comunidad autónoma de Cataluña. Su entrada en vigor es "inmediata", según se recoge en el documento publicado, y establece que el interventor general de la Comunidad Autónoma de Cataluña deberá remitir todos los miércoles el certificado final al Ministerio de Hacienda y Función Pública, empezando el próximo miércoles, 26 de julio, tal y como informa Europa Press.

Así, la nueva medida impone la obligación de remitir, en lugar del informe mensual que se reclamaba hasta ahora, un informe de manera semanal al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por lo menos hasta que "desaparezca la situación de riesgo para el interés general" de los catalanes.

El mecanismo puesto en marcha implica que los interventores de las respectivas consejerías y las entidades sometidas a función interventora, así como los responsables económico financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, el director general de Presupuestos y el director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro de la Generalitat deberán elaborar un informe detallado de todos los pagos realizados que deberán enviar al interventor general de la comunidad autónoma.

"Cada uno de los citados responsables certificarán, en los modelos y con las particularidades que, de acuerdo con las competencias de cada uno de ellos, determine el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que no se han iniciado o tramitado modificaciones presupuestarias ni expedientes de gastos o pagos, presupuestarios o extrapresupuestarios, en sus respectivos ámbitos de competencia, que puedan estar destinados a la realización de las actividades vinculadas con la convocatoria del referéndum", señala el BOE.

Con todos estos datos, el interventor general remitirá todos los miércoles el certificado final al ministerio con los certificados individuales en el anexo. Además, desde Hacienda explican que la falsedad en las facturas o pagos acreditados en dichos informes podría suponer la exigencia administrativa de responsabilidad "contable y/o penal" a los funcionarios encargados de certificarlos, como responsables por el uso de recursos públicos para "financiar actividades relacionadas con la celebración de procedimientos relativos a consultas o referéndums ilegales", independientemente de si estos fondos proceden o no del FLA.

Además, Hacienda reclamará una certificación similar para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 16 de julio de 2017, que será remitido el 9 de agosto de 2017.