El FROB defiende su actuación tras el informe crítico del Tribunal de Cuentas

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha contestado al informe del Tribunal de Cuentas que cifró en 60.718 millones de euros el coste de recursos públicos para sanear la banca con un comunicado en el que defiende su actuación conforme a la legalidad.

En concreto, el informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria entre 2009 y 2015 señala que las aportaciones al capital y cuotas participativas de entidades suman el grueso de la factura con 46.021 millones de euros. Una estimación que advirtió que no es “definitiva” ya que los procesos aún no han concluido. El Estado aún controla, a través del FROB, el 66% de Bankia y el 65% de BMN. En el documento el Tribunal de Cuentas apuntó que la contratación del FROB se ajustó a la normativa, pero señala que en el proceso de fiscalización se han observado “insuficiencias o deficiencias” en la tramitación.

La nota de prensa remitida este miércoles por el FROB defiende la actuación del órgano que se creó para rescatar y reordenar al sector financiero. “El Tribunal de Cuentas concluye al respecto que las actuaciones del FROB se han adecuado a la normativa aplicable en esta materia”, defiende el órgano adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad.

Las cifras están en línea con las ya calculadas por el Banco de España sobre las que se ha facilitado información pública con total transparencia y periodicidad

Sobre los costes derivados del proceso, “las cifras están en línea con las ya calculadas por el Banco de España sobre las que se ha facilitado información pública con total transparencia y periodicidad”, señala el FROB, que coincide en que cualquier estimación no será definitiva hasta la venta de las participaciones de Bankia y BMN.

El Tribunal de Cuentas también menciona una ausencia de reglas básicas aplicables a las ventas de entidades y criterios financieros, fiscales y de oportunidad para valorar el coste de las diferentes alternativas en los procesos de venta, aunque no es una exigencia legal, algo en lo que reitera el FROB que, además, añade que “ha venido considerando que las diferentes características de las entidades y de las circunstancias que rodean a los procesos de venta dificultarían la aprobación de un documento general de reglas aplicables a todos ellos. Por ello, se ha optado por un sistema de actuación más específica adaptado a cada supuesto”.

EXPERTOS INDEPENDIENTES EN LAS VENTAS

El organismo ha reafirmado que ha realizado análisis sobre el coste de las medidas de resolución y de las alternativas posibles a la venta. "En todos los procesos se ha contado con expertos independientes con el objeto de asegurar una total objetividad en la actuación y de reunir toda la información necesaria, de la máxima calidad y profundidad, para adoptar las decisiones más eficientes", ha defendido.

El FROB ha incidido en que la labor de estos asesores ha consistido precisamente en la valoración y cuantificación de las distintas alternativas. "Se han identificado de esta manera aquellas que resultaban más beneficiosas para los intereses del FROB y por tanto del contribuyente", ha indicado.

En cuanto a las afirmaciones del Tribunal de Cuentas respecto a que el FROB haya incurrido en mayores gastos en los procesos de reestructuración, al solicitar informes que finalmente fueron innecesarios (CEISS y Liberbank) o con la concesión en 2010 de una línea de crédito que finalmente no se empleó, el organismo ha recordado que uno de los principios esenciales de su actuación es el de asegurar la continuidad de las actividades y servicios esenciales para la economía y "evitar efectos perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero".

"Ello le lleva indefectiblemente a actuar con cautela y prudencia, debiendo prever alternativas para el caso de que no prosperen las soluciones privadas adoptadas por las entidades de crédito y haya que recurrir sin demora al apoyo financiero público, en escenarios que exigen la máxima rapidez y diligencia", ha esgrimido.

CONTABILIDAD ANALÍTICA

Así pues, el FROB ha defendido su actuación dentro del marco legal vigente, que, ha recordado, no exige una contabilidad analítica, al tiempo que ha afirmado que su ausencia no ha impedido la "adecuada" rendición de cuentas del organismo. Ahora bien, ha garantizado que adoptará esta recomendación del Tribunal de Cuentas de forma "inmediata".

El Tribunal de Cuentas cifraba en 60.718 millones de euros el coste acumulado de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria entre 2009 y 2015, aunque incluía las cantidades aportadas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), sufragado por aportaciones de los bancos.

El FROB ha considerado que estas cifras están "en línea" con las calculadas por el Banco de España y ha incidido en que "cualquier estimación" no puede darse por cerrada hasta la ejecución de algunas operaciones, como "las más importantes" como la venta definitiva de Bankia y BMN.