Economía/PGE.- (AMP) Montero: "Sería una tomadura de pelo que la Ley de Vivienda formara parte de los PGE de 2023"

Afirma que las partidas de inversión destinadas a Madrid crecen el triple que en Cataluña y que el importe depende las obras en marcha

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha afirmado este viernes que sería una "tomadura de pelo" y una decisión "absurda y ridícula" que la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 incluyera la Ley de Vivienda, pues esto ya formó parte del acuerdo presupuestario que alcanzaron PSOE y Podemos para los PGE de 2022.

"El Gobierno no puede pactar un año más tarde lo que pactó el año primero. Sería absurdo y ridículo y por eso no ha formado parte de este paquete", ha subrayado Montero en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

La ministra ha recordado que ya se pactó con Podemos un texto para poner en marcha la Ley de Vivienda y ha añadido que, si los grupos parlamentarios han presentado enmiendas al mismo, es una cuestión que compete exclusivamente a los grupos parlamentarios.

"Si ahora, en la tramitación parlamentaria ERC quiere plantear que el Presupuesto tenga en cuenta la Ley de Vivienda, nosotros dialogaremos para conseguir las cuentas públicas y serán ellos los que tengan que plantear sus prioridades", ha señalado Montero en relación a las demandas de ERC.

La ministra es consciente de que al Gobierno le toca ahora "sudar la camiseta" para sacar adelante los PGE de 2023 en el Congreso. "El pacto con cualquier formación política obliga a emplearnos a fondo y, por tanto, a estar muy abiertos a las propuestas y muy imaginativos a la hora de poder darle respuesta. ERC estará en su exigencia, igual que lo estará el PNV o el resto de formaciones que han mostrado disposición a pactar los Presupuestos", ha apuntado Montero.

Eso sí, la titular de Hacienda ha recordado que el límite de gasto del proyecto presupuestario "no se puede alterar", aunque sí la composición del mismo, de forma que podría haber un "tránsito" entre distintas partidas económicas.

Preguntada por si los problemas de gobernabilidad en Cataluña podrían utilizarse en la negociación presupuestaria con ERC para que diera su apoyo a las cuentas públicas de 2023, Montero ha subrayado que ahora se trata de hablar de las cuestiones "que tienen que ver con los Presupuestos".

"Habitualmente mi formación política no entra nunca en hacer cambios de una Administración respecto a otra. Si la confianza es algo que está detrás y cuando uno tiene una confianza con otra formación política o tiene un pacto o un acuerdo eso ayuda en otros entornos, pero en ningún caso se trataría de hacer una cosa frente a otra. Aquí hablamos de las cuentas y en Cataluña hablamos de la gobernabilidad", ha precisado.

Sobre las inversiones en las comunidades autónomas contempladas en los Presupuestos, ha afirmado que "entiende" que haya debate entre territorios y ha enfatizado que las inversiones en Madrid crecen el triple que en Cataluña y que el peso relativo depende de las obras que cada comunidad tenga en marcha.

NO DESCARTA PRORROGAR LAS REBAJAS DEL IVA EN ELECTRICIDAD Y GAS

En otro orden de cosas, la ministra no descarta prolongar más allá del próximo 31 de diciembre la bajada del IVA de algunos productos, como la energía eléctrica y el gas porque los Presupuestos de 2023 "tienen holgura" y margen "para ello" si se considera necesario.

No obstante, ha recordado que estas rebajas fiscales suponen dejar de ingresar 12.000 millones de euros y que sólo en 2022 el importe asciende a 8.000 millones de euros. En todo caso, si la difícil situación del mercado de la energía se prolongara, Montero se ha abierto a hablar de una prórroga de las medidas en noviembre o diciembre, pero no ahora, porque sería precipitado. "Habrá que ver cómo se ha comportado el mercado de la luz en 2022", ha indicado.

Ahora bien, la ministra ha advertido de que no "no sería responsable seguir en una escalada de vaciamiento fiscal", entre otras cuestiones, porque España está recibiendo dinero de la UE, "nada más y nada menos que 140.000 millones de euros".

En relación con la competencia fiscal de las comunidades autónomas, Montero también ha dicho que "la protagonizan" algunas autonomías en las que hay "una mayor concentración de riqueza" y que estas medidas hacen que otros gobierno autonómicos se vean "obligados" a "bajar impuestos" y "luego pedir más recursos al Gobierno de España".

Montero cree que debería haber un debate "sereno" sobre la financiación autonómica y de la delegación de determinados tributos para que "se ejerciera de manera responsable" por parte de las autonomías. No obstante, considera que los partidos políticos deberían tener un "criterio único" a la hora de abordar esta materia, y no un criterio distinto según la comunidad donde se gobierne. "Al Gobierno de España no se le puede vaciar de competencias", ha insistido.

DEFIENDE LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES

Preguntada por las críticas de la CEOE a que las medidas fiscales del Gobierno traten de "polarizar" la sociedad entre ricos y pobres, Montero ha señalado que "no hay peor abordaje de una política que negarla y negar que las crisis aporta desigualdad".

"Me llama la atención que CEOE ponga el acento en las grandes empresas cuando la mayoría del tejido productivo son pymes y las que facturen menos de un millón van a tener una caída de dos puntos en el Impuesto sobre Sociedades", ha subrayado.

Sobre si apoya la protesta convocada este viernes por CCOO y UGT frente a la sede de la CEOE para exigir "justicia salarial", Montero ha asegurado que "el Ministerio de Hacienda nunca va a apoyar que haya un conflicto social". Asimismo, la ministra espera que el acuerdo salarial alcanzado en el ámbito de la Función Pública pueda servir de "referente modesto" para un posible pacto de rentas entre los agentes sociales.

Montero ha defendido además la revalorización de las pensiones para 2023 contemplada en los Presupuestos (en torno a un 8,5% de subida), asegurando que no sólo es sostenible para las cuentas públicas, sino que además, por primera vez en 13 años, se van a meter 3.000 millones de euros en la llamada 'hucha de las pensiones'.

En cuanto a la sugerencia del PP de que se segmente esa revalorización para que las pensiones más altas no tengan una subida tan elevada, la ministra cree que los 'populares' deberían aclarar primero si están de acuerdo con subir las pensiones con el IPC porque "parece que siguen pensando que es una política de gasto inasumible".

"Cada día tienen un criterio distinto. Yo le recuerdo al PP que las pensiones máximas están topadas y que la ley es muy clara, los pensionistas no pueden perder poder adquisitivo y no se diferencia porque las pensiones máximas están topadas", ha explicado.