El agujero de las pensiones desata nuevas emisiones de deuda y genera críticas en el BdE

El debate de las pensiones ha llegado para quedarse. Porque el problema va más allá de la propia dimensión política, su naturaleza es estructural y su solución pasa por medidas poco convencionales o de baja aceptación popular. Por lo pronto el Gobierno ha anunciado que echará mano al préstamo concedido por el Tesoro Público y liberará 7.500 millones de euros para hacer frente al pago de las 9,6 millones de pensiones y a la paga extraordinaria pertinente que ha que abonar en julio. Algo que aumentará aún más los desequilibrios fiscales y podría mermar la confianza de los agentes económicos en el ecosistema financiero nacional, ha advertido el Banco de España (BdE).

"La Tesorería General de la Seguridad Social ha necesitado un préstamo de 7.500 millones que ha liberado el Tesoro Público para proceder a ambas pagas conjuntamente", afirmó este viernes la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

Un 'agujero' de las pensiones que obligará al Ejecutivo a ahondar más en los ya elevados niveles de apalancamiento que presenta España. La deuda pública representa el 98,8% del PIB, medio punto por encima del 98,3% del cierre del pasado año y nueve décimas más que la tasa registrada en el primer trimestre de 2017 (99,7% del PIB). Solución que busca ahora del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El secretario general de PSOE ha anunciado su intención de diseñar un fisco para la banca que ayude a levantar a flote el sistema, aunque necesita apoyos, y podría recuperar otros como la 'tasa Google' planteada por el Gobierno de Mariano Rajoy o incluso plantear nuevos tributos a las 'sicavs'.

Las últimas noticias sobre el Pacto de Toledo tampoco no parece que vayan a recuperar el equilibrio. Este martes, la Comisión acabó su reunión con el consenso de los grupos para establecer en su revisión de recomendaciones subidas de pensiones al ritmo de la inflación, e incluso superiores, en los años de crecimiento económico. Para estos años, la propuesta de varios grupos, como PP, Ciudadanos o PDeCAT, pasa por blindar el crecimiento de las pensiones más bajas con el avance de los precios, pero no alcanzar este porcentaje de revalorización en el resto. PSOE, Unidos Podemos y Esquerra Republicana no comparten este pensamiento.

En todo caso, la recuperación de la inflación como referencia para subir las pensiones supondría acabar con la reforma de 2013, algo que a la salida de la Comisión reconocían entre las mismas filas de los 'populares', asegurando que el propio acuerdo de Presupuestos con el PNV, con subidas de las pensiones al 1,6% en 2018 y 2019 y firmado por el propio PP, finiquitaba la actual fórmula de revalorización.

El organismo que preside Pablo Hernández de Cos sigue sin creer la promesa de España con Bruselas y elevó en su informe de junio sus previsiones sobre el déficit, fruto de "la orientación algo más expansiva de la política fiscal que se desprende del proyecto de Presupuestos Generales del Estado y la Seguridad Social (PGE) de 2018"

De este modo, el desequilibrio fiscal del país ascendería este año hasta el 2,7%, dos décimas por encima de la anterior estimación publicada en mayo, con las expectativas para 2019 (+2,3%) y 2020 (+2,0%) también empeorando dos y tres décimas respectivamente. España incumpliría de nuevo el objetivo marcado con Europa de alcanzar el 2,2%.

El problema es que nadie quiere pagar el pato, el coste político de generar un mensaje alarmista se paga frente a las urnas. El sistema de pensiones es uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar en España, y son millones los ciudadanos que lo consideran un derecho. El Banco de España reconoce que "la fragmentación parlamentaria está dificultando la puesta en marcha de medidas legislativas de calado" que puedan hacer frente a estos desequilibrios y el PSOE necesitará de apoyos para cualquier reforma.