El 2017 de Báñez: menos paro, sueldos congelados y Seguridad Social endeudada

Fátima Báñez salva un año político difícil. La Seguridad Social ha tenido que endeudarse para pagar las pensiones que se recortan en términos reales, al crecer menos que la inflación. En el plano laboral, los salarios permanecen congelados a pesar de la “primavera del empleo” de la que presumió la ministra. El próximo 2018 no se presenta mejor.

El 44% de los encuestados para el CIS de octubre admitió que no conocía quién era María Fátima Báñez García (Huelva, 1967), la ministra de Empleo y Seguridad Social. Entre el 46% que sí la valoró la nota media otorgada fue del 2,84. Lejos del peor (Álvaro Nadal, con un 2,42) y de la mejor (Soraya Sáenz de Santamaría, con un 3,69). La sentencia del Constitucional sobre la amnistía fiscal, la negociación de presupuestos, la huelga de estibadores o la crisis de Cataluña la han dejado en segundo plano frente a ministros como Cristóbal Montoro, Luis de Guindos, Soraya Saénz de Santamaría o incluso Íñigo de la Serna. De hecho, la crisis política de Cataluña enfrió el ‘otoño caliente’ que prometieron los sindicatos al Gobierno con marchas y movilizaciones a lo largo de todo el país en defensa de una subida de las pensiones.

Sin embargo, Fátima Báñez ha acaparado muchas portadas en 2017 ligadas, por una parte, al sistema de pensiones y, por otra, a las negociaciones con los agentes sociales para el marco del mercado laboral. En el primer caso, el año ha servido para confirmar las dificultades que tiene la Seguridad Social para hacer frente a las pensiones. Y en el segundo, la reclamación masiva de que el crecimiento llegue a los salarios no se ha materializado.

DEUDA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Báñez aseguró en enero que el sistema de pensiones goza ahora de una "mayor sostenibilidad" que en 2011

El Gobierno ha tenido que disponer de recursos adicionales por valor de 7.100 millones de euros procedentes del Fondo de Reserva o ‘hucha de las pensiones’ y otros 10.192 millones de un préstamo del Tesoro para pagar las extras de julio y diciembre. El Ejecutivo decretó utilizar esta fórmula para evitar el vaciamiento total de la ‘hucha’, que alcanzó los 66.000 millones en 2011. El crédito no tiene intereses y la Seguridad Social deberá devolverlo en un plazo de diez años a partir de 2018. Sólo con el uso de 5.986 millones en julio, la deuda de la Seguridad Social aumentó desde el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB) hasta el 2%, el máximo desde 2005, según datos del Banco de España.

El sistema de pensiones español es de reparto, basado en una solidaridad intergeneracional a través de la que los trabajadores actuales pagan con sus cotizaciones sociales las pensiones, principalmente de los jubilados. Las cotizaciones aumentan este año a un ritmo del 5% anual gracias a la recuperación del empleo, frente al crecimiento al 3% de la nómina mensual de las pensiones.

Pero esto no es suficiente para disipar los fantasmas sobre la sostenibilidad del sistema, que dependen de razones coyunturales como la persistencia de altos niveles de paro, la congelación de los salarios o las pensiones mayores de los nuevos jubilados, y con fenómenos estructurales relacionados con la evolución demográfica. El propio Gobierno asume un déficit del 1,1% del PIB en 2018, casi la mitad del desequilibrio presupuestario total, que obligará a la Seguridad Social a endeudarse en al menos 5.000 millones de euros. Y más si no quiere agotar el Fondo de Reserva.

A pesar de ello, Fátima Báñez aseguró en la Comisión del Pacto de Toledo a principios del ejercicio que el sistema cuenta con una “mayor sostenibilidad” que en 2011, antes de que llegara a Moncloa Mariano Rajoy. La clave para ello fue implementar una reforma en 2013 que desvincula la actualización de las pensiones del IPC para establecer las subidas en función de la salud financiera de la Seguridad Social, con un mínimo del 0,25% anual que es al que los expertos esperan que se revaloricen durante los próximos años o incluso décadas. En 2019 entrará en vigor el Factor de Sostenibilidad, que según los expertos reducirá en torno al 0,4% anual la pensión inicial.

Báñez tiene que lidiar con la defensa de una medida que recorta las pensiones en términos reales. La inflación promedia un 2% anual, con lo que para una pensión de 1.000 euros -cifra entre la media del sistema y la media de las pensiones por jubilación- el efecto sobre el bolsillo es de una pérdida de poder adquisitivo de 266 euros en 2017.

Estos recortes, junto con el incremento de las cotizaciones sociales, son los que llevan al Gobierno a esperar déficits cada vez menores. El Banco de España cree que si continúan las tendencias actuales de ingresos y gastos, en 2020 el sistema cuadrará sus cuentas, aunque para que esto se mantenga en el largo plazo asume una tasa de paro del 6%, menos de la mitad que el 16,4% del tercer trimestre. El PP defiende su reforma de 2013 en el Pacto de Toledo en contra de las demandas del PSOE, que pide volver a poner el IPC como referencia, lo que impide una reforma global del sistema después de más de un año de trabajo. El Ministerio de Báñez, por ahora, se limita a esperar a que haya algún tipo de acuerdo. De hecho, las únicas medidas legislativas del año han sido la aprobación por parte del Congreso de dos iniciativas del Grupo Socialista para elevar la pensión de viudedad de las personas mayores de 65 años con bajos ingresos.

LA PRIMAVERA DEL EMPLEO

Fátima Báñez ha dejado este año en las hemerotecas varias citas que la evolución de la economía someterá a juicio. En agosto, la ministra de Empleo y Seguridad Social describió la recuperación del mercado laboral como “una primavera del empleo”. La política onubense dijo que esta mejoría es “sólida, sana y social”. En los nueve primeros meses del año, según los datos de Contabilidad Nacional Trimestral del INE, España ha creado más de 750.000 empleos, mientras que la tasa de paro ha bajado del 18,6% al 16,4%.

La superficie de las estadísticas de empleo permite cualquier muestra de satisfacción o autofelicitación por parte del Ejecutivo, que llegó a comparar en Twitter la EPA del segundo trimestre con hitos de la humanidad como la llegada del hombre a la Luna o con artistas como Pablo Picasso. Sin embargo, la población activa mantiene una senda descendente desde 2012, con flujos migratorios negativos entre los españoles; la tasa de temporalidad ha subido un punto porcentual en 2017, hasta el 27,4% entre julio y septiembre; y el peso del empleo parcial entre los asalariados se mantiene en el 15%, con casi 1,6 millones de ocupados trabajando en jornada reducida por no haber encontrado empleo a tiempo completo.

Báñez calificó la recuperación del mercado laboral como "la primavera del empleo", obviando hablar del 'subempleo' y de la congelación de los salarios

Esta cifra es una de las que muestra mayor brecha entre hombres y mujeres, ya que el sexo femenino acapara el 70% de los trabajadores con jornada parcial por no encontrar un empleo a tiempo completo. La ministra ha insistido en varias ocasiones en la mejoría en materia de igualdad laboral. “Ahora hay más mujeres trabajando que nunca”, recordó en noviembre, aludiendo a los datos de afiliación, aunque según la EPA había más mujeres ocupadas en 2008 que ahora.

La incidencia del empleo parcial es uno de los motivos por el que las mujeres ganan un 20% menos de media que los hombres, según el INE. La otra razón es que la remuneración por cada hora trabajada también es menor para las mujeres, con un 8% menos. En ambos casos, la brecha se ha ido moderando durante los últimos ejercicios. “Hoy la brecha salarial en España es menor que la media de la Zona Euro y menor que la que viven otros países como Reino Unido, como Francia o como Alemania. Y nadie dice que no nos quede tarea por hacer. Yo sólo digo que vamos en la buena dirección”, aseguró en junio Báñez.

Aunque el gran quebradero de cabeza de la ministra en materia laboral, más allá de la persistencia de la brecha por género y del ‘subempleo’, es la congelación de los salarios. En junio pidió “un esfuerzo” a patronal y sindicatos para alcanzar un acuerdo global que incluya una revalorización de los salarios que no se ha producido, aunque sí lo ha habido para el salario mínimo interprofesional (SMI), tras meses sin actividad en la mesa del diálogo social, que reúne a representantes del Gobierno, de los empresarios y de los trabajadores.

Este esfuerzo apenas ha llegado, pese a que Juan Rosell, presidente de la CEOE, le cogió el guante en junio. Los convenios registrados hasta noviembre recogen una subida salarial pactada del 1,4% de media, aunque sólo afectan a 6,8 millones de trabajadores, menos de la mitad de los asalariados. Las estadísticas de Contabilidad Nacional Trimestral lo que muestran es que la remuneración por asalariado está congelada en plena recuperación del empleo, mientras la productividad crece en los últimos dos años a ritmos del 1% interanual. A ello contribuyen los empleos generados. Un estudio publicado por el IE estimó que los salarios de los contratos firmados en 2015 son un 12% inferiores a los de 2008. Por su parte, el Banco de España estima que los empleos creados tras la crisis tienen sueldos asociados que son un 24% inferior a los de la década de la burbuja.

El reto de la economía es cómo mantener la competitividad exterior, que ha aumentado en los últimos años gracias en gran parte a la devaluación interna del empleo y los salarios, con una revalorización de la remuneración de los asalariados, que cada vez tiene menos peso en el PIB. El crecimiento no llega al bolsillo de los trabajadores y la conflictividad con los agentes sociales se dispara. Todo un desafío para el Ministerio de Báñez.