Economía.- Vox pide devolver la ley que excluye la incapacidad permanente como motivo de fin del contrato laboral

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Vox defenderá la semana que viene en el Congreso una enmienda de totalidad a la ley con la que el Gobierno quiere reformar el Estatuto de los Trabajadores para que la incapacidad permanente total no suponga el fin del contrato de trabajo.

En concreto, el Ejecutivo plantea una reforma del artículo 49.1 del Estatuto, para desvincular el régimen jurídico de la muerte de la persona trabajadora, como causa de extinción del contrato de trabajo, del aplicable a los supuestos de incapacidad permanente.

En paralelo, se elimina la automaticidad de la extinción del contrato de las personas que acceden a la situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y se condiciona la decisión empresarial a la voluntad de la persona trabajadora y a la posibilidad de adaptar el puesto de trabajo o a la existencia de un puesto de trabajo vacante y disponible acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación.

De este modo, la empresa únicamente podría activar esta causa de despido cuando la adopción de las anteriores medidas suponga una carga excesiva.

VOX DICE QUE EL PLANTEAMIENTO "YERRA POR COMPLETO"

Vox señala en la enmienda de devolución, a la que ha accedido Europa Press, que la idea que plantea el Gobierno con esta iniciativa, aunque la finalidad sea la subsistencia del contrato de trabajo, "yerra por completo" en su desarrollo práctico.

En primer lugar, el grupo parlamentario esgrime que la incapacidad permanente en sus grados de absoluta y gran invalidez es una situación que, por definición, impide por completo la realización de cualquier tipo de actividad laboral, pues en algunos casos conlleva incluso la asistencia de una tercera persona para que el trabajador pueda realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer u otros análogos.

En este sentido, la formación de Santiago Abascal apunta que la ley no especifica de qué manera, tras la declaración de estos grados de incapacidad permanente, va a ser posible adaptar el puesto de trabajo a las necesidades del trabajador para que pueda desempeñar alguna función que haga viable el mantenimiento de la relación laboral.

CRITICA LA POSICIÓN EN LA QUE QUEDA EL EMPLEADOR

Asimismo, Vox incide en que, en cuanto a la posición del empleador, son varias las dificultades que esta situación plantea y que con el texto propuesto "no es posible superar".

Básicamente, con el proyecto del Gobierno el trabajador queda facultado para decidir si extingue su relación laboral o solicita a la empresa que realice los ajustes necesarios en el puesto de trabajo para hacerlo compatible con su nueva situación. También podría pedir el cambio a un nuevo puesto de trabajo vacante y disponible, salvo que los mencionados ajustes constituyan una carga excesiva para la empresa.

Al grupo de Vox en el Congreso no le parece "razonable", aunque no suponga una carga excesiva para la empresa, que no se incluya un criterio que permita determinar si la nueva situación del trabajador es compatible con una "exigencia mínima de productividad" que haga razonable mantener la relación laboral entre las partes.

Por otro lado, la enmienda denuncia que la ley no especifica qué sucede en la situación en la que se encuentra el empleador que, tras el tiempo concedido por la norma para realizar las adaptaciones al puesto de trabajo, muestra pasividad y no responde a la solicitud del trabajador.

"No es posible determinar, con la redacción actual del texto, si el trabajador puede entonces acogerse subsidiariamente a la incapacidad permanente declarada; ni tampoco queda claro en qué posición queda la relación laboral; si subsiste, si está en suspenso o si se considera que ha finalizado a instancias del empleador", explica Vox.

Otro punto que critica Vox es que el proyecto traslada la carga económica que supone la prestación de incapacidad permanente desde las arcas de la Seguridad Social a las empresas, ya que, de optar el trabajador por el mantenimiento de su puesto de trabajo, la empresa correrá a cargo del salario y las cotizaciones del empleado, al que no deberá abonarse la prestación pública.

En opinión del partido que lidera Santiago Abascal, este enfoque está pensado para empresas con grandes recursos pero no para pequeñas y medianas empresas, que son mayoría en España.