El Estado es el mayor acreedor de las comunidades autónomas

El Estado se ha convertido en el principal acreedor de los Gobiernos regionales. La financiación de deuda de las comunidades autónomas alcanza ya la mitad de títulos emitidos mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), a falta de una reforma del modelo de financiación autonómica, sobre la que hay incertidumbre, advierten los expertos de S&P Global.

Los ingresos de las comunidades autónomas han tenido a recuperarse desde 2014 y la agencia de rating prevé que esta tendencia prosiga. Desde los 122.000 millones de euros recaudados en 2014, mínimo de la década, el montante aumentó hasta 127.000 millones en 2015 y, según las estimaciones de S&P Global, se elevará paulatinamente hasta los 145.000 millones en 2018.

Esta mejoría ha permitido reducir los déficit presupuestarios tras inversiones en porcentaje de ingresos totales, variable que utiliza como referencia S&P Global, y que en conjunto baja desde el 25% de 2012 hasta el 10% estimado en 2016 y proyecta que descienda hasta el 6% en 2018.

En cuanto a la deuda soportada fiscalmente en porcentaje de los ingresos corrientes consolidados, alcanzó el 210% en 2015 desde el 53% de 2007, previo a la crisis. La previsión de estos expertos es que el porcentaje del 2010% se haya mantenido en 2016, aumente hasta el 211% en 2017 y baje al 209% en 2018. Es decir, las finanzas autonómicas “se están estabilizando”, indica Alejandro Rodríguez, director sovereign & International Public Finance de la agencia de rating.

Las necesidades de financiación de las comunidades autónomas y el FLA, surgido ante las dificultades para emitir deuda en el peor momento de la crisis por parte de los Gobiernos regionales, ha impulsado el papel del Estado como acreedor. De hecho, el porcentaje de deuda financiada por el Gobierno Central respecto al total alcanzó en junio el 49%, según los datos del Banco de España recopilados por S&P Global, el máximo histórico desde que comenzó esta iniciativa en 2012.

S&P Global señala que entre los desafíos de futuro, como amenazas u oportunidades de las comunidades para mejorar el rating, está la reforma de la financiación autonómica

Como apuntan en Societe Generale, “hay comunidades autónomas con muy buenos fundamentales, como por ejemplo Galicia, pero es difícil que salgan al mercado si obtienen financiación con mejores condiciones a través del Estado”.

En este sentido, el Estado financia el 71% de la deuda de Murcia y la Comunidad Valenciana, los porcentajes más altos en el mapa autonómico, por encima de Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias, Baleares y Cataluña, regiones en las que también se supera el 60%. En el lado contrario, las comunidades forales no han recurrido al FLA mientras que en Madrid el porcentaje sobre el total se queda en el 7%.

S&P Global señala que entre los desafíos de futuro, como amenazas u oportunidades de las comunidades para mejorar el rating, está precisamente la reforma de la financiación autonómica. Asimismo, añade la continuidad de los esfuerzos de consolidación fiscal, el control del gasto sanitario y envejecimiento de la población, la presión sobre el gasto educativo, las asimetrías en la posición financiera de las regiones y el retorno a la financiación en los mercados.

LA NOTA DE CATALUÑA, SEÑALADA

La agencia califica a 11 comunidades autónomas, entre las que nueve tienen grado de inversión -Navarra, País Vasco, Canarias, Galicia, Andalucía, Baleares, Extremadura y Aragón-, y otras dos tienen notas conocidas como 'bono basura', que son Comunidad Valencia y Cataluña. En este último caso, es la única región cuya calificación de deuda inicia el ejercicio con perspectiva negativa, mientras que Andalucía lo hace con perspectiva positiva.

El rating de Cataluña es el más bajo de todos, con B+. Es decir, “es grado especulativo”, matiza S&P Global. La clave del futuro de la calificación creditica estará en las tensiones políticas entre el Gobierno Central y la Generalitat. Alejandro Rodríguez señala que la agencia no tiene como escenario base la independencia, pero avisa del riesgo que supone que haya una falta de coordinación entre las instituciones en medio de las necesidades de financiación de Cataluña.